Mujeres criminalizadas, el preludio del golpe
Mujeres que han expresado su opinión contra la corrupción, contra la imposición del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) o contra la judicialización del proceso electoral ahora enfrentan acciones de persecución penal. En julio, el caso contra el partido Movimiento Semilla, destacó con la orden de captura de Cinthya Rojas. En agosto,se activó un caso contra Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el 16 de noviembre sucedió contra Marcela Blanco, cuya captura se vincula a un nuevo caso bautizado por el Ministerio Público como “Toma de la USAC: botín político”, con el que otra vez, también se pretende retirar el antejuicio del binomio presidencial.
Con información de Isela Andina Ayala/RUDA e Isela Espinoza/Prensa Comunitaria
Elegir mujeres para iniciar ataques en contra de la democracia es la nueva tendencia del Ministerio Público. Las mujeres que han expresado críticas al gobierno enfrentan un preocupante fenómeno de persecución penal que afecta sus vidas de maneras desproporcionadas, perpetuando estigmas y obstaculizando el avance hacia la igualdad de género.
Para Claudia Samayoa, fundadora y coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), la tendencia de criminalizar a las mujeres puede ubicarse incluso más atrás de estos tres casos citados:
“La primera mujer que fue criminalizada fuertemente fue Gloria Porras -magistrada de la Corte de Constitucionalidad-, que aunque terminó en el exilio, después de ese proceso se da la destitución de Juan Francisco Sandoval -exfiscal de la Fiscalia Especial Contra la Impunidad- y su salida. Fue el preludio que permitió esos movimientos que son parte del golpe”.
En su opinión, se han evidenciado condiciones antidemocráticas desde febrero del año pasado, cuando capturan a la primera operadora de justicia, Leyli Santizo, ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la impunidad (CICIG), con la que se inició una ola de persecuciones hasta septiembre del año pasado. “Santizo abrió la criminalización en contra de varios periodistas y fue el preludio de las elecciones, de las contrataciones del TREP etc”, recordó Claudia.
Las mujeres tienen un papel de fuerza en los procesos políticos del país. Bettina Amaya, politóloga graduada de la universidad Rafael Landívar, señaló que mujeres como Claudia Paz y Paz exfiscal general del Ministerio Público, han sido claves para hacer avanzar procesos de acceso a la justicia, y en este caso, de modernización de la institución.
¿Por qué castigar o enjuiciar a las mujeres resulta en casos ejemplificantes? Ambas expertas coincidieron en que las mujeres resisten con firmeza, con integridad, y se les inserta en casos ilegales, hasta absurdos, con una carga adicional que es la misoginia patriarcal.
Criminalizar: la tendencia reciente
El caso de Cinthya Rojas, emergió a menos de un mes de haberse celebrado la primera vuelta electoral. El 19 de julio de este año, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, dirigido por el juez Fredy Orellana giró una orden de detención en contra de Cinthya, correspondiente al caso denominado Corrupción Semilla, ya que supuestamente habría avalado la incorporación de firmas falsas en las hojas de afiliación para la conformación del partido político.
Ella es una joven politóloga de 25 años, con pensum cerrado en por la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha participado en el Movimiento Semilla desde su fundación en el año 2017, y ahora se encuentra en el exilio aunque en su debido momento se presentó al MP para esclarecer el caso. En la actualidad no cuenta con las garantías suficientes para un proceso transparente
El caso de Claudia González, fue detenida el 28 de agosto y la audiencia de primera declaración concluyó casi un mes después debido a la ausencia del Ministerio Público y la representación de la magistrada Blanca Stalling. El MP acusó a Claudia del delito de abuso de autoridad, por haber investigado a Stalling el 2019 cuando Claudia fungía como mandataria de la CICIG.
El juez Jimi Bremer, la ligó a proceso el 22 de septiembre fue enviada a la cárcel habilitada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, y liberada el jueves 16 de noviembre, misma fecha que Marcela Blanco, excandidata a diputada por el Movimiento Semilla fue recluida en el centro carcelario.
El Caso de Marcela Blanco, una nueva fiscalía mete las manos para presentar un nuevo ataque que buscaría atentar contra las elecciones 2023. La Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación ejecutó 31 allanamientos y 27 órdenes de detención de estudiantes, profesores y decanos de facultades de la Universidad de San Carlos (USAC). Sorpresivamente también capturó a Marcela, por haber estado presente el día que las y los estudiantes en resistencia entregaron las instalaciones del campus central.
Marcela utilizó sus redes sociales para expresarse en defensa de la autonomía universitaria, subió un vídeo el 6 de junio, día de la entrega de la universidad, cuando todavía participaba en campaña junto a sus compañeros diputados, y se expresó en defensa de la educación superior pública. Ella es una profesional en ciencias de la comunicación graduada de la universidad privada Rafael Landívar.
La autonomía, según denuncias de estudiantes y profesores de la USAC, fue claramente violentada porque fraudulentamente Walter Mazariegos se impuso y se nombró rector, sin haber cumplido con todos los requisitos desde su inscripción hasta el proceso de votaciones.
Por su posicionamiento y por participar con el Movimiento Semilla, ahora es la segunda mujer criminalizada del partido. Según el análisis del politólogo, Luis Mack, para el medio Prensa Comunitaria: el caso Toma de la USAC: botín político sigue la misma línea que se observó en el caso que impulsó la FECI de Rafael Curruchiche en contra de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, luego que el binomio presidencial ganó sorpresivamente la primera vuelta electoral el pasado 25 de junio. Es decir, el caso en donde se vio involucrada Cinthya Rojas.
