Legalizar la represión: ¿cuándo puede usar la fuerza la PNC?

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, es una de las consignas más expresadas dentro de las movilizaciones feministas. Esto no es casual: la represión policial contra la protesta ha sido una constante a nivel latinoamericano, y Guatemala no es la excepción. El descontento social contra el extractivismo, la corrupción, la injusticia, la impunidad y la negligencia del Estado se ha ejercido desde la organización colectiva y manifestaciones públicas.

En Guatemala, estas se han desarrollado en comunidades en resistencia contra proyectos extractivos y también en la ciudad capital enfatizando la lucha contra la corrupción. En ese contexto, el 29 de junio el Congreso de la República de Guatemala conoció la iniciativa de ley 6076, nombrada como “Ley de Fortalecimiento de Guatemala de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ejército”.

En las protestas de los últimos años se ha visto el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y en algunos casos de elementos del Ejército. Este último, según los Acuerdo de Paz firmados en 1996, no deberían realizar labores de seguridad pública como responder a las manifestaciones, sino únicamente a la seguridad territorial en las fronteras.

La politóloga Gabriela Carrera comenta que hay dos implicaciones en caso de aprobarse la ley: la primera es para el Estado y la segunda para la ciudadanía en general. En relación con el Estado, indica que hay un gran retroceso en cuanto a los principios de seguridad democrática establecidos en los Acuerdos de Paz.

Desde el gobierno de Otto Pérez Molina se ha visto cómo el ejército ha participado en el control de las manifestaciones, como pudo observarse en la Masacre de Alaska el 4 de octubre de 2012. Así también la participación cada vez más violenta de la PNC para reprimir las manifestaciones ciudadanas.

¿Quiénes promueven esta ley represiva?

El diputado Carlos Rojas Alarcón, de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), partido que ha sido cancelado por el Tribunal Supremo Electoral en 2021, propuso la iniciativa 6076 el 10 de mayo del presente año, buscando proteger a los elementos de la PNC y Ejército.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los diputados del partido UCN: Julio Francisco Lainfiesta Rímola; Karla Andrea Martínez Hernández; José Arnulfo García Barrios; Maynor Estuardo Castillo y Castillo; Byron Wilfredo Arreaga Alonzo.

El 29 de junio en sesión extraordinaria del Congreso de la República, la diputada Patricia Sandoval presentó la iniciativa marcando puntos iniciales.

Puntos clave de la ley

Esta iniciativa de ley permitirá que la PNC y el Ejército puedan hacer el uso de la fuerza en cumplimiento de sus funciones, y en “legítima defensa”.

Además, indica que se debe hacer uso de la fuerza, sin mencionar bajo qué términos. En esta última se categoriza la resistencia de los manifestantes para su uso:

-Personas que cooperan

-Personas en resistencia activa,

-Agresión grave y

-Agresión gravísima.

Hasta el momento esta ley se ha enfocado al actuar de los manifestantes y no en el actuar de las fuerzas del orden público.

Si la iniciativa de ley se aprobara “no está claro en qué momentos puntuales se puede utilizar el uso de violencia”, expresa la politóloga. y esto puede llegar afectar al momento en que se denuncie al Estado o policías debido al contenido que tiene la iniciativa que los protege.

La PNC defendiendo el Fraude de la USAC

El orden de las manifestaciones en ocasiones se rompe por el actuar de la fuerza pública, como la manifestación en rechazo al fraude en la elección a rectoría de la Usac realizada en el Parque de la Industria. Ese 14 de mayo los antimotines lanzaron gas lacrimógeno contra las personas manifestantes, entre ellas electoras de oposición.

El 26 de junio, integrantes de distintos comités de la huelga de la USAC realizaron una manifestación para protestar en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) sobre la calzada Roosevelt frente al hotel de Tikal Futura. Esto porque en ese hotel estaban realizando la elección para magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

Una estudiante de la facultad de derecho menciona que a los pocos minutos llegaron los agentes de PNC y la Fuerza Especiales (FEP) con intención de reprimir. Sin embargo, las estudiantes intentaron dialogar con los policías con el fin de liberar algunos carriles de la Roosevelt en dirección al municipio de Mixco. Un acuerdo que no respetó la policía.

Los agentes, dirigidos por el jefe de Operaciones de FEP Baltazar García Reyes, dispararon gases lacrimógenos incluso dentro del bus donde se refugió un grupo de estudiantes. La PNC mencionó que la autoridad de la USAC fue quien solicitó que llegaran al lugar y disolvieran la manifestación. La FEP se basa en tres bloques anti disturbios que superaban la mitad de las y los estudiantes que se encontraban en el lugar.

Foto: Prensa ComunitariaTres días después el 29 de junio, la diputada Sonia Guitiérrez y el congresista Adán Pérez de la bancada Winaq realizaron una citación con el ministro de gobernación Napoleón Barrientos y el director Héctor Hernández de la PNC, en donde el ministro al inicio negó haber dado esa orden de ejercer fuerza hacia los estudiantes.

Hasta el momento no se ha iniciado un procedimiento administrativo de disciplina contra ningún policía por los actos que se dieron en el Parque de la Industria y en la Calzada Roosevelt en donde se ha visto la represión de la PNC.

Impunidad para la PNC, criminalización para activistas

Un caso que ilustra esta forma de injusticia fue la criminalización hacia Nanci Sinto, activista maya Kaqchikel.

En 2020 fue agredida por antimotines mientras participaba en la manifestación del 21N, cuando la población guatemalteca rechazaba la aprobación del Presupuesto Nacional promovido por el gobierno de Alejandro Giammattei. Este presupuesto recortaba los recursos para programas de desnutrición, de apoyo a las mujeres, y el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH); mientras aumentaba los fondos para el Congreso.

El 24 de noviembre del 2021, un día antes de conmemorar el Día Internacional por Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, Nanci Sinto fue detenida arbitrariamente luego de que la PNC allanara su casa y publicara fotografías del hecho y fuera ligada a proceso judicial.

En el transcurso de las audiencias contra Nanci, el Ministerio Público, Congreso y Procuraduría General de la Nación (PGN) catalogaron su participación como un atentado hacia la “identidad nacional” mientras describieron la agresión de los antimotines contra Nanci como “una caída”.

A Nanci se le absolvió del delito de “depredación de bienes culturales”, sin embargo la PGN, MP y Congreso han apelado a la resolución de la jueza Wendy Coloma. Evidenciando la insistencia del Estado en criminalizar el derecho a la organización y la manifestación. Los agentes que agredieron a Nanci siguen sin ser sometidos a alguna sanción.

Efecto dominó

“El miedo es importante debido a que inmoviliza y según los estudios de la ciencia política entre más miedo exista menos democracia hay, quiere decir que hay menos participación”, expresa la politóloga.

Otro caso ilustrativo fue el estado de sitio impuesto en El Estor, Izabal en contra de la resistencia antiminera. Las comunidades Q’eqchi’ exigían que se respetará la suspensión de operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), sin embargo, la PNC escoltó el ingreso de la maquinaria y allanó las casas de líderes y periodistas comunitarios.

Si la iniciativa de ley se aprobara “no está claro en qué momentos puntuales se puede utilizar el uso de violencia”, expresa la politóloga. y esto puede llegar afectar al momento en que se denuncie al Estado o policías debido al contenido que tiene la iniciativa que los protege.

Se conoce que la iniciativa ha seguido el procedimiento legislativo y que se encuentra en la Comisión De Gobernación. La diputada Sonia Gutiérrez menciona que se ve un cierto interés por parte de diputados oficialistas, quienes han estado impulsando y apoyando dicha propuesta.