La responsabilidad de Nery Ramos en el caso "Hogar Seguro" y la relación con la nueva ley de la PNC
El exdirector de la Policía Nacional Civil de Guatemala y actual presidente del Congreso, Nery Ramos, debe aclarar su participación en los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo del 2017 en el “Hogar Seguro” Virgen de la Asunción. ¿Es el decreto 35-2024, la nueva ley de la Policía Nacional Civil (PNC), un escudo protector para quienes pudieran haber realizado ejecuciones extrajudiciales siendo policías?
Foto: Prensa Comunitaria
Por Ruda
En la historia de la Policía Nacional Civil (PNC) se cuenta al menos a tres exdirectores que tienen señalamientos y denuncias por sus acciones mientras dirigieron la entidad. Erwin Sperisen, Raquel Blanco Lapola y ahora, el actual presidente del Congreso Nery Ramos, quien fungía como director de la PNC durante la tragedia en el “Hogar Seguro”, donde 43 niñas murieron en un incendio y otras 15 resultaron gravemente heridas.
Por este hecho ningún funcionario ni autoridad pública ha sido condenada, a pesar de que el lugar en donde murieron las niñas es un lugar de resguardo estatal porque pertenece a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).
Ramos es originario del departamento de Jutiapa y forma parte del partido político Azul. Su trayectoria en la policía figura dentro de su hoja de vida ubicada en la página del Congreso. De marzo de 2015 a septiembre del mismo año, ocupó el cargo de subdirector general de Investigación Criminalística y luego fue nombrado director de la PNC, ese mismo septiembre, hasta febrero de 2018. Posee maestrías de un año, es abogado y licenciado en Ciencias Criminalísticas.
La nueva ley para la PNC
El ahora diputado fue uno de los principales promotores para que el 26 de noviembre el pleno del Congreso aprobara el decreto 35-2024, que anula al decreto 11-97 Ley de la Policía Nacional Civil y sus respectivos reglamentos, el cual también tuvo señalamientos por reciclar a miembros de la Policía Nacional (PN).
La nueva normativa “no es una reforma, es una nueva ley de la PNC”, describe Iduvina Hernández, defensora de los derechos humanos y periodista. El nuevo decreto, en su artículo 88 lo señala: “Se deroga el Decreto 11-97 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil y sus respectivos reglamentos”.
La defensora de derechos humanos explicó que esta nueva ley es como “un caballo de Troya de Nery Ramos”. Aseguró que tiene cosas buenas, como el desarrollo de la carrera profesional para contar con una PNC profesional que no aparecía en la primera ley, así como la mejora de las condiciones que los equiparan con los militares, como en temas de salud y salarios. Pero también trae prohibiciones, como que no exista la sindicalización en la policía. Además del artículo 60, que podría llevar de vuelta a la PNC a disparar, en vez de proteger a la ciudadanía.
“En la práctica lo que desarrolla es un mecanismo de impunidad ante posibles ejecuciones extrajudiciales. Establece, además, un fuero específico dentro de la propia PNC para la investigación de estos hechos y la definición de si son o no constitutivos de un delito. De hecho, cualquier muerte es un delito, aunque sea en el cumplimiento del deber, en este caso de un policía nacional civil que supuestamente estaría defendiéndose sin estos extremos”, señaló Hernández.
Una ley poco discutida
La nueva ley está descrita en 28 páginas, y para una institución que tiene 27 años pareciera que todavía hay cuestiones a revisar. ¿Por qué hay tanto interés de un exdirector de la PNC, como es Nery Ramos, en este decreto?
“A menos que él considere que trae algunos esqueletos en su costal, podría haberse beneficiado. La ley no tiene carácter retroactivo, a menos que ahora favorezca al reo. Entonces, habiéndose aprobado ahora esta normativa, puede ser que, en efecto, él, si considera haber cometido alguna ejecución extrajudicial o algo por el estilo, pudiera haberse beneficiado desde esta perspectiva”, agregó Hernández, quien ha trabajado en procesos de reforma del sector seguridad en Guatemala.
