Luz Emilia Ulario, la maestra que llegó a ser la voz de la población de Santa Lucía Utatlán
La experiencia de su niñez y adolescencia marcaron su vocación de defensora de derechos humanos y su trayectoria como docente durante 28 años. Ser parte de la lucha social forjó su carácter firme y su liderazgo, desde las aulas, le han llevado a creer que a través de la educación las comunidades logran su desarrollo.
Por Isela Espinoza
Oportunidad es una de las palabras que Luz Emilia Ulario Zavala conoció durante su niñez y que en su trayectoria ha reivindicado desde su vocación como maestra hasta en su papel como alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, Sololá.
La primera vez que tuvo acceso al significado de esta palabra fue en El Novillero, su aldea natal. Ahí la exclusión de la niñez y la juventud al sistema educativo público era el común denominador, dijo en una entrevista en vivo con Prensa Comunitaria.
“Tuve la suerte de que un sacerdote de origen estadounidense llegara a la aldea y, al darse cuenta que en nuestra comunidad no había estudiantes, puso un colegio parroquial en donde tuve la suerte y la oportunidad de estudiar para terminar mi sexto primaria”, dijo la alcaldesa.
El Novillero está a 145.5 kilómetros de la capital y a 4 de la cabecera municipal de Santa Lucía Utatlán. El sacerdote que llegó a la comunidad también impulsó programas de cooperativas para estudiantes y la economía local. Con la iniciativa, la alcaldesa continuó sus estudios de nivel primario, básicos y diversificado en Antigua Guatemala y la ciudad de Guatemala.
En su experiencia como estudiante, la situación política del país y de Centroamérica no le fue ajena. Recuerda que a finales de 1970, cuando cursaba el nivel medio, le impactó la noticia sobre la caída del dictador nicaragüense, Anastasio Somoza.
En 1978, la masacre de Panzós, en Alta Verapaz, también fue un hecho que la marcó y le hizo cuestionarse la situación política por la que atravesaba el país en el contexto del Conflicto Armado Interno (1960-1996). Esta masacre, realizada por el Ejército, no solo conmocionó a Ulario sino al mundo, después de que se diera a conocer que más de 35 personas fueron masacradas en la plaza central del municipio en el que se encontraban reunidos unos 1 mil campesinos que manifestaban pacíficamente por la solución al conflicto de tierra.
Aunque las noticias de ese entonces documentaban 35 fallecidos, a la fecha se sabe que fueron más de 100 personas. Este hecho fue considerado como el inicio de la implantación de una política de terror del Estado.
El acceso a lecturas sobre lo que pasaba en el país, era muy difícil, contó Ulario. Sin embargo, su curiosidad le llevó a encontrar los libros o documentos necesarios para “ir entendiendo la realidad del país”.
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Bajo esas condiciones se desarrolló su etapa de estudiante de magisterio, en el Instituto Normal para Señoritas Centroamérica (INCA), en la zona 1 de la capital.
“Había mucha persecución hacia los estudiantes a nivel medio y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Siempre me preguntaba por qué teníamos esa vida. A veces suspendían clases e íbamos a los sepelios de los compañeros. En los 80, recuerdo muy bien, yo estaba en la biblioteca del Banco Nacional cuando estalló la bomba”, afirmó Ulario al referirse al asalto e incendio en la Embajada de España en Guatemala perpetrado por la Policía Nacional, el 31 de enero de 1980, durante el gobierno de Romeo Lucas García.
Al menos 37 personas murieron en el ataque. “Uno se siente impotente ante tanta injusticia”, dijo Ulario al recordar los hechos que marcaron su niñez y juventud.
En 1982, Luz Emilia se graduó de maestra de educación primaria. Pero su primer trabajo fue en una fábrica. Un lugar en donde también vio las injusticias a las que eran sometidas las mujeres indígenas y mestizas. Ante la discriminación y violación de derechos de las trabajadoras, Ulario siempre alzó la voz. Sin embargo, su paso por el lugar duró solo tres meses.
La oportunidad de acceder a una plaza en el magisterio nacional llegó pronto a su puerta. Su convicción de ayudar a las comunidades con falta de oportunidades, como un día había sido la suya, la llevaron al caserío Chuacruz del cantón Pujujil I, en Sololá. En esta comunidad el conflicto interno desintegró a familias dejando varios niños y niñas huérfanas.
Ahí pasó 14 años de su trayectoria como maestra en donde recuerda que pocos niños asistían a estudiar. Por las mañanas, Ulario veía cómo dos o tres camiones salían con rumbo a la Costa Sur llenos de hombres, mujeres y niños para ir a trabajar como jornaleros en fincas de café, caña de azúcar o algodón.
“Me indigné y pensé: esa vida es dura”, recordó. A partir de ese momento iniciaría a cambiar el destino de sus alumnos. Según contó, el primer paso que dio fue conversar con los padres de familia. Cada plática tenía la misma conclusión: desde los abuelos las familias siempre habían trabajado en la finca dejando por un lado la educación.
