La destitución de Hilda Pineda es un retroceso del MP en derechos humanos
Cada 30 de junio algunos sectores de la población, que niegan la memoria histórica, celebran con pompa el Día del Ejército. Podría decirse que ese fue el caso de Consuelo Porras, actual fiscal general del Ministerio Público (MP), al haber destituido a Hilda Pineda; la investigadora que logró enviar a juicio a Efraín Ríos Montt, y a varios militares involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
La exfiscal Pineda es reconocida por una trayectoria de diez años al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos, en la que sacó a luz crímenes escalofriantes cometidos por militares en Guatemala. Algunos de los casos abiertos por esta fiscalía fueron Creompaz; Genocidio Ixil Lucas; Diario Militar; y el histórico Genocidio Ríos Montt.
Aunque su trabajo fue un avance para la justicia en el país, el MP justificó que la remoción de Pineda forma parte de las “acciones orientadas al fortalecimiento institucional, derivadas de las necesidades en el servicio”. Agregó que Pineda “es personal de libre nombramiento y remoción”.
En noviembre de 2021 fue trasladada a la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, de la cual fue destituida este año.
Este despido representa un retroceso más en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción e impunidad que asegura tener la institución. En una investigación especial de este medio digital, Hilda resaltó que los casos que llevaba en la Físcalía de Derechos Humanos eran complejos, pero trataron de ”darle a las víctimas la justicia que se merecen”.
“Fortalecimiento” del MP
Cuatro años ha permanecido Consuelo Porras como fiscal general del MP, siendo el primer nombramiento por el expresidente Jimmy Morales, y recientemente por el presidente Alejandro Giammattei, ambos señalados en posibles casos de corrupción.
Presidente Alejandro Giammattei da la mano a Consuelo Porras en acto de nombramiento como fiscal general. Foto: Internet.
El discurso de Porras ha sido el mismo: “El fortalecimiento institucional”. Con este lema ha justificado destituciones como la del destacado exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval; y la de Wendy Ordóñez en la Unidad de Asuntos Internacionales.
A esta campaña de “fortalecimiento” se suma la orden de la fiscal general de que Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, fuera ligada a proceso penal, según una verificación de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