Además, la experta ve que este artículo viola el principio de presunción de inocencia, en el caso de la persona, que pueda ser víctima del disparo de un policía.
Carmen Rosa De León Escribano, socióloga y activista política considera que es una ley que no ha sido lo suficientemente discutida con la sociedad civil y otras instituciones, así como el detalle especial que viene de alguien que posiblemente está queriendo favorecer al gremio policial.
“Nadie se queja de que los militares tengan una serie de privilegios y que, de hecho, pagamos los guatemaltecos, porque ellos se robaron el dinero y se quedaron sin fondos, y nosotros seguimos pagando los fondos del Instituto de Previsión Militar. Me parece lógico que también la Policía tenga un tratamiento similar”, apuntó De León.
La ley para la PNC ha tenido tres momentos importantes: el primero, cuando fue creada, en 1997 y luego, en el 2000 cuando se eliminó el requisito de la formación policial para optar al máximo cargo. Y ahora, que según las expertas, habría que revisar más y discutirla, ya que ha sido muy apresurada la forma de aprobar.
A los siete días de aprobada en el pleno del Congreso, el presidente de este organismo tenía una cita importante: declarar en el Caso “Hogar Seguro”, pero envió un memorial al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal explicando que estaba fuera del país. Se preguntó a qué lugar había viajado y el motivo de su actividad que realizó fuera de Guatemala pero uno de sus asesores se negó a dar la información.
En una entrevista para un medio de televisión abierta, el presidente del Congreso comentó que Jimmy Morales, en ese entonces mandatario, ordenó directamente la presencia policial en el “Hogar Seguro”, contraviniendo la orden de él como director de la PNC.
Foto: PNC de Guatemala
"Recibió una llamada del presidente de ese entonces, ordenándole directamente que mantuviera la fuerza policial en el lugar. Al verificar esa orden que contravenía una orden que en mi calidad de director había dado, el comisario tomó la decisión de tener un esquema de seguridad siempre perimetral. Sin embargo, después de media noche qué él se retira, obligan al subcomisario Borja a que ingresen agentes de policía al lugar, contraviniendo una orden del director de la policía, del director general adjunto y del mando de la comisaría que se encontraba en el lugar; ante esos escenarios cada persona es responsable de sus actos”, dijo Ramos en esa entrevista televisada.
Ante esa versión que se conoce hasta ahora, Iduvina Hernández señaló que Ramos omitió denunciar al entonces presidente Jimmy Morales, porque él se extralimitó al asumir el control total de los agentes en el lugar. “El presidente se pasa por encima de él y ordena algo que, según los testimonios, lo implicaría y que el mismo Nery Ramos consideraba delito. Pero no renunció inmediatamente, ni denunció al presidente, por las razones que hayan sido; dejó pasar y en este caso, incumplió por lo menos el artículo constitucional que lo obliga a denunciar. Cometió omisión de denuncia, si en ese momento él consideraba que se estaba violando la ley con la orden que había dado el presidente, y además se pasaron por encima de su autoridad”, explicó.
Hernández aseguró que lo que le correspondía hacer a Ramos era realizar la denuncia. “Nery Ramos quizá sabe que, desde el punto de vista de la autoridad mediata, podría estar involucrado en la línea de mando al no haber actuado inmediatamente, desde presentar la denuncia o, como mínimo, renunciar al cargo argumentando la razón”.
Por ahora, el caso “Hogar Seguro” sigue su curso y el presidente del Congreso deberá presentar su declaración. La nueva ley está en manos del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, un jefe de Estado que se precia de ser respetuoso de los derechos humanos y que se intenta desarrollar en un apretado escenario de Cortes dotadas de impunidad, un Ministerio Público negado a investigar actos de corrupción y una Policía que sigue realizando allanamientos a los propios funcionarios de este Gobierno.
