MUJERES CLAMAN POR JUSTICIA EN MEDIO DE LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA
Foto: Andina Ayala
Por Angie Ross
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, Guatemala se convierte en escenario de una manifestación. Las mujeres guatemaltecas levantan la voz para denunciar la persistente violencia, discriminación y corrupción que afecta sus vidas.
La protesta de las mujeres guatemaltecas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujerevidencia las deficiencias actuales de la democracia en el país y la situación de vulnerabilidad a la que las mujeres que luchan por una vida digna y libre de violencia en medio de la corrupción y la persecución penal a la que las y los defensores de la democracia se enfrentan.
En su discurso, las mujeres mencionaron la creciente judicialización y criminalización contra periodistas, estudiantes y exfuncionarios que han denunciado la corrupción. Enfatizaron en las mujeres, particularmente afectadas por su lucha en defensa de la tierra, la libertad de expresión y contra la violencia de género. La demanda es clara: la condena de los responsables de corrupción, incluyendo fiscales y políticos, por sus acciones ilegales.
La conexión enfatizada entre la corrupción y la violencia estructural arroja una luz sobre la forma en que los problemas sistémicos afectan a las comunidades guatemaltecas. La corrupción en las instituciones gubernamentales socava la eficacia y equidad en la prestación de servicios básicos. La falta de acceso a estos servicios, como la atención médica, educación y vivienda, se convierte en una manifestación tangible de la corrupción arraigada e impacta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables.
La participación activa del Estado en la perpetuación de la violencia no se limita únicamente al ámbito doméstico. La criminalización de la participación política de las mujeres representa un grave obstáculo para el ejercicio de sus derechos. Al denunciar esta práctica, se desafía no solo la discriminación de género, sino también la instrumentalización del sistema legal para silenciar a aquellos que buscan abogar por la justicia y la transparencia.
La dignidad de los pueblos indígenas en Guatemala
Micaela Larios, activista de la plataforma Leydem, denunció la instrumentalización de las mujeres en la política. Exigió que sus derechos sean respetados y reiteró la necesidad de un espacio propio en la participación política. Además, criticó la utilización de las mujeres como "escaleras" para alcanzar puestos de poder y abogó por ser agentes de cambio y toma de decisiones en los espacios públicos.
“No queremos ser más escaleras, queremos ser personas que tomen decisiones en los espacios públicos. Las mujeres, especialmente las mujeres de los pueblos originarios, somos violentadas doblemente, pero hoy decimos ya no más”, exclamó Larios.
Larios resaltó la violencia sufrida por las comunidades indígenas a manos de un sistema gobernado por líderes corruptos desde los años 80. Señaló la falta de acceso a educación, salud y alimentación en estas comunidades, atribuyendo la problemática a empresas que afectan la producción local de alimentos. También destacó la capacidad de las comunidades para labrar la tierra y producir alimentos, cuestionando la percepción de Guatemala como uno de los países más pobres del mundo.
La activista citó la frase "solo el pueblo salva al pueblo" y recalcó que el poder está en manos de la ciudadanía. Instó a los gobernantes a actuar según la ley y a renunciar, argumentando que el pueblo no puede soportar más injusticias. Concluyó afirmando que la voz y la lucha del pueblo están haciendo temblar a los líderes actuales.
La Red Nacional de Personas Trans de Guatemala reafirmó su compromiso en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, respaldando la democracia y abogando por la inclusión de todas las mujeres trans como ciudadanas plenas. Hicieron un llamado a la población guatemalteca para unirse en esta lucha que afecta a todas las mujeres. Además, recordaron a las compañeras trans que han perdido la vida debido a la violencia en el país, y exigieron al Ministerio Público (MP) y al Estado a tomar medidas y dar respuestas concretas, especialmente ante los siete casos registrados en los primeros cinco meses de 2023.
Una de las representantes del Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP), expuso la preocupante disparidad en los salarios entre áreas rurales y urbanas en Guatemala. Exigió que se ratifique el Convenio 189 y 190 de la OIT y señaló que a pesar de que se han presentado iniciativas de ley para garantizar los derechos laborales, estas han quedado estancadas debido a la falta de voluntad de los funcionarios.
La representante señaló que los salarios actuales son insuficientes y comparó los costos de la canasta básica con los ingresos de los trabajadores en diferentes regiones del país.
Al llegar a la Plaza de las Niñas, las participantes destacaron la capacidad de las mujeres para manifestarse y exigir respuestas en medio de los desafíos que enfrenta el país. Finalizaron mencionando la dificultad de ser escuchadas debido a la situación en el Congreso y reafirmaron su determinación de seguir resistiendo hasta obtener las respuestas esperadas.
