Mujeres Achi exigen que tres expatrulleros faltantes enfrenten la justicia
Fotografía: Ana Alfaro
Este año inició con un momento histórico, cuando el 24 de enero, 36 mujeres Achi de Rabinal, Baja Verapaz obtuvieron justicia después de 40 años por medio de los tribunales de Guatemala que condenaron a cinco expatrulleros de autodefensa civil (PAC) por violencia sexual y deberes contra la humanidad durante el Conflicto Armado Interno (CAI).
Esta ha sido una sentencia histórica que ha dado muestra de la fuerza y perseverancia de las mujeres Achi que no desistieron a contar su verdad. Y aunque han pasado ya cuatro meses aún hay camino por recorrer para que más expatrulleros enfrenten a la justicia.
En 2019, Claudette Domínguez, la primera jueza que conoció el caso, dejó en libertad a tres de ocho expatrulleros.
Pedro Sánchez Cortéz, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum quedaron en libertad en ese año porque, según la jueza, no existían suficientes pruebas.
Este jueves 12 de mayo, mujeres Achi sobrevivientes de violencia sexual acompañaron al equipo de Impunity Watch Guatemala que se presentó a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y Extinción de Dominio para entregar tres Amicus Curie. “Muchos operadores de justicia no conocen lo suficiente sobre estos instrumentos internacionales que dicen que el testimonio de víctimas de violencia sexual en una situación de conflicto es una prueba reina, es una prueba principal”, expresa Brisna Caxaj; coordinadora del programa de género de Impunity Watch.
Fotografía: Ana Alfaro
Tres organizaciones internacionales prepararon los argumentos para la presentación, con el objetivo de que se garantice el acceso a la justicia a las mujeres Achi y se anule la resolución de la jueza Domínguez. “Lo que dijo la jueza Domínguez es que no había pruebas que demostraran que los tres expatrulleros que dejó en libertad eran patrulleros de autodefensa civil, pero los testimonios de las mujeres los identifican explícitamente. Esperamos ayudar a los magistrados para que comprendan de mejor manera esos estándares internacionales y, basándose en esos estándares, la decisión de la jueza que no tuvo validez”, manifestó Caxaj.
Al momento de entregar los documentos se encontraban dos mujeres Achi, que en breves palabras solicitaron que se haga justicia nuevamente.
Más de 20 organizaciones de mujeres, de víctimas y de derechos humanos hacen un llamado a las y los magistrados de la Sala Primera y le solicitan que acepte las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y las querellantes adhesivas en contra de la resolución de la jueza Domínguez.
