#NosDuelen56: seguirán en la cárcel Lucinda Marroquín subinspectora y Luis Armando Pérez Borja subcomisario de PNC
Fotografía: Nelton Rivera
El día 8 de junio, se llevó a cabo la Audiencia de Revisión de Medidas Sustitutivas de los acusados Lucinda Marroquín; subinspectora de la PNC y Luis Armando Pérez Borja, subcomisario. En relación con el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción por el crimen cometido contra 56 niñas el 8 de marzo en 2017.
La audiencia tomó lugar en la Sala de Mayor Riesgo E, en el nivel 7 y ambos abogados de los acusados presentaron ante la jueza del Juzgado Cuarto, documentos del por qué se les debería de dar prisión domiciliaria tanto a Marroquín como a Pérez Borja.
En el caso de Lucinda Marroquín, los delitos que se le acusan son de homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad. Marroquín presentó su pasaporte original, además de la Certificación de Nacimiento extendido por RENAP de su hija, así como un documento donde su doctor confirmaba que padecía de hipertensión arterial y que temía de poder contagiarse de Covid-19. Tras el análisis de la jueza, ella opta por tomar la decisión de no aceptar la petición de prisión domiciliaria a Marroquín.
En el proceso penal, ha quedado claro que dentro de los 9 minutos en los que ocurrió la masacre, teniendo la llave del candado en su poder, no hizo nada para impedir que las niñas quedaran encerradas durante el incendio.
Mientras las niñas pedían auxilio a gritos y otras policías le pedían a la subinspectora que abriera la puerta, ella se negó a hacerlo, causando la muerte de 41 adolescentes.
Marroquín, tenía la obligación de prevenir y prestar auxilio. Siendo parte de un aparato de seguridad del Estado, debió garantizar la protección y el bienestar de las menores.
El abogado Esteban Celada, de Mujeres Transformando el Mundo, ha dicho en otras ocasiones que “cada uno de los funcionarios y empleados públicos tenía una obligación fundamental y vital para poder detener los hechos, pero, por el contrario, cada uno aportó situaciones vinculantes y necesarias para que se desencadenaran.”
“Cada uno de los sindicados abonó —no omitió—, para que las violaciones a los derechos de los y las adolescentes se consumara”, ha enfatizado Celada.
A Luis Armando Pérez Borja, los delitos que se le acusan son de maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad. presenta también la Certificación de Nacimiento extendido por RENAP de sus hijas, donde pide permiso para salir. Sin embargo, también se le negó la petición al igual que a Marroquín.
Marzo 2017
La noche de 7 de marzo del 2017, el subcomisario participó y consintió la sumisión, la intimidación y el castigo hacia las y los adolescentes que se encontraban en las afueras del hogar, los querellantes han mencionado en distintas ocasiones que se extralimitaron en sus funciones, causando graves daños físicos y psicológicos que deben ser llevados a juicio oral y público.
Desde el día 12 de junio del 2017, Lucinda Marroquín, subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y Luis Armando Pérez Borja, subcomisionario de la PNC se encuentran en prisión preventiva tras ser sindicados junto a Gloria Castro, ex defensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Harold Flores, actual defensor de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación y Brenda Chamán, psicóloga del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”. Todos componen el segundo grupo de implicados del caso.
Por lo tanto, Marroquín como Pérez Borja seguirán en la cárcel. Vianey Hernández, mamá de Ashley Angely Rodríguez Hernández (víctima fallecida) comenta al respecto:
“Me siento bien, me siento tranquila porque gracias a Dios no les dieron las medidas sustitutivas hacia las personas que están ahí por el daño irremediable que hicieron con nuestras hijas. Feliz y contenta por la decisión de la jueza”.
En la audiencia se encontraban presentes Roxana; madre de Marilú Nohemí Tojil (víctima fallecida), Vianey y Mariana; mamá y hermana de Ashley.
