Laguna Larga, desplazada y en pobreza extrema, recibió propuestas de tierras en Petén a precios impagables

Cortesía Avispa Midia

La comunidad Laguna Larga, hasta 2017, se ubicaba en la Zona de Usos Múltiples del Parque Nacional Laguna del Tigre, jurisdicción del municipio de San Andrés, Petén, cuando fue desalojada de forma violenta. Las más de 450 personas que allí vivían fueron obligados a desplazarse a una zona neutra de la zona fronteriza entre Guatemala y México en la que conviven en la miseria y la falta de acceso a servicios básicos. Hace dos años, el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) conoció el caso y ofreció a las familias seis fincas. Sin embargo, pese a las condiciones y el costo millonario de la propuesta, la comunidad no expresó su rechazo por escrito a la espera de alternativas accesibles, porque ¿cómo esperaba FONTIERRAS que pagaran esos créditos?

 Por Claudia Méndez Villaseñor

El 2 de junio de 2017, las 111 familias que integraban la comunidad Laguna Larga, desde antes de 1998, huyeron de sus humildes viviendas y abandonaron los campos de cultivo y animales de corral como la única forma de proteger sus vidas. El contingente de policías y soldados, fuertemente armados, encontró la aldea vacía y pese a que la orden de desalojo, firmada por un juez de San Andrés, Petén, ordenaba que se preservaran los bienes y posesiones materiales de las personas, la pequeña localidad quedó destruida y sus campos de labranza quemados.

En esas condiciones de miedo y pérdidas, las familias de Laguna Larga sobreviven, desde entonces en el campamento fronterizo, sin hasta ahora, recibir una respuesta efectiva del Gobierno, pese a lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de junio de 2017, que manda al Estado de Guatemala “otorgar alojamiento en condiciones adecuadas de habitabilidad y salubridad”, entre otras acciones encaminadas a proveer de alimentos, educación y salud a las familias afectadas.

En 2022, cuando la comunidad cumplió cinco años de sobrevivir en el campamento, el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) presentó la propuesta de incluirlos en el Programa de Acceso a Tierra vía Crédito Subsidiado, cuyas ofertas superan los millones de quetzales. ¿Cómo esperaba el Gobierno guatemalteco que personas en pobreza y pobreza extrema a causa de una orden judicial adquirieran esas tierras? ¿Por qué el FONTIERRAS no buscó otras alternativas a beneficio de los afectados?

De San Andrés a otros municipios de Petén

De acuerdo con el FONTIERRAS, que respondió a los cuestionamientos de Prensa Comunitaria, por medio de la Dirección de Comunicación Social; en 2021, la Dirección del Programa de Acceso a la Tierra vía Crédito Subsidiado definió la ruta de abordaje del caso y efectuó estudios técnicos en seis fincas de Petén, ubicadas en Poptún (El Frutal); La Libertad (El Maná, La Bota y El Venado); Sayaxché (Monte Sión) y San Francisco (Doña Mercedes).

El “Informe Técnico de Actuaciones realizadas por FONTIERRAS con la comunidad Laguna Larga”, con fecha 8 de septiembre de 2022, de la subcoordinación técnica de Acceso a la Tierra indicó que las familias “inicialmente mostraron interés por las fincas: La Bota, con 915 hectáreas de extensión; y El Venado, de 919 hectáreas, localizadas en el municipio de La Libertad, Petén. Sin embargo, no presentaron la aceptación por escrito”.

El FONTIERRAS aseguró que, el 5 de abril de 2022, representantes de Laguna Larga expresaron de “manera verbal”, que no estaban interesados en el Programa de Acceso a la Tierra vía Crédito Subsidiado” y que lo reconocerían de forma escrita. No obstante, a la fecha, la comunidad no ha presentado ningún documento, lo cual significa que la entidad tendría que haber presentado otras propuestas en los años siguientes.

