No enterrar las vidas silenciadas, para no sepultar la justicia con ellas

Crédito: Reuters

En mayo de 2023, Ana Lucía Ramazzini y Aracely López Penados publicaron un documento de seguimiento de su investigación Vidas Silenciadas (2009-2019), con nuevos hallazgos -algunos positivos-. Ambas investigadoras se proponen visibilizar la problemática de los suicidios en niñas y adolescentes en estado de embarazo.

Por Andina Ayala

Una nueva revisión de 2020 a 2022 sobre la problemática de suicidios de mujeres menores de edad ha develado que las instituciones públicas deben redoblar sus esfuerzos para visibilizar, investigar y procesar los casos de niñas que, estando embarazadas, cometieron suicidio.

Ana Lucía Ramazzini, coautora de la investigación, le explicó a Ruda cuál fue el punto de partida en el abordaje de este problema, “una de las recomendaciones o hallazgos sacaron a luz que las bases de datos no son claras en identificar la problemática”, dijo.  Y no categorizar los casos de una manera estandarizada invisibiliza e impide que las autoridades registren otros delitos como la violación sexual.

La más reciente revisión del año 2020 al 2022 sacó a luz que las instituciones tienen  distintas formas de registrar o que, incluso, algunas no registran adecuadamente los suicidios de adolescentes embarazadas. 

“Un avance es que el Ministerio de Salud ya esté resgistrando muerte materna por suicidio, cosa  que antes del 2019 no lo hacía”, señaló Ramazzini. Del año 2020 a 2022 las investigadoras encontraron que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) identificó 16 casos.

No obstante, en los datos de defunciones del Registro Nacional de Personas de Guatemala (Renap), solo aparece una defunción de muerte materna por suicidio. Para Ramazzini esto puede explicarse por el uso de distintas categorías de registro, ya que responden a los mandatos específicos en cada institución.

“¿Qué pasa con las otras 15 adolescentes que registró el MSPAS, pero no aparecen en el Renap? Tampoco el Ministerio Público (MP), recoge los suicidios de adolescentes embarazadas porque no es un delito y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), por su mandato, no puede identificar si es suicidio u homicidio porque eso le correspondería al MP. Por lo tanto el INACIF solo reportaría las causas del deceso, siendo una de las más comunes asfixia por suspensión”, señaló Lucía Ramazzini. 

Para las investigadoras sería ideal la estandarización de los registros que permitan conocer, a través de los datos, la magnitud de la situación, haciendo de estos un cruce de información entre las instituciones.

¿Por qué es tan relevante? 

Existen dos políticas públicas que deben tomar acciones al respecto: la Política Nacional de Juventud, que está en actualización; y la Política de Salud Mental. Según el documento estas instancias deberían tomar en cuenta los suicidios de adolescentes por embarazo no deseado, embarazo forzado o violencia sexual. 

Es importante que las instituciones hagan visible esta problemática, acompañen e investiguen los casos de suicidios en niñas o adolescentes, especialmente para que otros delitos no queden impunes como sería el caso de los perpetradores de abuso sexual. 

“Si es una embarazada de trece años, déjame decirte que es una violación sexual y la pregunta es: ¿quién era el hombre que cometió el delito? No se trata solo de detener el suicidio, también cuál va a ser el acompañamiento psicológico que se le va a dar a la niña?”, reflexionó Ramazzini. 

Vidas Silenciadas

El rastreo que dio pie a la investigación comenzó con el caso de Dalia, una joven adolescente que se suicidó y que al inicio no había indicios de que estaba embarazada porque ninguna institución del Estado registró lo que pasó. El caso llegó a las investigadoras por contacto con la comunidad, y a través de sus padres, es así como la historia de vida abrió paso a la búsqueda de registros. 

La investigación combinó datos adquiridos a través de solicitudes de información pública e información cualitativa periodística. Es importante enfatizar que el mayor sesgo de las autoridades radica en no considerar al suicidio  un delito, por eso las autoras consideraron los casos como Vidas Silenciadas. 

La investigación analizó datos registrados entre 2009 y 2019, lapso en el que encontraron catorce casos de niñas y/o adolescentes que se suicidaron, revelando los obstáculos y desafíos que tienen las instituciones garantes de derechos para el registro del suicidio en mujeres menores de edad que cometieron suicidios estando embarazadas.

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