La lucha continúa por ellas
Créditos: Prensa Comunitaria Km. 169
Por María Andrea Gómez
Desde el pasado 24 de junio de 2017, el juez Carlos Guerra decidió ligar a proceso a los sindicados por el caso “Hogar seguro”. Se trata de un caso tristemente paradigmático, posiblemente el crimen de Estado más horrendo desde la época de la guerra sucia contrainsurgente.
El Juez Pedro Rodolfo Laynez tendrá del 1 hasta el 5 de octubre, para determinar si los implicados van a prisión. La audiencia comienza a las 9:00 am. y se reanudará el caso en la etapa intermedia contra las cinco personas sindicadas, entre ellas la agente policiaca que no abrió la puerta sino nueve minutos después del incendio del habitáculo, tiempo de sobra para fenecer hasta dos veces en un incendio de tal magnitud.
A los acusados: Lucinda Marroquín (PNC), Luis Armando Pérez (PNC), Brenda Chamán (Psicóloga del Hogar Seguro), Harold Flores (PNC) y Gloria Castro (PDH), se les conoce como el segundo grupo ya que fueron capturados luego de las primeras detenciones, sin embargo a pesar de que obran en el mismo expediente, no ha habido forma de juntar a los tres grupos de sindicados
El fiscal a cargo del caso, Edgar Gómez, señaló que, luego de una recusación rechazada que estaba deteniendo el proceso, el juzgador debe discutir la acusación y resolver si envía o no a juicio a los procesados.
“En esta audiencia es de recordar la última acción procesal que se tuvo, que fue en mayo, en donde uno de los querellantes planteó una recusación y por eso el caso estuvo tenso hasta que la sala cuarta resolvió que es el juzgado cuarto quien debe seguir conociendo el proceso”, expresó el fiscal Gómez. (Fuente: Emisoras Unidas)
Muchas familias esperan que en estos cinco días se dé una resolución favorable. Esperan que el Estado se responsabilice por la tragedia y deje de cubrir a los responsables de los hechos. Los familiares de las víctimas estarán presentes y esperan que no se alargue más el juicio.
Pensión vitalicia para las sobrevivientes
El pasado 21 de septiembre entró en vigencia la ley que otorga a las 15 niñas sobrevivientes, 5 mil quetzales los primeros tres años y, pasado ese tiempo, un salario mínimo. La compensación económica será igual para todas las niñas.
Sin embargo, se resalta que se cometieron errores en la redacción de la ley que la abogada Paula Barrios, de Mujeres transformando el mundo presentó. Esto porque no consideró que todas las sobrevivientes tienen distintas dificultades; unas sufrieron quemaduras de 3er y otras viven en muy malas condiciones. Un salario mínimo no es suficiente.
La ley puede reformarse. La abogada Barrios indicó que puede apelarse a un aumento económico al monto que el Estado dará a las niñas.
El juicio en contra de Anahí Keller, Carlos Rodas y Santos Torres, iniciará en febrero 2019, exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).