“No se ha recibido nuevas solicitudes de crédito o una carta de oferta para la compra de una finca para la comunidad Laguna Larga”, afirmó el FONTIERRAS, es decir, en 2024, con el nuevo Gobierno no se intentó dar una respuesta a la crisis humanitaria de las familias que sobreviven en el campamento desde hace siete años. En 2025, FONTIERRAS tampoco moverá un dedo en este caso, sino hasta que la comunidad haga una solicitud, pese a que existe una.

Testimonios de representantes de Laguna Larga que visitaron las fincas mencionadas, en 2022, dan fe que la tierra no era fértil y “no tenía la fruta”, que les mostraron en las presentaciones que se hicieron días antes, en un hotel de Flores, Petén. “Se preparó una comisión de 15 personas de la comunidad con el acompañamiento de un grupo de abogados. Visitamos seis fincas. “Una costaba Q22 millones”, recordó Edvin Pérez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), de Laguna Larga, que sigue vigente y autorizado por la municipalidad de San Andrés, Petén.

Foto: Avispa Midia

Sin árboles frutales ni agua

“Las personas desesperadas por el desalojo dijeron que sí, porque vivían y viven en condiciones infrahumanas. Vieron que no era buena tierra, no era fértil. No estaban los árboles frutales que mostraron ni el río que hacía el contorno de la finca. Se dijo que sí y comenzó el proceso. El problema fue que dieron un mapa y un listado de lo que se podía y no se podía hacer”, indicó el dirigente comunitario.

“Resulta que era un área protegida. No se podía hacer nada en el bosque ni había acceso al río. No se podía bajar al río ni utilizar agua. FONTIERRAS ofreció la tierra, había que pagarla y sin agua”, indicó.

Asimismo, el número de familias que podían incluirse en este proceso era menor, ya que anteriormente, el FONTIERRAS les había adjudicado una propiedad. “No todas aplicaban, porque algunas, que recibieron tierras, las habían vendido por amenazas y otros conflictos”, dijo uno de los abogados que acompañó este proceso. “Era todavía más difícil pagar ese monto millonario”, advirtió.

El FONTIERRAS señaló que una vez aprobado el crédito de una finca por el Consejo Directivo para la compra de una finca, los beneficiados tienen la responsabilidad de cancelar el crédito adquirido. “El Programa de Acceso a la Tierra vía Crédito Subsidiado, en función al monto negociado, determina subsidios de abono a capital y capital de trabajo”, aclaró.

En este sentido, el jurista dijo que en el caso de Laguna Larga, ¿cómo una deuda millonaria es la opción a familias sin nada? ¿De qué forma podrían pagar un crédito de esta naturaleza?, añadió.

Según el FONTIERRAS se descalifican fincas ofertadas que no cuenten con acceso a servicios básicos como agua e infraestructura, no obstante, la tierra ofrecida a Laguna Larga, por los sitios en lo que está localizada, carece de agua y áreas para el cultivo, según las familias afectadas.

A la resolución de Medida Cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó la de la Corte de Constitucionalidad (CC) que también obligó al Estado a resolver la crisis humanitaria de las familias de Laguna Larga, en la zona neutra de la frontera entre Guatemala y México. “Se refirió a que se brinde a la comunidad el mínimo común y que las distintas instituciones del Gobierno encuentren soluciones a esta situación. Tendría que ser una política estatal. Por eso nos preocupa tanto, que siete años después, la vida de las familias siga tan dura y complicada”, agregó el abogado.

Presupuesto de FONTIERRAS en 2022

En el año que el Fondo ofreció seis fincas a las familias de Laguna Larga se le aprobó un Presupuesto de Ingresos y Egresos por Q253 millones 577 mil 850 al que luego le retiraron Q66 millones 022 mil 912. Lo que significó que al 31 de diciembre de ese año, la ejecución presupuestaria fue por Q187 millones 550 mil 938, dividida en los siguientes renglones de gasto:

Fuente. Informe de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas 2022.

El FONTIERRAS también cuenta con el fideicomiso “Fondo de Tierras Acuerdos de Paz”, por Q325 millones 836 mil 795, con disponibilidad, en 2022, de Q99 millones 028 mil 799 en una cuenta de ahorros del banco fiduciario. Un año después esa cuenta aumentó a Q113 millones. Este fideicomiso fue creado por el Acuerdo Gubernativo 392-97 de la Presidencia de la República, del 14 de mayo de 1997 y publicado en el Diario de Centroamérica, el 18 de junio de 1997.