Al haberse intensificado la persecución, también lo hizo el descontento social, llegando a un primer punto crítico contra la fiscal general Consuelo Porras, la última semana de agosto, solo días después que el binomio de Arévalo y Herrera ganara las elecciones. Semana en que incluso se instaló frente a las rejas del MP, una barrera de sanitarios móviles verdes, que impedían la visibilidad a centenares de personas que se manifiestaron diariamente.
La conexión entre los casos
Para Bettina, cada una de ellas simboliza un ejemplo a seguir, Claudia González, una mujer intachable, abogada profesional que se atrevió a hacer bien su trabajo, a buscar justicia, a defender las instituciones para que funcionen como se debe.
Ella también es parte del equipo legal de defensa de la exfiscal en Quetzaltenango, Virginia Laparra, que sigue en prisión. Virginia, exfuncionaria de FECI, tiene abierto un proceso en la capital que le impide salir de la cárcel y ser beneficiada de una sentencia de prisión domiciliaria que se le había otorgado en Quetzaltenango. Lee más aquí: https://www.rudagt.org/temas/por-qu-sigue-en-la-crcel-virginia-laparra
Claudia González, en una de las últimas audiencias antes de ser ligada a proceso y enviada a prisión junto Virginia Laparra, su defendida y Wendy López, abogada del equipo legal de González. Crédito: Shirley Rodríguez
Marcela Blanco, es una mujer que inspira a otras mujeres jóvenes y universitarias. Claudia es un símbolo de resistencia y Marcela como Cinthya son símbolos de inspiración para las mujeres jóvenes, a quienes se les está diciendo “las vamos alejar de sus hijos, de sus familias, vamos a hacer que su entorno dude de ellas y de su integridad”, concluyó Bettina.
Mensaje hacia las mujeres
Para Samayoa el mensaje es: “quédese en su casa, no sea jueza, no sea abogada, no sea corrupta, no sea revoltosa”.
Incluso con los casos de corrupción, son los casos de las mujeres las que resuenan, Roxana Baldetti o Blanca Stalling, tiene que ver con que la sociedad no nos acepte como sujetas políticas. “Porque además la sociedad participa en el linchamiento, incluso a Marcela la atacaron mediáticamente. Claro que otra gente salió a su defensa pero se dijeron unas cosas muy fuertes”, agregó.
Para Bettina Amaya, no es la primera vez que el sistema político retuerce la ley y activa persecuciones contra la población “legales”, esto sucedió en los años del conflicto armado.
“Claramente se esta ejerciendo violencia contra las mujeres politizadas y es una nueva ola en el contexto de la cooptación del Estado, la violencia misógina es una de las tantas herramientas que están usando para atacar a las mujeres, que tiene el propósito de denigrarlas hasta donde se pueda y sembrar la duda en contra de las mujeres”, explicó.
Un factor común en contra de las mujeres politizadas, es una forma de violencia ejemplificante que recuerda la violencia durante el conflicto armado interno. El mensaje es “las mujeres no pertenecen al espacio público”, enfatizó Bettina.
¿Quiénes se ensucian las manos?
El MP acusó a Claudia González del delito de abuso de autoridad y el juez Jimi Bremer, la ligó a proceso el 22 de septiembre. Este es el mismo juez que ha dado luz verde al secuestro de las actas electorales, que supusieron la investigación de fraude electoral el 2 de octubre. Bremer fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como actor corrupto en la llamada lista Engel.
En el caso contra Marcela Blanco, fue la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, quien destapó el caso de la toma de la Usac como un “trampolín” o “plataforma” para sus candidaturas y la convirtieron en un “botín político”. El vocero de esta institución es el fiscal de sección, Ángel Saúl Sánchez.
Y el juez Décimo Penal "A", Víctor Cruz envió a prisión provisional a Marcela y a los cuatro detenidos del 16 de noviembre, involucrados por el MP en el supuesto botín político.
El caso de Stalling se originó a raíz de la denuncia del exjuez Carlos Ruano en 2019, quien denunció presiones para favorecer al hijo de Stalling en un caso de corrupción. En aquella época fue el juez Víctor Cruz, quien los favoreció. Este funcionario también es considerado un actor antidemocrático y corrupto por el gobierno de Estados Unidos.
Botín Político otra ola de personas criminalizadas
Los cinco criminalizados del caso de la USAC, la excandidata a diputada por el partido Semilla, Marcela Blanco, Eduardo Velásquez, exdecano de Economía de la Usac, el ingeniero Alfredo Beber de la Facultad de Ingeniería, Javier de León y el decano Rodolfo Chang, fueron enviados a la prisión de Mariscal Zavala y la audiencia de primera declaración se programó para el 21 de noviembre a las nueve treinta de la mañana.
Con ese caso, la fiscalía de Delitos contra el Patrimonio también solicitará el retiro de inmunidad al binomio presidencial electo de Arévalo y Herrera, a Román Castellanos, Samuel Pérez y Raúl Barrera (diputados de Semilla), Aldo Dávila (diputado del partido VOS), Carlos Barreda (diputado actual de la UNE y electo de VOS) y Adán Pérez (diputado de Winaq).
