La jueza Virginia Amparo de León Lara, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en la ciudad capital, puso fin a las acciones en contra de la familia Molina Theissen, promovidas por Karen Marie Fisher Pivaral, abogada guatemalteca y una de las personas más cercanas a las esposas y familias de los altos mandos del Ejército que fueron condenados por delitos de lesa humanidad el 23 de mayo de 2018.

Fisher afirmó en una denuncia penal que doña Emma Theissen Álvares de Molina y sus tres hijas, Emma, María Eugenia y Ana Lucrecia, habían ocultado por más de 30 años la existencia con vida de su hermano —el niño de 14 años desaparecido por el ejército en 1981—. Para Fisher, Marco Antonio estaba vivo y no desaparecido, a tal punto llego tal disparate que aseguró que una de las personas acompañantes el día de la sentencia del juicio en 2018 era Marco Antonio.

La jueza desestimó la acusación penal a solicitud del Ministerio Público en una audiencia realizada el 12 de abril de 2019 en la Torre de Tribunales de la ciudad capital.

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Un mes había transcurrido desde la sentencia histórica del Tribunal de Mayor Riesgo “C” en la Ciudad de Guatemala. Era a madrugada del 23 de mayo del 2018, cuando el tribunal leyó la sentencia, luego de 24 horas de espera de dicha lectura.

Los altos mandos del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, fueron condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos en contra de Marco Antonio, Emma Guadalupe y la familia Molina Theissen en 1981. La jueza fue leyendo una a una la sentencia de cada militar.

La controversial abogada Karen Fisher decidió iniciar una acusación en contra de la familia Molina Theissen. La abogada puso en duda la identidad de un hombre con rasgos parecidos a Ana Lucrecia, canas en su cabello, ojos rasgados y unos lentes gruesos que lo delataban. Este personaje —anónimo para muchos— se sentó junto a la familia el día de la sentencia, motivo suficiente para Fisher, quien en junio de ese año afirmó que el desconocido era Marco Antonio.

Según Fisher, Marco Antonio Molina Theissen estaba usando otra identidad, se encontraba en la sala del tribunal escuchando la sentencia de su propia desaparición forzada y presenciando la condena de Lucas y de los otros militares contrainsurgentes.

Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2018

La revictimización, un año después

Conocer a detalle la acusación y las afirmaciones de Karen Fisher fue posible por la cobertura que realizó el equipo de Memoria, Verdad y Justicia el día que la jueza desestimó la denuncia en Torre de Tribunales a través de su cuenta @VerdadJusticiaG

La jueza escuchó la acusación, uno de los fiscales del Ministerio Público le dio lectura al documento en donde se describieron los motivos de la querella. Letra por letra, se describió que Marco Antonio Molina Theissen, usando otro nombre, ingresó a la sala del Tribunal el 23 de mayo de 2018 desde las primeras horas de la mañana, permaneció casi 24 horas en la sala esperando escuchar la sentencia del Tribunal y se retiró después de la lectura.

Paso siguiente, el MP leyó la desestimación de la acusación porque considera que no tiene tiene ninguna base la acusación de Fisher. Para razonar esta acción, el MP presentó ante la jueza las pruebas de la identidad de la persona señalada por Fisher de ser “Marco Antonio”. En conclusión, la información presentada dio razón de la identidad del actual esposo de María Eugenia Molina Theissen —certificación de matrimonio y documentos de identidad personal.

Para la fiscalía del MP, los abogados que representan a la familia Molina Theissen, esta acusación es una calumnia que busca revictimizarles nuevamente, además de revivir el sufrimiento por un hijo aun desaparecido. La jueza acepto la desestimación de la acusación por considerar que no existe ningún delito que perseguir.

La jueza recordó que con la sentencia de mayo del 2018, el tribunal fue categórico en prohibir el hostigamiento en contra de la familia, además de no reconocer legitimidad de la abogada Karen Fisher para iniciar una demanda penal en contra de la familia Molina Theissen.

El absurdo

Karen Fisher afirmó que doña Emma y las tres hermanas de Marco Antonio, eran responsables de “simulación de delitos, acusación y denuncia falsa”.

La acusación fue presentada en el MP del departamento de Guatemala, en la fiscalía metropolitana. El fiscal Estuardo Ernesto Campos Aguilar, jefe de esa fiscalía, fue quien la recibió el 21 de junio de 2018. Con la abogada Fisher estuvieron las esposas e hijas de los militares condenados. (Radio Sonora, 2018).

La abogada pretendía que la familia Molina Theissen diera el nombre actual de Marco Antonio y que fuera citado para la identificación a través de una prueba de ADN.

“No me estoy escondiendo, ni diciendo cosas que no son. Yo estoy presentando una denuncia, me están acompañando por solidaridad familiares de cuatro héroes que están injustamente en prisión. Aquí estoy, soy Karen Fisher y estoy dando la cara, ellos no tienen nada que ver con la denuncia, la estoy dando a nivel personal, porque creo que Guatemala debe de ser agradecida y creo que [a] los guatemaltecos se nos olvida lo que pasó en el conflicto armado interno y quiénes dieron la cara, y ellos dieron la cara por nosotros y ahora estoy aquí para dar la cara por ellos, porque alguien tiene que dar la cara…” [1]

Abogada Karen Fisher junto a las hijas y esposas de los militares condenados por el caso Molina Theissen.

De 1981 a 2018, la larga lucha por justicia

Marco Antonio era un niño de 14 años, cuando Zaldaña, junto a tres militares más, llegaron a su casa en la colonia La Florida, en la zona 19 de Mixco. Entraron por la fuerza a su casa en 1981, amordazaron a su madre, doña Emma Theissen de Molina, y al finalizar la requisa de su casa sin encontrar a Emma Guadalupe, quien se había fugado el día anterior de la zona militar 17-15 de Quetzaltenango, decidieron llevarse al niño como una forma más de castigo y venganza.

Treinta y ocho años después Marco Antonio continúa estando desaparecido, a pesar de la sentencia en contra de los militares que se lo llevaron.