Los objetivos del fideicomiso según el informe de Auditoría, elaborado por la Contraloría General de Cuentas (CGC), en 2023. y presentado en mayo de este año son:

• La compraventa y arrendamiento de tierra así como la dotación de servicios que sean inherentes según los planes, programas y proyectos presentados al Consejo del FONTIERRAS para su aprobación.

• Elaborar estudios, investigaciones e inventario que determinen la disponibilidad de tierra para financiar diferentes destinos del fideicomiso.

• Otorgar asistencia jurídica, técnica y crediticia, capacitación, procesamiento y comercialización a los usuarios del fideicomiso a proyectos productivos.

• Impulsar proyectos de pequeños productores que contribuyan al aumento de la producción nacional de granos básicos en áreas potenciales y el abastecimiento del mercado.

El plazo original del fideicomiso era por 20 años, que luego se ampliaron a 25 años. En 2022 se modificó por tiempo indefinido.

La cartera de créditos del fideicomiso en 2023 alcanzó:

• Q238 millones 474 mil 076 mil vencidos en cobro administrativo

• Q13 millones 271 mil 992 vencidos en cobro judicial

La Contraloría General de Cuenta (CGC) verificó que de 2008 a 2023, habían fallecido 6 mil 611 personas que habían obtenido crédito para la compra de tierra, lo cual fue señalado como un deficiente manejo de la cartera de créditos.

Recursos actuales

En 2024, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de FONTIERRAS asciende a Q175 millones, de los cuales , hasta septiembre, solo se había ejecutado el 3.28 por ciento, de acuerdo con la información de oficio de la Unidad de Acceso a la Información de la institución.

Unidad de Acceso a la Información del FONTIERRAS, septiembre de 2024.

Cambios contundentes en FONTIERRAS

Para el abogado Ramón Cadena, que acompañó a las familias de Laguna Larga desde el día siguiente del desalojo violento, en junio de 2017, se esperaría que el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) cambie los enfoques y criterios de forma rotunda y contundente con la llegada al Consejo Directivo de Daniel Pascual, un reconocido defensor de la causa campesina del país.

“Los gobiernos anteriores manifestaron gran desprecio por las personas por la manera cómo se intenta resolver el problema de tierras en el país. Lo que hicieron fue fijar unas normas que endeudan de por vida a las familias”, dijo el jurista.

“No se mira a las personas como seres humanos sino como objetos. Es ese racismo que se tiene. La tierra es para subsistencia en el caso de la comunidad Laguna Larga, uno de los desplazamientos forzados más graves del presente”, agregó Cadena, quien vive en el exilio a raíz de su lucha por la defensa de los derechos humanos en el país.

En la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una serie de acciones, se ordenó al Estado de Guatemala otorgar a las familias un alojamiento en condiciones adecuadas de habitabilidad y salubridad. Ello significa una tierra en la que se levante una vivienda, tierras para subsistir, agua e infraestructura. “FONTIERRAS no tendría por qué esperar cinco años para hacer cumplir una resolución internacional, sino que buscar buena tierra, frutales y cultivos que den sustento a las familias”, mencionó.

“Hacerlo así es ilegal y contraviene la resolución de la Comisión. FONTIERRAS tendría que revisar su normativa y hacer cláusulas sobre lo que deben retribuir los beneficiados, que sea de forma simbólica. Tienen que comenzar de cero, levantar una casa, preparar la tierra, cultivar, esperar una cosecha. Eso lleva tiempo”, señaló.

“Si FONTIERRAS fue creado por gobiernos radicales sin interés por el ser humano, ahora es tiempo de hacer los cambios”, dijo Cadena.

https://prensacomunitaria.org/2024/11/siete-anos-y-el-estado-de-guatemala-sigue-sin-atender-la-crisis-humanitaria-de-las-familias-de-laguna-larga-en-la-frontera-mexicana/