Jueza rechaza que exfiscal Laparra brinde resarcimiento económico al Estado

El 21 de diciembre se celebró la audiencia de reparación digna del juicio contra Virginia Laparra, después de que fuera sentenciada a 4 años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. En ella, la Procuraduría General de la Nación (PGN), querellante del caso, solicitó que la exfiscal brindara resarcimiento económico al Estado junto a otras medidas, las cuales fueron denegadas por la jueza Oli González 

La Procuraduría General de la Nación (PGN) señaló, al inicio de su intervención, que, en este caso, el Estado tiene derecho al resarcimiento. Esto, por dos motivos fundamentales: que Virginia Laparra abusó de su cargo como fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y que “puso a trabajar” de manera innecesaria al personal del Ministerio Público (MP) al momento de hacerlo.

Por ello, pidió que Laparra pagara la cantidad de salarios líquidos que recibió por su trabajo como fiscal durante la etapa que presentó las denuncias contra el entonces juez de Mayor Riesgo Lesther Castellanos, así como los otros recursos presentados después. Esto equivaldría a Q218 mil 958.38 y debería ser depositado a la tesorería del Crédito Hipotecario Nacional, según señaló el representante de la PGN.

Esta medida de reparación fue rechazada por la defensa, quien señaló que el daño que sufrió el MP como resultado de las acciones de Laparra no puede ser cuantificado. “La PGN tuvo que hacer un desglose del tiempo que ella invirtió en el caso en específico. Ella también trabajaba en otros casos de alto impacto, asistía a audiencias y realizaba investigaciones. No es concreto desglosar el salario en los días del mes que trabajó porque no se dedicó solo a estas acciones”, señaló la abogada defensora Claudia González.

Virginia Laparra no ha recibido salario desde marzo del 2022. Por lo tanto, la defensa argumentó que la cifra solicitada “no es real a su situación”. La jueza González declaró sin lugar la reparación solicitada.

La disculpa

La PGN solicitó, como lo había realizado ya la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) en su calidad de querellante adhesivo durante otra audiencia, que Virginia Laparra realizara una “dispensa pública como consecuencia de sus actos ilícitos”. Esta debería ser difundida en por lo menos 3 de los medios de comunicación con mayor circulación. Pidieron, además, que la exfiscal costeara la publicación de la sentencia en uno de ellos.

La jueza Oli Gonzalez señaló que el abogado de la PGN no fue claro con su solicitud de la dispensa. No señaló qué es lo que debe decir, o el sentido de su publicación. “Si lo hubiera hecho, tal vez”, explicó y rechazó la petición.

Sobre la solicitud de la publicación de la sentencia, la juzgadora explicó: “ya fue solicitada cuando los querellantes hicieron su petición concreta durante las conclusiones del juicio. No es viable porque la acusada no fue sindicada por un delito contra el honor”. También declaró la medida sin lugar.

La revisión de medidas coercitivas

Al finalizar la audiencia, la jueza informó que, el día lunes, la defensa de Virginia Laparra presentó una solicitud para que se realizara una audiencia donde se revisaran las medidas coercitivas de Virginia Laparra. Antes de que se le brindara a las abogadas la posibilidad de explicar, el fiscal del MP protestó, señalando que ese no era el tema que se abordaría en la audiencia. “Fuimos citados de manera ilegal y no nos dejaron intervenir. Voy a promover un recurso de reposición porque se dará inicio a un proceso evidentemente viciado”.

Este recurso fue rechazado por la juzgadora, quien señaló que no estaba admitiendo la revisión, simplemente le estaba dando la palabra a la defensa.

Ante esto, el MP, junto a los querellantes adhesivos Lesther Castellanos y Omar Barrios, decidieron promover una actividad procesal defectuosa, recurso utilizado cuando existen errores graves en el proceso. Pero este también fue rechazado por la jueza, quien manifestó: “yo no he cometido ningún error”.

La revisión de medidas coercitivas permitiría que Virginia Laparra estuviera en libertad mientras la sentencia es entregada formalmente, el 27 de diciembre. La abogada Claudia González señaló que esto era posible sin alterar el proceso. Pero la jueza rechazó esta petición bajo el argumento de que su competencia funcional terminó al momento de emitir la sentencia, en la cual resolvió que la exfiscal permanecería en la misma situación judicial.

El proceso no finaliza

La jueza Oli González señaló que, con esta audiencia, finaliza su intervención en el caso. Todos los recursos y solicitudes relativos a él ahora serán conocidos por una de las salas de la Corte de Apelaciones. Allí, “el panorama es poco alentador”, según la abogada Claudia González.

La sala es presidida, según la defensa, por el magistrado Roaldo Isaías Chávez, quien conoció los procesos del exjuez Miguel Ángel Gálvez y la exjueza Erika Aifán. Ambos se encuentran hoy en el exilio. Además, dicho juzgador fue recusado por Gálvez debido a sus vínculos con la FCT.

El estado de salud de Laparra

Mientras tanto, la salud de Virginia Laparra corre peligro. El 13 de diciembre, se recibió un oficio donde se solicitaba que la exfiscal fuera atendida en el Hospital San Juan de Dios, sin embargo, continúa esperando ser examinada.

Laparra explicó que tiene el abdomen inflamado y ha enfrentado problemas ginecológicos. El médico del Sistema Penitenciario le receta medicamentos, sin siquiera haberla examinado. “Quiero que se certifique lo conducente y que se le inicie el proceso penal y administrativo a las autoridades del Sistema Penitenciario. Esta es una grave violación a mi derecho a la salud”, señaló.

La jueza solicitó que se le informe por qué Laparra no ha sido atendida por el hospital.