Con voz firme, la maestra que un día experimentó lo que significaba tener una oportunidad, también decidió romper el paradigma en esa comunidad que años después alcanzó su desarrollo a través de la educación.
Los 28 años de trabajar en el magisterio los desarrolló en tres comunidades de Sololá: en el caserío Chuacruz del cantón Pujujil I; caserío Cipresales del cantón Xajaxac y en Santa Lucía Utatlán. Además, a través de su gestión logró la construcción de tres escuelas en: Nuevo Progreso, Pacorral y Los Ángeles.
A pesar de jubilarse continúo su trabajo en el área educativa, pero ahora desde el Proyecto de Desarrollo Santiago (Prodesa) en donde participó en el primer diálogo nacional para la Reforma Educativa (2000-2001).
Del magisterio a la alcaldía indígena
Toda su experiencia comunitaria se resume a sus años como docente en donde también formó parte de juntas escolares. Además, participó en las marchas que pidieron la salida de la zona militar de Sololá. “Mi lucha ha sido más en el lugar donde trabajaba”, dijo. Una labor que la población valora y ese fue uno de los motivos que influyó para que a finales de 2021 fuera electa como alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán.
Ulario no imagino que el primer día de su descanso como jubilada, sería el comienzo de otra lucha, pero ahora como representante de su municipio. “Ese día fui a la reunión de la comunidad y ahí me eligieron para quedarme como miembro de la Alcaldía Indígena”, contó.
Su periodo como autoridad inició el 1 de enero de 2022, para un tiempo de dos años. El 1 de enero de 2024 entregará la vara a quien sea electa o electo como su sucesor. Ella es la tercera alcaldesa al frente de la corporación indígena. En 2016, según contó, fue la primera vez que la alcaldía estuvo dirigida por mujeres. En 2019, se volvió a elegir a una mujer en el cargo. Actualmente, ocho personas integran la Alcaldía Indígena, cinco mujeres y tres hombres. “Tenemos una estructura horizontal, todos somos alcaldes”, dijo Ulario.
El municipio de Santa Lucía Utatlán está formado por 54 comunidades. Anteriormente, los integrantes de la alcaldía eran nombrados, pero se dieron cuenta que con ese método no había representatividad de la población. Por lo que optaron por realizar una asamblea en donde las personas propusieran a quienes querían que los representara.
“La vara significa la autoridad y es la representación de la impartición de la justicia maya. La justicia que aplicamos debe ser imparcial no debe impregnarse de favoritismos, que eso es un principio que tenemos, por esa razón la vara es bastante respetada”, explicó la alcaldesa indígena.
Prensa Comunitaria
Antes de participar en las protestas para exigir el respeto los resultados electorales que la población expresó en las urnas, la jornada para Ulario y sus demás compañeros iniciaba a las 8:00 de la mañana, en la sede de la Alcaldía Indígena. Sin embargo, no tenían hora de salida.
“Así como no tenemos una remuneración tampoco tenemos horario de salida. Muchas veces salimos a las 9:00 o 10:00 de la noche. Pero estamos disponibles las 24 horas porque también resolvemos accidentes que pasan en la Ruta Interamericana. Si la gente llama a la policía llega dos horas después. Pero si nos llaman a nosotros llegamos en 10 minutos y solucionamos los accidentes o conflictos. Prácticamente estamos con el tiempo disponible”, contó.
Esta situación también plantea desafíos para la representatividad ancestral ya que pocas personas asumen esta responsabilidad comunitaria. El integrante más joven tiene 23 años, está casado y aunque recién inicia su trayectoria comunitaria, la población le habló para que formara parte de la corporación.
Su papel en defensa de la democracia
Ulario es una de las autoridades ancestrales que, desde el 2 de octubre, ha acuerpado las movilizaciones en defensa de la democracia. Al respecto, afirmó: “esta revolución no es con balas sino con varas, porque es señal de la autoridad ancestral”.
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El 31 de diciembre de este año, finaliza su gestión y enfatizó que su sucesor deberá asumir la responsabilidad de la lucha que ya lleva más de 60 días al frente del Ministerio Público (MP) en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
“Esto es una gran responsabilidad, quien asuma la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán debe tener una continuación y una demanda constante al Estado de Guatemala para que cumpla los derechos básicos de la población. Si dejamos solas a las autoridades, cuando nos damos cuenta habrán cooptado las instituciones por el hecho de no hacer valer nuestros derechos”, dijo.
La alcaldesa refiere que en la actual crisis política una de las principales enseñanzas que le deja la articulación de los pueblos indígenas es que “cuando existe unidad y transparencia por lo que se está luchando, la población se lanza a exigir sus derechos”.
Sus palabras se trasladan a cada uno de los acontecimientos que marcaron las jornadas históricas de protestas en octubre, cuando más de 100 tramos carreteros fueron tomados por la población, para acuerpar el paro nacional indefinido que exigía la renuncia de los funcionarios que judicializaron el proceso electoral a través del uso de la Ley Contra el Crimen Organizado.
