Mujeres enfrentan discriminación por ejercer sus derechos sexuales
Fotografía: Andrea Rodríguez
La violencia contra las mujeres es una problemática que no solo se manifiesta en ataques directos, sino también en la omisión del Estado en el reconocimiento y protección de sus derechos. Entre estos están los derechos sexuales y reproductivos, una serie de garantías que si bien han sido ratificadas por el estado guatemalteco, no se cumplen en la vida diaria de las mujeres, generando discriminación y criminalización especialmente hacia las jóvenes.
Esta situación se pudo evidenciar con el informe “Discriminación y criminalización de mujeres y jóvenes por el ejercicio de su sexualidad” presentado este 16 de agosto por el Consorcio de Derechos Sexuales y Reproductivos (CDSR) en el marco del Día de la Juventud.
Conservadurismo y falta de educación
Dentro de los elementos destacados en el informe, se menciona que el conservadurismo de la sociedad guatemalteca es una gran barrera para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Este se manifiesta en un círculo vicioso donde las instituciones estatales responden a la idea conservadora de que las mujeres no deben ejercer sus derechos sexuales y por lo tanto estos derechos se niegan desde el Estado.
Asimismo, la educación sexual integral es uno de los derechos que no se garantiza para las niñas y mujeres. De hecho, se hace mención de las iniciativas de ley como la 5272 que buscaba prohibir el abordaje de la sexualidad en los centros educativos aduciendo que es un tema correspondiente al ámbito familiar.
Para Victoria Cúmez del CDSR, uno de los hallazgos más impactantes es esa falta de información sobre educación sexual. “No tener acceso a información invisibiliza estos derechos que pertenecen desde que una nace. Es muy importante seguir trabajando en la sensibilización para las juventudes” afirmó.
Entre los resultados del informe se puede destacar también que las mujeres encuestadas manifestaron que quieren conocer el funcionamiento de sus cuerpos y la prevención de riesgos, como las necesidades más sentidas en el ejercicio de su sexualidad.
Negar derechos como una forma de violencia
La discriminación y criminalización hacia las mujeres que buscan ejercer sus derechos sexuales se manifiesta en la exclusión, persecución, sanciones y represalias políticas, penales o sociales cuando las mujeres ejercen su vida sexual e identidades de manera autónoma. Por ejemplo, el estigma con el que las instituciones reciben la solicitud de una mujer que pide métodos anticonceptivos fue una experiencia comentada por las jóvenes acerca del informe.
Sobre la criminalización, la analista de CID-Gallup Daniela Jiménez mencionó que se identificó una relación estrecha entre la falta de reconocimiento identitario y el ejercicio de la violencia estructural dentro de la sociedad guatemalteca. “Esto genera como resultado que se nieguen los derechos sexuales, el acceso a la salud sexual, la salud en general y al trabajo remunerado. Se piensa que las mujeres no podemos tener derecho sobre nuestra propia sexualidad.”
Asimismo, se identifica que cuando se le quita a las mujeres el poder de decisión sobre su sexualidad, se autoriza formal o informalmente a los hombres controlar y normar las conductas de las mujeres y jóvenes.
La falta de acceso a educación sexual y a servicios de salud sexual no solo se refiere a la planificación familiar y al derecho a decidir sobre los cuerpos, sino también a la posibilidad de identificar la violencia sexual.
Las mujeres siguen luchando
Una afirmación compartida por las mujeres que comentaron el informe fue que las leyes y decretos, así como los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos sexuales y a una vida libre de violencia han sido conquistas de los movimientos de mujeres.
La diputada Andrea Villagrán reconoció esto y afirmó que mientras el Estado sigue restringiendo los derechos las mujeres continúan denunciando. Un ejemplo de la falta de respuesta del Estado es la desestimación del 87% de las denuncias de violencia contra las mujeres solo en el mes de agosto, según datos fiscalizados por la diputada.
“Necesitamos que más mujeres estemos en política para que esta responda y garantice los derechos de las mujeres, las juventudes, la niñez, la diversidad. El Congreso tiene engavetada la agenda a favor de los derechos de las mujeres”, expresó Villagrán.
El informe completo será publicado en la página de https://nosotrasconectadas.com
