Médicas: criminalizar a las mujeres no evita que aborten, las aleja de los centros de salud
Fotografía: DIVERGENTES/EFE/Edwin Bercián.
El pasado 1 de abril, una mujer de 26 años fue detenida bajo el supuesto de haberse realizado un “aborto premeditado”. El caso fue conocido porque la Policía Nacional Civil (PNC) lo publicó en sus redes sociales, asegurando que ella llegó a un centro asistencial del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) en el municipio de Tiquisate, Escuintla. En la publicación se dio a conocer que los médicos habrían diagnosticado “un posible aborto premeditado ya que al efectuar un chequeo se localizaron residuos de medicamentos automedicados y no autorizados”. Por esta razón fue puesta bajo custodia y a disposición de un juez. Tras varias críticas en las redes sociales por exponer a la mujer, la PNC borró la publicación.
Según la médica Patricia Cortez, “Un aborto espontáneo es feo, porque uno no sabe por qué pasó, es terriblemente doloroso, llegar al nivel de El Salvador de criminalizar a las mujeres que están sufriendo, porque entonces vamos a llenar las cárceles de mujeres que no tendrían nada que hacer ahí y estamos alejando a las mujeres de los servicios de salud”.
Ligada a proceso
Tres días después de lo ocurrido, la jueza Evelyn Lissete Vanegas Palma, del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla, ligó a proceso a Sheyla Consuelo Oliva por el delito de aborto procurado, contenido en el artículo 134 del Código Penal.
De acuerdo con el auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en Escuintla, Marco Antonio Cabrera, Sheyla Oliva estuvo presente en la audiencia pero se abstuvo de declarar. Cabrera también dijo que ella fue quien pidió su egreso del hospital.
La jueza le otorgó a Oliva una medida sustitutiva que consistió en arresto domiciliario, la obligación de acudir a firmar el libro de control de medidas sustitutivas al Ministerio Público (MP) del municipio de Tiquisate una vez al mes y de presentarse las veces que sea citada al juzgado competente o a la fiscalía del Ministerio Público. El MP tiene cuatro meses para realizar una investigación sobre el caso. La pena para quien comete aborto procurado es de uno a tres años.
La médica y consultora Rossana Cifuentes señaló que este es uno de los pocos casos que se han conocido de manera pública en Guatemala, en los que una mujer es denunciada por un supuesto aborto procurado.
En Guatemala no hay datos recientes de cuántos abortos se practican al año. Uno de los pocos estudios que se han realizado es del Instituto Guttmacher, que data de 2006, señaló que se realizaban unos 65 mil abortos inducidos anuales.
Ada Valenzuela, del colectivo Libélulas, dice que lo que ocurrió en Tiquisate fue una violación a los derechos humanos de la mujer porque considera que el médico no puede asumir que su intención era provocarse un aborto, hasta que no se haga un proceso de investigación.
“Es conservador asumir la intencionalidad de una mujer de abortar de parte del médico, muy similar a lo que ha ocurrido en El Salvador, es importante mandar una alerta a las mujeres guatemaltecas de lo que puede suceder, porque ahí hay casos parecidos en que las mujeres despiertan custodiadas por la policía aunque hayan sido abortos espontáneos”, indicó.
Criminalización disuade a mujeres de acudir a centros de salud
Es difícil probar que una mujer se haya realizado un aborto o que fuera un aborto espontáneo, por lo tanto este caso podría ser un caso de criminalización. Para la médica Cifuentes los abortos espontáneos representan casi un 25 por ciento de los embarazos que se dan en un país o región y las mujeres pueden negarse a acudir a un servicio por temor a ser criminalizadas. Patricia Cortez explicó, que es muy difícil de probar un aborto procurado y que es la primera vez que escucha de un caso así, en el que una mujer es denunciada al acudir a un servicio de salud.
A la vez plantea que criminalizar a las mujeres las aleja de los centros de salud y que al empezar a perseguir a las que buscan ayuda, se tendrá más pacientes vulnerables a daños permanentes o a muertes “debido a que no les estamos abriendo la puerta, si sabe que va al hospital la van a acusar de que lo hizo a propósito, mejor no va”.
“Una de las causas de muerte del aborto no es el aborto en sí, sino la hemorragia, tradicionalmente las mujeres no consultan precisamente por la revictimización”, indicó.
De acuerdo con la sala situacional del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de 2019, el aborto se encuentra en el quinto lugar de las principales causas de muertes maternas con un 5 por ciento de los casos. La hemorragia ocupa el primer puesto con el 58 por ciento.
Difícil probar que fue aborto
Ada Valenzuela criticó el conservadurismo de los médicos. Es preocupante porque las mujeres están recibiendo un mensaje de no asistir a los centros médicos, esa ola conservadora va a generar que muchas mujeres no busquen atención médica, un sangrado de ese nivel puede terminar en la muerte de la mujer, indicó.