Estas acciones judiciales han sido lideradas por la jefa del MP, Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como por el juez séptimo Fredy Orellana. Actualmente, la comunidad internacional ha pedido al Gobierno garantizar la transición de mando el próximo 14 de enero. Mientras, Estados Unidos ha impuesto sanciones en contra de estos y otros funcionarios del Gobierno de Alejando Giammattei por atentar contra la democracia.
Otros gobiernos de Europa y organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) plantean tomar acciones con el objetivo de respaldar a la población que mantiene la resistencia en defensa de la democracia.
“Las inconformidades están ahí solo que nadie había alzado la voz. La necesidad de un cambio es generalizada. Por eso decimos que esta lucha no es sectorial sino de todo el pueblo. Estamos en un país con instituciones cooptadas y las leyes no llegan en beneficio de la población. Eso es lo peligroso”, agregó.
Aunque su papel es principalmente en el municipio de Santa Lucía Utatlán, pobladores de las comunidades que habitan alrededor del Lago de Atitlán la ven como una autoridad y prueba de ello fue que aceptaron su invitación para unirse al paro nacional indefinido.
Según contó, anteriormente en otras luchas estas poblaciones no habían participado en las movilizaciones convocadas por su alcaldía o de otro municipio. Pero en esta ocasión, las autoridades ancestrales de Las Lagunas, como se le conoce al sector, salieron a las calles para respaldar la lucha, primero desde el kilómetro 148 de la Ruta Interamericana, y ahora en la movilización desde sus territorios hacia la sede central del MP en la zona 1. “Uno se siente fortalecido al ver que todos los pueblos están involucrados”, afirmó.
En las marchas del 20 de octubre, Ulario recorrió las principales calles y avenidas del Centro Histórico con su vara en alto para exigir frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) que sus demandas fueran atendidas. Hasta ahora no han recibido respuesta.
Prensa Comunitaria
La alcaldesa reconoce que, a través de la historia, diferentes sectores del país han influenciado para quebrantar la unión de los pueblos indígenas por lo que califica todo lo ocurrido hasta ahora como “histórico” ya que se unieron para alzar la voz en defensa de la democracia.
“En Guatemala vivimos dos grupos en dos mundos totalmente diferentes, con diferentes cosmovisiones, diferentes interpretaciones y eso hace que nos dividamos más. Pero en la actualidad hemos encontrado el punto de equilibrio en donde nos une la democracia”, expresó Ulario.
Además, de la “articulación”, como ella le llama a la unión de las autoridades indígenas, también resaltó el respaldo de la población que habita en la capital y municipios aledaños. Aunque algunos no han podido llegar a respaldar el plantón sí han llegado con víveres u otras donaciones que les ayuda a sostener la protesta.
Por esos días en los que Luz Emilia Ulario accedió a la entrevista de Prensa Comunitaria, el Gobierno de Giammattei y otros actores señalaban que la resistencia estaba siendo sostenida por organismos extranjeros. “Nosotros no hemos recibido ningún financiamiento de nadie. Más de que de nosotros mismos”, recalcó.
En el sistema comunal de autoridad maya los cargos son ad honorem debido a que se traduce como un servicio a la población. Ulario afirmó que uno de sus sueños es que los funcionarios públicos prestaran su servicio, conocimientos y habilidades a favor del pueblo sin cobrar por ello. “Si nosotros lo podemos hacer, que no tenemos fincas y solo con lo que subsistimos no nos hemos muerto. Ellos que tienen empresas también lo podrían hacer”, agregó.
La lucha en defensa de la democracia y otras demandas de la población empieza a tener su cuenta regresiva para la alcaldesa, ya que está a días de que su periodo finalice. Una de sus últimas acciones la llevó hasta Europa en donde ante parlamentarios de Bruselas, en Bélgica, expuso la frágil situación de la democracia del país. Junto a ella también viajó el alcalde saliente de la Municipalidad Indígena de Sololá, Misrahí Xoquic.
La articulación de Sololá, los 48 Cantones de Totonicapán, el pueblo Ixil de Nebaj, Chichicastenango, el Parlamento Xinka y demás autoridades indígenas continuarán, según han asegurado con la convocatoria de nuevas protestas. A las que ahora se suman a sus demandas el descontento ante la aprobación del presupuesto de la nación para el próximo año en el que deja exceso de candados para el gobierno de Bernardo Arévalo ya que obliga al Ministerio de Finanzas a pedir permiso cada mes para realizar operaciones para la ejecución de proyectos.
En el presupuesto aprobado por el Legislativo se incluyeron asignaciones por Q12.3 millardos a varias asociaciones, fundaciones, organizaciones y otras vinculadas a la atención de Salud, Gobernación, Ambiente, Trabajo, Cultura, Economía, Finanzas y algunas Secretarías.
“Tenemos una convicción de lucha y prácticamente la vara no es un juguete. Cuando uno posee la vara de la alcaldía uno tiene que ser lo más honesto sino la gente pierde respeto hacia la persona”, finalizó Ulario.
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*Esta entrevista se obtuvo con la gestión del periodista comunitario Nuto Chavajay.
