La PNC debe disculparse con la periodista Norma Sancir y el Estado debe proteger a la prensa
La periodista Norma Sancir solicitó varias medidas de reparación luego de la condena a un comisario y dos policías por su detención ilegal en 2014. El juez accedió a todas las medidas por lo que la Policía Nacional Civil deberá ofrecerle disculpas y el Estado guatemalteco debe formar a los aspirantes a policías en temáticas de periodismo comunitario y libertad de expresión.
Por Regina Pérez
La Policía Nacional Civil (PNC) deberá pedir una disculpa pública a la periodista comunitaria Norma Sancir, así como cumplir con otras medidas de reparación digna que solicitó su defensa, resolvió el juez Jorge Douglas Ochoa, quien la semana pasada condenó a 2 años 6 meses de prisión conmutables a un comisario y a dos policías por la detención ilegal de Sancir, en 2014.
Este lunes 5 de febrero, en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula, el juez Ochoa escuchó las medidas de reparación solicitadas por el abogado Francisco Vivar, entre las cuales está que el Ministerio de Salud debe dar atención a la periodista por los padecimientos que tiene a raíz de su detención ilegal.
Una de las medidas solicitadas fue una disculpa pública de parte de la PNC, por medio de un video de por lo menos un minuto de duración que deberá publicarse en las redes sociales y cuentas oficiales de la Policía, el Ministerio de Gobernación y el Diario de Centro América.
Asimismo, que en todas las comisarías y sedes de la PNC se coloque una placa en donde se haga un reconocimiento a la labor de los periodistas y la obligación que tienen los agentes de respetar su profesión.
La periodista Sancir fue detenida el 18 de septiembre de 2014 por la policía cuando se dirigía a cubrir un desalojo de comunitarios Ch’orti’ que manifestaban en el puente Jupilingo, en Camotán, Chiquimula. Sin embargo, nunca llegó al lugar ya que fue arrestada y encarcelada.
Es por ello que entre las medidas de restitución, su abogado solicitó que debe publicarse en el Diario de Centro América, páginas oficiales de la PNC y el Ministerio de Gobernación la nota que ella no pudo publicar ese día.
El Estado debería realizar una campaña de comunicación dirigida por la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humamos (PDH), para visibilizar y reconocer el trabajo de los periodistas comunitarios y las agresiones que han vivido, haciendo relación al caso de Sancir, fue otra de las peticiones.
En la currícula de formación de la academia de policía, los aspirantes deberán recibir un curso completo y diseñado por expertos periodistas sobre temáticas de periodismo comunitario, libertad de expresión con enfoque de género y de derechos humanos y se debe elaborar una cartilla ilustrativa con los principios de protección a periodistas que deben cumplir los agentes.
Por su parte, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) solicitó que revisen los protocolos de actuación para manifestaciones en el que se incluya un apartado sobre el reconocimiento y respeto a las y los periodistas con énfasis en las mujeres, periodistas comunitarias y que se garantice la libertad de prensa y respeto de los derechos humanos.
Asimismo, el Estado debe crear un programa de protección a periodistas, que incluya el compromiso político de tener un marco jurídico adecuado, una determinación adecuada de los potenciales beneficiarios, un análisis de riesgo que observe la perspectiva de género y de periodismo comunitario y provisión de medidas de protección efectivas para proteger la vida y la integridad de los periodistas.
Juez accede a las medidas
El juez Ochoa declaró procedentes todas las medidas de reparación solicitadas y señaló que “toda resolución judicial debe llevar un mensaje a la sociedad, el derecho penal no debe ser solo sancionador sino que también preventivo”.
El juzgador hizo notar que no hubo ninguna solicitud sobre el fortalecimiento de la justicia y recordó que Sancir estuvo encarcelada por varios días debido a que, en 2014, no existía un Juzgado de Turno en la cabecera departamental de Chiquimula y ella no pudo resolver su situación legal en un plazo razonable.
Por ello, el juez instó a la Presidencia del Organismo Judicial (OJ) a considerar la posibilidad de expandir el proyecto de crear en cada una de las cabeceras departamentales Juzgados de Turno para que las personas puedan resolver su situación jurídica en plazos justos.
El abogado Francisco Vivar indicó que el juez accedió a todas las medidas solicitadas y resaltó que Sancir no pidió ninguna medida económica o de indemnización, ya que su objetivo siempre fue que se hiciera justicia y que se sentara un precedente sobre los hechos que le sucedieron.
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