De acuerdo con la médica Cortez, si la mujer llega con una hemorragia vaginal o expulsando un producto, como médico no puede decir que ahí hubo algún medicamento, tal como publicaron algunos medios.
Para la experta, en este caso influyó el moralismo del médico que denunció a la mujer, porque en su experiencia es algo difícil de probar. En el tema del aborto no se puede probar que fue intencional a menos que sea con pruebas, que considera no existen en este caso porque ya no se puede medir los niveles de medicamento en la sangre de la persona, puesto que eso ya debió haber sido expulsado al momento de sangrar.
Cifuentes coincide en que es casi imposible reconocer qué tipo de aborto es provocado. Como médico, uno asume que la mayoría son espontáneos, últimamente yo ya no he visto esas situaciones en las emergencias de los hospitales, hace muchos años, uno encontraba varillas de bicicleta, serchas insertadas en el útero, definitivamente ahí uno podría decir que se intentó provocar un aborto o la forzaron, indicó.
No se guardó el secreto profesional
Cifuentes señala que cada médico tiene que salvar la vida de las mujeres cuando se trata de una emergencia y atender a las pacientes bajo el secreto profesional.
La médica indica que cuando no se trabaja con estudiantes de medicina y médicos, ni siquiera conocen que existe el secreto profesional, lo que incluso se sanciona cuando es violado, al hablar de una situación de una paciente.
La entrevistada indicó que eso es muy importante trabajarlo con los estudiantes de medicina y médicos, porque primero esta salvaguardar la vida y uno es médico para eso, no es juez, porque uno no conoce las historias que hay detrás de cada situación que se presentan en las emergencias, dijo.
Según el Código Deontológico del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, aprobado en 2017, en su capítulo VI que aborda el tema dice: “el secreto profesional es la obligación de no revelar sobre hechos vistos, oídos o relatados acerca del paciente, en el ejercicio de su profesión y fuera de ella”. Además señala que esto es inherente al ejercicio de la medicina, se impone para la protección del paciente y el profesional está obligado a guardarlo.
En su artículo 45 indica que los casos en que el médico puede revelar el secreto profesional pero en ninguno se menciona el aborto.
Sobre este tema, la abogada Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo (MTM) indicó que de acuerdo con lo que indica dicho código sí requiere de un proceso administrativo para que el Tribunal de Honor determine si faltó al mismo o no.
Barrios señaló que la prioridad era la salud de la mujer y garantizar su atención. “Hasta se puso en riesgo la vida por una denuncia precipitada por parte del médico, ella prefirió salirse contraindicada del IGSS por el mal trato que estaba recibiendo con base en los prejuicios”, indicó.
El estudio Cárcel o muerte. El secreto profesional como garantía fundamental en casos de aborto, publicado en 2017, que analiza el caso de Colombia, concluye que hay una tendencia internacional, impulsada especialmente por organismos de protección de derechos humanos hacia la protección del secreto profesional del personal de salud como garantía del derecho a la intimidad, a la salud y a la no autoincriminación de quienes acuden a los sistemas de salud en calidad de pacientes.
Además señala que “el deber de respeto, protección y garantía de los derechos a la intimidad, a la salud y a la vida de las mujeres debe primar sobre la obligación difusa y problemática de denunciarlas”.
Sin legislación
Guatemala no cuenta con una legislación a favor del aborto, más bien avanza en la discusión de iniciativas para castigar con cárcel esta práctica. Pero sí está permitido el aborto terapéutico en el artículo 137 del Código Penal.
Iniciativas como la presentada por la exdiputada Sandra Morán en 2018, “ley de protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas” recibieron una inmediata oposición de sectores conservadores.
Incluso la extitular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), Ana Leticia Aguilar Theissen fue destituida de su cargo en agosto de 2018 por expresarse de manera favorable a dicha ley, que establecía que no era punible la interrupción medicamentosa voluntaria del embarazo en niñas menores de 14 años, que a consecuencia de violación sexual o explotación sexual quedaran embarazadas.
Por otro lado, el proyecto del diputado Aníbal Rojas “yey para la protección de la vida y la familia”, iniciativa 5272, estuvo a punto de ser aprobado en el Congreso ese mismo año, que pretendía castigar hasta con 12 años de cárcel a quienes practicaran cualquier tipo de aborto, incluyendo el terapéutico.
Cifuentes considera que en Guatemala no avanza la legislación a favor del aborto legal porque existe una doble moral.
En Guatemala se encuentran hasta ofertas de interrupciones de embarazo en la prensa y cuando se quiere debatir científicamente y técnicamente los grupos contrarios se oponen a lo que debe ser un sano abordaje, porque este es un tema de salud pública, ya que la mitad de la población son mujeres que en su edad reproductiva están en riesgo de presentar un aborto, señaló.
A decir de Cifuentes estos grupos trabajan con la desinformación, el miedo y el temor para no avanzar en el debate “por eso se siguen dando muchos abortos, criminalizando a las mujeres y la que no desea un embarazo va a procurar, aun poniendo en riesgo su vida, provocarse un aborto”.
