La respuesta del Estado hacia las sobrevivientes de violencia sexual
La Bancada Semilla y la jefa del bloque Winaq citaron a las autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social –MSPAS- y del Registro Nacional de las Personas –RENAP- para conocer las acciones que las instituciones están realizando en atención a la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Participó la viceministra técnica Norma Lucrecia Ramírez, el viceministro de hospitales Francisco José Martín, el director general del Sistema Integral de Atención en Salud Bernardo Mazariegos y el director ejecutivo del RENAP Estuardo Herrera. Como invitadas participaron Yolanda Sandoval, fiscal del Ministerio Público, la secretaria ejecutiva del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva -OSAR- Mirna Montenegro y Marta Julia Ruiz, y la defensora de la mujer de la PDH Dorotea Gómez.
La citación fue transmitida en vivo vía Facebook desde la página de la bancada Semilla. De acuerdo con las bancadas convocantes, se realizó para visibilizar las acciones estatales en atención a las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y sus hijas, y para exigir soluciones que garanticen su derecho a la salud, al registro civil y a la justicia.
De enero a mayo de 2020, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva –OSAR- registró 46,863 embarazos en niñas y adolescentes, de los cuales 1962 son de niñas entre 10 a 14. Ante estas cifras, se preguntó a las autoridades del MSPAS y del RENAP sobre la coordinación interinstitucional que mantienen en cuanto a los registros de nacimientos en niñas.
De igual manera, se contrastaron los datos de OSAR con las cifras que registra el RENAP y el MSPAS, pues las instituciones reconocieron que existe un subregistro amplio de niñas que no registran los nacimientos. No obstante, el director del RENAP indica que cuando las auxiliaturas del RENAP identifican que la madre es una niña, directamente refieren la denuncia al Ministerio Público.
En cuanto al número de denuncias recibidas desde los hospitales, la fiscala de la mujer indicó que este año a nivel nacional se registraron 87 denuncias por violación sexual y 38 por violencia contra la mujer. De parte del RENAP se registraron 522 denuncias de niñas que registraron nacimientos.
La citación concluyó visibilizando la necesidad de una política pública integral que, de manera conjunta entre instituciones y la sociedad civil, atendiera la problemática de la violencia sexual contra niñas y adolescentes desde la prevención, la pertinencia cultural y una atención sin revictimización.
De parte de las instituciones, se evidenció la falta de datos completos sobre este tema, tanto por la falta de alcance a la población, como por la crisis que generó la pandemia de covid-19. Ante ello, se señala la necesidad de generar datos confiables para políticas públicas eficientes y que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Esto permite comprender la insuficiencia de mecanismos institucionales para la atención a las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. La respuesta estatal suele enfocarse en la atención después de la agresión y atendiendo a los embarazos en niñas, sin un enfoque o acciones que permitan la restauración del proyecto de vida de las víctimas ni la prevención de la violencia.
