La solidaridad prevalece ante la injusticia
Foto: Prensa Comunitaria
Bajo la sombra de 27 órdenes de captura y 31 órdenes de allanamiento en Guatemala, un grupo de personas en su mayoría del movimiento universitario, enfrentan acusaciones que incluyen usurpación agravada, depredación de bienes, sedición y asociación ilícita. Fueron detenidas seis personas durante 11 días, con una medida sustitutiva quedaron en libertad condicional el día 26 de noviembre. A iniciativa de un grupo de personas a través de la solidaridad se logró pagar la fianza.
Por Angie Ross
Con información de Liliana Villatoro
En este caso es que algunas de las personas acusadas, son señaladas y criminalizadas por expresar su opinión y solidaridad en redes sociales, al movimiento universitario y el fraude ocurrido en las elecciones a rector en la Universidad de San Carlos, ejerciendo su libertad de expresión. Esta situación resalta la creciente intersección entre la justicia y el mundo digital, planteando cuestionamientos sobre el alcance y la equidad de la ley en un contexto donde las acciones en línea se convierten en evidencia central en los procesos judiciales.
Marcela Blanco, excandidata a diputada de Movimiento Semilla y estudianta de una maestría en Administración Pública y Javier de León, graduado como Licenciado en Física Aplicada, experimentaron un giro inesperado cuando son detenidos por un caso armado por el Ministerio Público (MP). Ambos, de 26 y 23 años respectivamente.
Se presentaron dos denuncias por parte de la Universidad de San Carlos (USAC), según detalló el Fiscal de Delitos contra el Patrimonio de la Nación, Saúl Sánchez. Las pruebas en su contra se centran mayormente en publicaciones en redes sociales. Este caso también involucra a Alfredo Beber, Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang y Jorge Martín Macario que estuvieron presos con Marcela y Javier, además figuras destacadas como Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes ocupan los cargos de presidente y vicepresidenta electos.
El lunes 27 de noviembre, a las 23:00 horas, salieron en libertad y quedó condicionada a seis meses, según la decisión de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Nación, del Ministerio Público (MP). En la resolución dictada por el juez Cruz en la madrugada del sábado, se estipuló que para recobrar su libertad, debían cumplir con el pago de una multa de Q10 mil cada uno.
Sin embargo, la situación se volvió compleja debido a la cuantía de la multa. Fue entonces cuando la solidaridad encontró una vía para reunir los fondos necesarios y asegurar la liberación de los detenidos. Samuel Perez Attias, economista y profesor que vive en Canadá y varios estudiantes de la universidad se unieron para recaudar los recursos financieros requeridos para que estas personas pudieran pagar la fianza de Q10 mil quetzales por cada uno de ellos.
Estos últimos colaboradores prefieren mantener el anonimato para prevenir cualquier posible criminalización que pueda afectarles. Una estudiante, que prefirió no revelar su identidad, nos explicó que “desde que se alzó la voz por el fraude USAC, uno de los resultados fue la organización universitaria. Por un lado, los estudiantes; por otro, los docentes, además de algunos sindicatos. Esta red organizativa se ha mantenido y fortalecido desde el 14 de mayo de 2022”.
Del activismo a la absolución
Un caso similar es el de la defensora maya Kaqchikel, Nanci Sinto y de la activista y artista Dulce Archila, destacada por su vinculación en una protesta llevada a cabo el 21 de noviembre de 2020, donde expresaron su descontento con el presupuesto general de la nación. Pocos días después, enfrentaron acusaciones ligadas al delito de bienes culturales, relacionadas con presuntas pintas realizadas en el Congreso de la República.
Este proceso conjunto de criminalización tuvo un giro en julio de 2022, cuando la jueza Wendy Coloma decidió no enviarlas a juicio, argumentando la falta de fundamentos necesarios para proceder.
A pesar de este cierre en la etapa intermedia, el MP , la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Congreso presentaron diversos recursos legales, prolongando la situación y generando incertidumbre sobre el desenlace del caso.
“La persecución activista a líderes y lideresas comunitarias sobre todo que en la historia del país siempre han sido perseguidos, perseguidas, criminalizados, capturados, incluso silenciados… cuando hablamos del Estado de Guatemala en general, es un estado opresor, discriminador y racista que no permite que una persona promedio, por haber nacido en Guatemala no pueda gozar de sus derechos”, expresó Samuel Pérez Attías en entrevista a Ruda.
Pérez, ofrece una reflexión profunda sobre la dinámica del poder y la intrincada situación social en Guatemala. En la conversación con nosotras enfatizó en la naturaleza inestable del poder, comparándolo con un péndulo en constante oscilación. Desde su perspectiva, la estabilidad social nunca es estática, sino que está influenciada por diversas fuerzas colectivas que moldean las aspiraciones y deseos de la sociedad, contrarios a los del poder.
Perspectivas desde la diáspora guatemalteca y sus desafíos
Samuel Pérez Attias destaca la solidaridad internacional como un elemento crucial, reconociendo la presencia de personas fuera de Guatemala, incluyendo activistas, periodistas y figuras políticas, que están atentas y brindan apoyo. Hace un llamado a la unidad, subrayando que, a pesar de los intentos gubernamentales de infundir miedo, existe una red de apoyo sólida.
Junto con Estuardo Contreras, anunciaron a través de la red social X la creación de un GoFundMe con el objetivo de recaudar 10 mil quetzales. Asimismo, el 25 de noviembre, en la misma red social, solicitaron a 250 personas que contribuyeran con 50 quetzales para la fianza de Don Martín Macario. Finalmente, el 27 de noviembre lograron alcanzar la meta de la colecta para apoyar a Martín.
En relación con la diáspora, Pérez enfatiza la responsabilidad de mantener viva la discusión sobre los desafíos internos de Guatemala desde el extranjero, a pesar de los obstáculos. Cuestiona la garantía plena de derechos al simplemente nacer en el país, señalando la existencia de diversas categorías de libertad y la necesidad de movilizar recursos para abordar situaciones descuidadas por la prensa comercial y los medios tradicionales.
En medio de la incertidumbre que rodea este caso, el Ministerio Público ha presentado un Memorial de apelación contra el “auto de falta de mérito" en el caso toma USAC. En otras palabras, aseguran tener indicios suficientes sobre la participación de los sindicados en los delitos de sedición y asociación ilícita. La solidaridad prevalece ante la injusticia, pero el futuro de quienes luchan contra estas acusaciones sigue siendo incierto.
