Iglesia y Estado, asunto separado
Fotografía: Karen Lara
Desde un desayuno de oración hasta la declaración de Guatemala como la capital Provida de Iberoamérica, han sido muchos los esfuerzos del gobierno de Alejandro Giammattei por fortalecer la relación entre iglesia y Estado. El impacto de esta vinculación se traduce en la poca garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para la población.
El 18 de agosto, el presidente Alejandro Giammattei participó en el Desayuno de Oración Nacional por Guatemala organizado por Guatemala Próspera, entidad cristiana. El propósito, según un comunicado de prensa del Congreso de la República, era el de “fortalecer los lazos de unidad a favor del país, tomando como fundamento principios y valores cristianos”. En la actividad participaron también otros sectores sociales y políticos, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Más de 8 diputados participaron de la actividad, principalmente de los partidos políticos VIVA, VALOR y VAMOS, este último el que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia. Ese día, el presidente también lideró la mesa multirreligiosa para promover la protección de la vida y la familia, en la que participaron más de 24 entidades religiosas del país. Ambas actividades son solo una muestra del vínculo entre el sector político y las organizaciones religiosas.
Las distintas iglesias tienen algo en común: a grandes rasgos, su visón sobre el aborto, la familia y la comunidad LGBTQI+ es la misma. Por este motivo, impulsan la agenda política regresiva en el país, pero no lo hacen de manera directa; más bien, utilizan organizaciones, asociaciones y otros actores para incidir en las decisiones estatales.
Conferencia de prensa de la Asociación la Familia Importa. Foto: Publinews
La alianza de las iglesias
Pero la alianza que las iglesias mantienen a través de fundaciones y asociaciones no es un fenómeno nuevo. Claudia Palacios identificó en un reportaje realizado para Nómada tres sucesos principales que dieron paso al “radicalismo religioso católico y evangélico” en el país. Todos ellos ocurrieron entre finales de 2017 y agosto del 2018.
El primer momento fue la llegada del barco Women on Waves a Guatemala el 22 febrero de 2017. Esta iniciativa holandesa buscaba llevar a mujeres guatemaltecas que deseaban interrumpir su embarazo a aguas internacionales. Sin embargo, no fue posible llevar a cabo su misión debido a que el ingreso al muelle de San José fue bloqueado por fuerzas del Estado, según informó Animal Político.
El segundo momento fue la presentación de la iniciativa de ley de Identidad de Género (5395), la cual tenía el propósito de reconocer e inscribir a las personas transgénero en el Registro Nacional de las Personas (Renap) bajo el género con el que se identifican. Promovía, además, “el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las personas por su identidad de género”.
Finalmente, el tercer momento fue la presentación de la iniciativa de ley para la Protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas (5376) en 2018. Esta permitiría, entre otras cosas, la interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes de 14 años o menos quienes “a consecuencia de una violación sexual, explotación sexual y trata de personas resulte con un embarazo forzado”.
Según Sandra Morán, una de las diputadas ponentes de ambas iniciativas, la reacción de los sectores conservadores ligados a las iglesias fue de oposición total. Lo manifestaron de distintas maneras, como comunicados de prensa, entrevistas y acciones en el congreso. “Incluso hubo una manifestación de más de 2 mil 500 participantes convocados por la Iglesia Católica y la Evangélica. Se les invitó a manifestarse en contra de una ley de aborto, según explicaron después. Es decir, las personas que asistieron nunca supieron realmente el contenido de la ley contra la que se manifestaban”, explicó.
Ambas iniciativas fueron enviadas a la Comisión de la Mujer, liderada por hombres. Allí recibieron un dictamen desfavorable. Pero, a partir de este momento, el estrecho vínculo entre los partidos tradicionales y organizaciones ligadas con la iglesia continuó.
Manifestación en las calles para expresar rechazo al aborto y apoyar la familia “natural”. Foto:
Santiago Billy (AP)
La incidencia de las organizaciones religiosas
Una de las organizaciones que inciden sobre la agenda política es la Asociación La Familia Importa (AFI). Su objetivo es “la promoción de toda acción lícita tendiente a promover y resguardar la familia como concepto unívoco, asegurando los derechos de los individuos en cuanto a la educación de sus hijos en el entorno familiar”. Pero, en su línea discursiva, la familia y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos son mutuamente excluyentes.
