Juez decide elevar a sala el proceso judicial de Virginia Laparra
Fotografía: Kristhal Figueroa
El juzgado Séptimo Pluripersonal conoció hoy un recurso de apelación presentado por la defensa técnica de la exfiscal de la FECI Virgina Laparra. En él, se cuestiona la participación de la Fundación Contra el Terrorismo y Omar Barrios como querellantes adhesivos del caso. El juez argumentó en favor de ambos actores y decidió elevar el caso a sala.
Virginia Laparra ha estado en prisión preventiva por más de cinco meses. Sus abogadas afirman que se debe a los diversos recursos interpuestos por los querellantes. Denuncian, además, parcialidad por parte del juez, quien suele favorecerlos. Elevar el caso a sala retrasa el proceso, según la defensa. “¿Qué fin tendría que la sala vuelva a conocer lo que él ya resolvió?”, cuestiona la abogada Claudia González.
La defensa técnica de Laparra presentó un recurso de apelación por la participación de Omar Barrios y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) como querellantes adhesivos. “Omar Barrios no debe estar dentro del proceso porque no se le causó agravio alguno”, explicó la abogada Wendy López. “Toda fundación tiene objetivos y fines claros”. Los de la FCT indican que solo debe actuar en procesos que defienden a militares”, argumentó.
Sin embargo, el juez permitió que ambos actores continuaran como querellantes en el proceso. “No hizo referencia a ningún documento, resolvió normativamente haciendo una interpretación extensa del artículo 116 del Código Procesal Penal”, señaló la defensa. “No se pudo establecer si el nombre del señor Omar Barrios estaba en algún documento. Tampoco se analizó la escritura constitutiva de la FCT donde se establece que no tienen esa capacidad”, explicó. “Veremos qué resuelven en sala”.
Además, un tercer actor se adhirió al proceso: la Procuraduría General de la Nación (PGN) en calidad de agraviado. Esta decisión sorprendió a la defensa.
La audiencia de ofrecimiento de pruebas fue suspendida por una serie de apelaciones presentadas por la FCT. Según la defensa, esto retrasó 2 meses el proceso. “Pero nosotras seguimos creyendo que si vamos a juicio podemos defender, con pruebas, la inocencia de nuestra defendida”, afirmó González.
Foto: Kristhal Figueroa
Sin medios como testigo
Distintos medios de comunicación intentaron ingresar a la audiencia. Sin embargo, la entrada fue negada por agentes policiacos, quienes argumentaron que el caso se encuentra bajo reserva. Pero en ningún momento ha sido así.
La defensa solicitó que la audiencia se trasladara a un salón más grande, en donde se pudiera contar con la presencia de medios de comunicación. El juez respondió que no sería posible, debido a que se debía “evitar hacinamiento y contagios de covid-19”. “Pero los querellantes no utilizaban mascarilla”, cuestionaron las abogadas.
Los querellantes han argumentado que las declaraciones de las abogadas de Laparra se han utilizado en detrimento de su defendida. Para evitarlo, la defensa solicitó que los medios ingresaran a la audiencia por turnos. “Sería lo más transparente”, sugirieron. Pero la solicitud también fue negada.
“Los medios tienen una gran importancia en la sociedad”, señaló López, “permiten ver a los entes internacionales todo lo que está pasando. Visibilizan todas esas irregularidades. Es esta fiscalización a lo que temen”, afirmó.
Foto: Kristhal Figueroa
La situación de Laparra
Virgina Laparra decidió no brindar declaraciones al finalizar la audiencia. “Le ponen o quitan palabras a lo que digo y ese ha sido uno de los principales motivos por los que sigo en prisión preventiva”, explicó. “Se tergiversa cualquier publicación en su contra”, señaló la abogada Claudia González. En abril, el juez titular de del Juzgado Séptimo se negó a conocer el caso después de que el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas publicara una carta que la exfiscal escribió.
En junio, Laparra fue trasladada a la prisión de Matamoros, luego de que Agencia Ocote publicara un audio sobre su situación. Allí, comparte el espacio con otras cinco detenidas. “Está más restringida, nadie más que su familia y abogados pueden ingresar”, indicó González. “Se dice que, al ser una prisión militar, la seguridad en Matamoros es mayor. Pero la prisión preventiva es solo para limitar su libertad, no los otros derechos”, finalizó.
La defensa está en espera de conocer la fecha en la que la sala conocerá el recurso de apelación interpuesto. Mientras tanto, la exfiscal Virginia Laparra continúa expuesta a deterioro físico y psicológico.
