Julia logró justicia contra su maestro y agresor sexual
El camino para lograr justicia fue muy largo, pero Julia* lo logró y un profesor fue sentenciado por agresión sexual en reiteradas ocasiones, que comenzaron cuando la niña Q’eqchí’ tenía solo 12 años de edad.
La búsqueda de justicia para las niñas en Alta Verapaz conlleva un largo y tortuoso camino en los tribunales de justicia, que puede durar hasta 13 audiencias por el retraso con acciones legales de la defensa, algo que podría catalogarse como litigio malicioso. Eso vivió Julia, que pese a esas adversidades, el jueves 15 de junio logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos y Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de Cobán, Alta Verapaz, condenara a su agresor.
El nombre del agresor será publicado junto a la sentencia, pero se trata de un maestro de una escuela del municipio de San Pedro Carchá, condenado a 24 años y nueve meses de prisión por las agresiones sexuales que cometió contra Julia en diversos momentos, sentando un precedente relevante en la lucha contra la violencia que sufren las niñas, adolescentes y mujeres en ese territorio.
La organización Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) que acompañó a Julia y a su familia, celebró el avance en el acceso a las justicia para las niñas indígenas víctimas de violencia sexual en Alta Verapaz, según un comunicado que emitieron al conocer la sentencia.
También en una conferencia de prensa realizada este jueves 22 de junio, las abogadas que acompañaron el caso manifestaron que el fallo emitido representa “un avance significativo en el combate a la violencia sexual contra las niñas y adolescentes estudiantes del sistema educativo público en Guatemala y representa la luz de la esperanza a las sobrevivientes, más de 20 niñas y adolescentes que presentaron denuncias los últimos tres años”.
Las niñas en Alta Verapaz han denunciado en reiteradas ocasiones las agresiones de abuso desde el 2021, pero el único Juzgado de Primera Instancia de Femicidio en ese departamento queda a unas cuatro o cinco horas de las comunidades, lo que también se suma a las dificultades socioeconómicas que se viven en esa región, y que dificultan el acceso a una justicia pronta y efectiva.
Las abogadas de organizaciones como El Centro de Estudios y de Cooperación Internacional (CECI) y ASFC, que trabajan con niñas de las comunidades Q’eqchi’ y Poqomchi’, han documentado las múltiples dificultades que implica la búsqueda de la justicia para las niñas.
Lea más sobre el caso aquí:
https://www.rudagt.org/temas/alta-verapaz-un-sistema-de-justicia-que-protege-a-los-agresores
Un precedente de valentía
La primera condena sobre las denuncias de las niñas, fue de 27 años y 8 meses de prisión contra Armando Filiberto Vaidez, reconocido como el profe, por violar a una niña de 12 años en Cobán.
Este es uno de los 22 casos de violaciones a niñas y adolescentes que ocurrieron en escuelas públicas de ese departamento, según el Bufete de Derechos Humanos con Enfoque Feminista.
En el 2022, también hubo una condena de 33 años de prisión contra José Cac Chub por el delito de violación. El hecho ocurrió el 15 de abril del 2019 en el municipio de Santa María Cahabón, donde Cac Chub se acercó a una adolescente de 14 años, a quien en el interior de una carpintería amenazó y encerró en contra de su voluntad, y posteriormente la agredió sexualmente de acuerdo con el Ministerio Público.
Los casos denunciados pueden alcanzar a más de 60 víctimas, por eso las voces de Alta Verapaz no dejan de exigir justicia.
Lee más aquí:
https://www.rudagt.org/temas/las-voces-que-exigen-justicia-en-alta-verapazorg
Con la sentencia al agresor de Julia, suman tres personas condenadas por ese delito en ese departamento. Dos de ellas ocurrieron en las escuelas públicas a las que acuden niñas diariamente.
En el pronunciamiento de CECI y Abogados sin fronteras se solicitó al Ministerio de Educación como reparación digna revisar y poner en práctica un protocolo institucional para prevenir la violencia sexual dentro del sistema educativo y talleres de formación a docentes, además de implementar medidas efectivas para la sanción administrativa y denuncia penal de hechos de violencia sexual cometidas por maestros contra las alumnas.
