Preocupa la situación de dos detenidas en el caso “Política y Falsedad”
Personas que conocen la trayectoria política de Ingrid Leja y Matilde Baján, detenidas en el caso “Política y Falsedad”, por el que también se encuentra recluido el exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa, manifestaron su preocupación por su situación en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Brigada Militar Mariscal Zavala. Una de ellas fue obligada a firmar un documento sin haber comparecido a la audiencia ante un juez.
El pasado 25 de mayo, la Defensoría de las Personas Privadas de Libertad, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) verificó la situación de Ingrid Leja y Matilde Baján, en la Brigada Militar Mariscal Zavala.
De acuerdo con la información de la PDH, Leja presentó una exhibición personal ya que no fue llevada de manera presencial ante un juez, únicamente le hicieron firmar un documento y la trasladaron al Mariscal Zavala. Las dos detenidas cuentan con abogado particular, señaló la PDH.
Margarita Urrutia, quien se define como compañera de lucha de las detenidas, señaló que ambas han participado en espacios políticos y han trabajado en el empoderamiento de la ciudadanía, especialmente de las mujeres.
Tanto Leja como Baján participaron en la conformación del Comité de Barrio con Solórzano Foppa y “tuvieron la osadía de hacer el partido con Juan Francisco”, indicó Urrutia, en referencia al intento de conformar el Partido Agua, caso por el que fueron aprehendidas junto a otras 5 personas.
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Resaltó que ambas cuentan con una trayectoria de más de 15 años, cuando participaron en diálogos que hacía la ONU, después en la formación de la agenda nacional con partidos y con el Foro de Partidos Políticos, “es una trayectoria de participación ciudadanía y política”.
Urrutia hizo notar que a Ingrid Leja la hicieron firmar el acta como si estuviera presente en la audiencia, aunque no estuvo ahí, “eso es una ilegalidad”, señaló. Este hecho fue constatado por la PDH durante la verificación realizada el martes.
La entrevistada manifestó que ambas están “abandonadas”. Ella las ha ido a visitar al Mariscal Zavala y afirmó que tienen temor, miedo y vulnerabilidad. Además, están enfermas, “las veo muy débiles” e hizo notar que están encerradas con personas acusadas en casos graves de corrupción.
Para Carmen López, de la Convergencia Cívico Política de Mujeres, una organización que impulsa la participación política, este caso no solo afecta a Juan Francisco Solórzano sino a las demás personas que fueron detenidas.
Aquí se evidencia esa persecución política hacia ellos, dijo. Ambas han impulsado la participación, se han atrevido a estar en un partido, sabiendo cómo se manejan los partidos en Guatemala, donde solo hay cacicazgos y propietarios, uno sabe que ahí llega si tiene mucho poder, pero ellas han participado activamente, indicó.
Audiencia
El jueves 27 de mayo ambas tendrán la audiencia de primera declaración junto a los demás detenidos en este caso, entre los que están el exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la CICIG, Aníbal Argüello y el sociólogo Roberto Cáceres.
Según el caso presentado por el MP, Solórzano Foppa, compareció el 14 de mayo de 2020 al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como secretario general provisional del comité del grupo promotor del partido político Partido Ambientalista Guatemalteco (Partido AGUA), acreditando su representación con el documento, con el fin de iniciar los trámites para constituir la organización política.
La investigación estableció que el 1 de marzo de 2020 no se realizó ninguna actividad y se faltó a la verdad al indicar en el acta notarial, que 553 personas requieren los servicios del notario Carlos Ramiro Moino Cárdenas, para elaborar el acta de grupo promotor, señaló el MP en un comunicado de prensa.
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