Informe revela que el gobierno de Giammattei fue el que más limitó la libertad de expresión
El gobierno de Giammattei dejó 707 actos en contra del ejercicio periodístico, siendo el 2023 el año en el que más se atentó contra la prensa y la libertad de expresión, registrándose 277 agresiones.
Por Prensa Comunitaria
El Informe sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en Guatemala 2023, presentado por la Agencia de Noticias KM169, reveló que durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei se presentó un aumento significativo en los ataques en contra de la libertad de expresión.
“El año 2023 representó el año más violento para la prensa independiente guatemalteca en los últimos diez años y el más violento durante el régimen de Alejandro Giammattei”, concluye el informe, en donde se atribuyó este incremento al descuido y desmantelamiento de las instituciones estatales encargadas de la protección de la prensa y la libertad de expresión.
En 2023 se presentaron 277 agresiones en contra del ejercicio periodístico, principalmente sobre restricciones para coberturas o a las instituciones, seguido del acoso judicial que hizo que varios periodistas tuvieran que salir al exilio, además de ataques cibernéticos, intimidaciones, difamaciones, agresiones, entre otros tipos de limitantes a la prensa.
El 68 por ciento de estas agresiones se registraron en el departamento de Guatemala, mientras que el 14 por ciento fueron en Izabal, seguidos de Alta Verapaz, Quetzaltenango y Escuintla con el nueve, ocho y siete por ciento de las limitaciones al ejercicio periodístico, respectivamente.
Además, en el informe fueron identificados cuatro grandes bloques de donde provenían las agresiones.
El episodio más alto de atentados en contra de la libertad de expresión se vivió, en 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina; este año fue marcado por las acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra de estructuras de corrupción enquistadas en el poder.
En 2015 se había marcado un récord, con 110 agresiones, pero durante el primer año de gobierno de Giammattei se registraron 144; en 2021 fueron 125; en 2023 al menos 161 y en este mismo año se volvió a elevar la cima de ataques a 277. En total, el gobierno de Giammattei registró 707 actos en contra del ejercicio periodístico.
Durante este gobierno el gobierno de Giammattei también se encarceló a Jose Rubén Zamora (en prisión durante más de 600 días), fundador de elPeriódico; se ahogó financiera y judicialmente al medio de comunicación; y se inició una persecución penal en contra de varios de sus reporteros, jefes y columnistas. Estas acciones provocaron que varios de los investigados salieran al exilio.
Frank La Rue, abogado y exrelator especial para la libertad de expresión, dijo que la prensa independiente y comunitaria juegan un papel importante en este contexto, por lo cual el gobierno de Bernardo Arévalo tiene muchos retos y la ciudadanía también en la reconstrucción de la democracia.
Los responsables
El primero de los bloques estaba integrado por instancias electorales, la Presidencia de la República, Policía, Ejército, los ministerios de Comunicaciones y Cultura y Deportes, Procuraduría General de la Nación (PGN), y la gobernación Departamental de Quetzaltenango.
Además, este grupo se completa por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Salas de Apelaciones y personal de seguridad del Organismo Judicial (OJ) y del Ministerio Público (MP), particularmente por la FECI.
En el informe se estableció que el segundo bloque fue integrado por magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Junta Directiva del Congreso de la República y varios diputados, así como de la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
El tercer bloque y el más visiblemente activo está integrado por un grupo de cuentas troll o netcenter, quienes representan los intereses de la extrema derecha y dirigen ataques cibernéticos. Asimismo, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que aprovecha sus espacios en la red X (antes Twitter) para atacar a sus opositores.
Por último, el cuarto bloque lo conforman “abogados, empresas mineras, hidroeléctricas, palma africana, petroleras, sindicatos como el STEG, personas acusadas en procesos penales, corrupción, impunidad, medios de comunicación y grupos de choque en la USAC, Consejo Superior Universitario, Walter Mazariegos y la DIGA”.
Ataques contra Prensa Comunitaria y Ruda
Prensa Comunitaria también ha sido alcanzado por 65 acciones en contra del ejercicio del medio de comunicación; al menos, 12 fueron campañas de difamación, ataques cibernéticos e investigaciones penales similares a las que hicieron en contra de elPeriódico.
En redes sociales se realizaron montajes que imitaban las cuentas de Prensa Comunitaria, se realizaron vídeos en donde supuestamente los administrativos del medio cometieron actos antiéticos y las cuentas oficiales del medio fueron denunciadas, evitando que se publicaran vídeos durante un tiempo.
Mientras que, en contra de periodistas de Ruda, se realizaron actos intimidatorios por parte de trabajadores del TSE, Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales, Policía y MP.
Además, el juez Décimo, Víctor Cruz, atendió la solicitud de la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio de la Nación para pedir información a X Corp (dueña de la red social X) sobre las cuentas de Prensa Comunitaria y Revista Ruda.
Vea y descargue el informe aquí:
