Sentencia histórica por explotación de menores de edad en manos del crimen organizado
El 12 de marzo se emitió por primera vez en Guatemala una sentencia condenatoria por reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, delito tipificado como una modalidad de explotación en la Ley contra la trata de personas. Dicha sentencia representa un paso adelante en la protección de las infancias captadas por el crimen organizado, quienes son frecuentemente revictimizadas por la sociedad y el Estado.
Por Jasmin López
Un tribunal de sentencia penal con competencia especializada en delitos de trata de personas condenó a Milton Giovani Batres Cifuentes, de 26 años de edad, a 11 años y 6 meses de prisión inconmutables, y a pagar una multa de Q300 mil por obligar a una adolescente menor de edad a transportar armas, celulares y dinero a diferentes lugares para la clica Pequeños Psicópatas Criminales, del Barrio 18.
Batres captó a la víctima, de 14 años de edad por medio de las redes sociales, y facilitó su traslado desde la comunidad Pensamiento, Chuvá, Colomba Costa Cuca al municipio de Mixco del departamento de Guatemala, donde dicha estructura la mantuvo durante 24 días, antes de ser rescatada por las autoridades.
El reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados es una de las más de las modalides del delito de trata de personas identificadas en Guatemala y tipificadas en el artículo de Código Penal y Ley contra la Violencia Sexual, Expotación y Trata de Personas
La adolescente obtuvo medidas de reparación, satisfacción, compensación y garantías de no repetición, enfocadas en la restitución integral de sus derechos humanos. El Refugio de la Niñez, organización querellante en el proceso penal contra Batres, y que brindó acompañamiento psicosocial, médico y legal a la adolescente, destacó en un comunicado que la sentencia “sienta un precedente para castigar a aquella personas que coopten o recluten a niñas, niños y adolescentes, para obligarlos a cometer distintos delitos, aprovechando su condición de inimputables”.
Las infancias dentro del crimen
Las infancias son vistas como recursos codiciados y descartables por el crimen organizado. El trato diferenciado al que tienen derecho ante la ley y el contexto vulnerable en el que vive la mayoría de esta población en América Latina son algunos de los aspectos que las estructuras aprovechan para involucrarlas en actividades delictivas.
En Honduras, El Salvador y Guatemala, la edad promedio de las y los integrantes de las pandillas es de 25 años, de acuerdo a un informe publicado en el 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se encontró que alrededor del 60% de los pandilleros salvadoreños se unieron a estas antes de cumplir los 15 años. Aunque en muchas ocasiones las y los menores de edad son convencidos de entrar a estos grupos -empujados por la pobreza, la falta de oportunidades y la búsqueda de un núcleo que los acoja-, en los últimos años se ha intensificado la captación forzosa mediante plataformas sociales como WhatsApp, Tiktok, o por videojuegos.
Las personas de 13 a 17 años son comúnmente obligadas a cometer homicidios, mientras a las menores las asignan para el transporte de drogas, armas y mensajes entre las pandillas. La CIDH ha documentado casos de víctimas de hasta 6 años de edad.
Dentro de estas estructuras, los roles que se les imponen a las niñas suelen ser tradicionales y normativos: cuidado de personas, vigilancia y ocultamiento de drogas y armas. Las someten además a diferentes modalidades de violencia sexual, forzándolas en relaciones sexuales y de “pareja” con otros integrantes, ofreciéndolas como “regalos” para los líderes o ingresádolas como visitas en las cárceles para ser abusadas.
En México, el narcotráfico captó a más de 31 mil niños, niñas y adolescentes entre el 2000 y el 2019, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta ahora, al menos un menor de edad ha sido identificado entre las víctimas asesinadas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco. Muchas de ellas fueron contactadas a través de facebook, con ofertas falsas de empleo.
Las recomendaciones
La CIDH señala que es crucial identificar esta problemática como parte de una serie de vulneraciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La criminalización de las y los menores de edad no hace más que continuar esta violencia, sumándole el trato arbitrario y abusivo de las fuerzas de seguridad estatales y la estigmatización por parte de la sociedad civil.
La institución recomienda a los gobiernos no endurecer las penas contra las víctimas, sino centrarse en mejorar las condiciones de pobreza, desigualdad y discriminación en que se encuentran miles de infancias y que las vuelven vulnerables a ser captadas por las redes delincuenciales.
