Presa de conciencia: qué significa y por qué el término se aplica a Virginia Laparra
El pasado 28 de noviembre, Amnistía Internacional (AI) declaró a la exfiscal guatemalteca, Virginia Laparra, como una “presa de conciencia”.
La entidad internacional indicó en un comunicado publicado en su portal web, que Laparra es una “presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala”.
Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, permanece arrestada desde el 23 de febrero de 2022. El juicio contra Laparra, acusada de abuso de autoridad, se desarrolla en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal de Guatemala.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que después de una minuciosa revisión del expediente de Laparra, constataron que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias y múltiples irregularidades en el manejo del caso.
Además, Guevara Rosas señaló que no existen pruebas sólidas de que Laparra haya cometido algún delito y el juzgado dio motivos arbitrarios para negarle el arresto domiciliario a Laparra.
¿Qué es un preso de conciencia?
De acuerdo con Amnistía Internacional, se reconoce como presos de conciencia “algunas personas que, por encarcelamiento u otro motivo, estén limitados a expresar verbalmente o por otras formas, cualquier opinión que ella misma honestamente mantenga y a través de la cual no defienda o justifique violencia personal”.
El término se utiliza para personas detenidas por motivos políticos. Se empezó a utilizar en 1961, cuando el abogado Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional acuñó la definición en el artículo “Los presos olvidados”.
El texto publicado por la prensa inglesa invitaba a los lectores a participar en una campaña en pro de la amnistía de personas encarceladas por sus opiniones, a las que Benenson llamó como “presos de conciencia”.
La definición tiene como base dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho comporta la libertad de cambiar de religión o de convicción y la de manifestarlas individualmente o en común, en público y en privado, mediante la enseñanza, la predicación, el culto y el cumplimiento de ritos.
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; esto comporta el derecho a no ser molestado por causa de sus opiniones y el de buscar, recibir y difundir las informaciones y las ideas por cualquier medio de expresión y sin consideración de fronteras.
¿Qué motiva a que una persona se convierta en un preso de conciencia?
Amnistía Internacional reporta varios motivos por los que una persona puede convertirse en preso de conciencia. Entre ellos están los individuos limitados por:
Participar en actividades políticas no violentas como tomar parte en las labores de desarrollo de una comunidad.
Pertenecer a un grupo minoritario que lucha por su autonomía.
Por insistir en observar prácticas religiosas que no aprueba el Estado.
Llevar a cabo actividades sindicales como participar en huelgas o manifestaciones.
Con el pretexto que han cometido un delito aunque en realidad sólo han criticado a las autoridades.
Porque han escrito artículos alarmando sobre violaciones que se estaban cometiendo en sus países.
Negarse a hacer el servicio militar por motivos de conciencia.
Resistirse a utilizar la lengua oficial de un país.
Porque un familiar suyo es un opositor destacado del gobierno o por el hecho de vivir en un pueblo determinado.
El caso contra Laparra
El caso contra la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra se debe a denuncias administrativas que ella presentó en 2018, en contra del entonces juez de Alto Riesgo en Quetzaltenango, Lesther Castellanos y actual Comisionado contra la Tortura.
Laparra denunció a Castellanos por filtración de información de casos bajo reserva. Ese mismo año, Castellanos denunció en Quetzaltenango a Laparra por los delitos de falso testimonio, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad. En 2019, Castellanos presentó en Guatemala una nueva denuncia contra Laparra.
Según Guevara Rosas, Virginia Laparra está siendo perseguida únicamente por el ejercicio independiente de su función como fiscal, por lo que Amnistía Internacional considera que se trata de un presa de conciencia que debe ser liberada.
“Es intolerable que las más altas autoridades guatemaltecas hayan permitido la instrumentalización de este caso por partes de los detractores de la lucha contra la impunidad y la corrupción. La persecución penal infundada de operadores de justicia que han tenido un rol destacado en esta lucha debe cesar de inmediato” declaró la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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