Por Prensa Comunitaria
Por Maya Sanic y Ashlee Ávila
Por Prensa Comunitaria
Por Prensa Comunitaria
Virginia Laparra es acusada de haber filtrado información bajo reserva, de un caso de corrupción en el cual se vinculaba al exalcalde Jorge “Mito” Barrientos.
El viernes 24 de mayo fue presentado el informe “Todo el sistema en contra: Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”, realizado por Amnistía Internacional (AI) y un panel conformado por mujeres destacadas en diversas ramas de las ciencias sociales en Guatemala.
Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.
Detenciones arbitrarias contra defensoras de derechos humanos, amenazas a la integridad de mujeres y niñas, penalización del aborto y asesinatos contra personas de la comunidad LGTBIQ+, son los hallazgos de un informe publicado por Amnistía Internacional, donde se recopila la situación de los derechos humanos en Centroamérica y otros países.
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El Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), expuso los datos preliminares de agresiones durante 2023 en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Durante ese año 6 mil 214 agresiones se realizaron contra al menos 1 mil 188 defensoras y 73 organizaciones.
Denuncian que PDH no auxilió, ni protegió a estudiantes y personal de la USAC sancionados por el CSU
Dos diputados de Semilla denunciaron que el procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, no actuó ni protegió los derechos de estudiantes, docentes, trabajadores y activistas que están siendo criminalizados por Walter Mazariegos Biolis exdecano de la facultad de Humanidades y por algunos miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).
Por Lucía Escobar
Cuatro estudiantes presentaron un amparo en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) para evitar su expulsión de la Universidad de San Carlos (USAC) y que se respete su derecho a la defensa.
El Consejo Superior Universitario, dirigido por Walter Mazariegos y su secretario Luis Fernando Cordón Lucero, iniciarán procedimientos disciplinarios buscando imponer sanciones a estudiantes, profesionales y trabajadores que rechazaron la imposición de Mazariegos como rector.
Esta tarde, el juez Víctor Cruz acató la resolución de la Sala Primera de Apelaciones y ligó a proceso a los estudiantes y profesionales por el delito de usurpación agravada, uno más grave por el que se les había procesado en la primera declaración.
La exdirectora del padrón del TSE fue detenida en la Torre de Tribunales cuando acudía a una audiencia para solventar su situación legal en el caso Semilla. Alejandra Chiroy denunció irregularidades en su detención, además, expresó que ya había expresado su interés de someterse al caso y se le había programado una audiencia.
El juez Jimi Bremer en una audiencia a puerta cerrada una audiencia de etapa intermedia contra la abogada anticorrupción Claudia González. Será hasta el 18 de marzo cuando se resuelva si la abogada irá a juicio.
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La Sala Quinta de Quetzaltenango negó la solicitud que hizo el MP y los querellantes del segundo caso contra Virginia Laparra, la fiscalía pretendía apartar al juez que conocerá el debate contra la exfiscal. La fiscalía buscaba apartar al juzgador luego de que ordenara la libertad a la exfiscal.
El juez décimo penal Víctor Cruz reprogramó para el próximo jueves 8 de febrero la audiencia de primera declaración de ocho personas que están señaladas por el Ministerio Público en el caso “Toma de la USAC: Botín Político”. Entre los acusados figura el hermano del juez Jimi Bremer.
Luego de que el equipo de defensa de Virginia Laparra presentara varias solicitudes, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que la deje en libertad, dentro de un plazo de cinco días.
Un monitoreo de la Agencia de Noticias KM169 registró al menos 22 modalidades de obstáculo al ejercicio periodístico que tienen como efecto la autocensura y viola los derechos fundamentales de la población como el acceso a la información.