AFI no es definida como una asociación religiosa. Sin embargo, asegura estar vinculada a más de cuarenta organizaciones aliadas. Entre ellas se encuentran la Alianza Evangélica y el Segundo Congreso de Jóvenes Católicos, según su página web.
Al igual que otras organizaciones, AFI busca incidir a nivel estatal sobre el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos. En julio del 2020, entregaron una carta a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para exigir una citación al entonces Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas Andrade. Se le acusaba de “falta de cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dentro del expediente de amparo 1434-2017”.
En dicha sentencia, se les ordenó a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos la eliminación del manual Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, y Atención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, por “promover en él el aborto”. También se le exigió “abstenerse de realizar cualquier actividad que apoye, fomente o promueva el aborto” y contrarrestar los efectos negativos de esta publicación.
Pero, según AFI, Jordan Rodas faltó al cumplimiento de la sentencia en distintos momentos de su función. Uno de ellos fue con la publicación del Informe de supervisión, aplicación del decreto 13-2017, que establece 18 años como edad mínima para el matrimonio en 2019. En uno de sus apartados, dentro de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, se habla de la “falta de voluntad para la implementación de la educación integral en sexualidad, legalización del aborto, entre otros”.
En 2019, AFI realizó un evento de “Firma de la Declaración Vida y Familia”, al cual invitaron a los binomios presidenciales que participarían en la contienda electoral de ese año. En el evento participaron representantes de las iglesias, la Alianza Evangélica, la Comunidad Musulmana y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Asistieron también representantes del Cacif y del Congreso de la República.
Quince candidatos firmaron la declaración. Entre ellos, los de los partidos FCN-Nación, UNE, Visión con Valores (VIVA), CREO y Encuentro por Guatemala. El documento fue también firmado por Alejandro Giammattei, candidato del partido Vamos y actual presidente de la república.
El impacto en el Congreso
En febrero de 2019, 13 diputados conformaron el Frente parlamentario por la vida como medida de seguimiento a una solicitud presentada por AFI. Su objetivo principal era el de “defender la vida desde su concepción, como oposición a cualquier iniciativa legal que pudiera referirse a la interrupción del embarazo”. Quienes conformaron esta iniciativa pertenecían a los partidos VIVA, TODOS, Encuentro por Guatemala, Movimiento Reformador (MR), Alianza Ciudadana (AC) y FCN-Nación.
Previo a finalizar su período, los integrantes del Frente Parlamentario por la Vida se reunieron con los nuevos diputados electos. Al menos 13 demostraron interés en continuar con esta iniciativa. Pertenecían, principalmente, a los partidos VAMOS, Humanista, VIVA y VALOR.
Los partidos políticos representados en el Frente Parlamentario por la Vida coinciden también con aquellos que impulsan la agenda legislativa regresiva en Guatemala. Esto ha sido realizado a través de iniciativas como la de la Ley para la protección de la vida y la familia (5272). Fue presentada, por primera vez, en 2017 por diputados de los partidos VIVA, MR, UNE, FCN-Nación, UCN, CREO y Fuerza. Aunque fue archivada en su momento, se presentó de nuevo en 2022.
La iniciativa de ley pretendía regular diversas situaciones vinculadas al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Según la organización Girls Not Brides, buscaba “criminalizar a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, a las que tengan un aborto espontáneo o involuntario y a quienes les brinden acompañamiento”. También promovía la educación basada en convicciones morales y religiosas y prohibía el acceso a la educación integral en sexualidad para menores de edad.
La ley, además, omitía las obligaciones del Estado de dar información o ejecutar acciones para la prevención de embarazos no deseados. Girls not Brides calificó esta iniciativa como “discriminatoria y punitivista”. Señaló que incrementaría el riesgo de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en un país donde el 30% de las mujeres se casan o unen antes de alcanzar la mayoría de edad.
El Congreso de la República aprobó la iniciativa en marzo convirtiéndola en el decreto 18-2022. Sin embargo, una semana después, la archivó como resultado de diversas muestras de rechazo manifestadas por la población por medio de movilizaciones y otras acciones. Pero el hecho de que el órgano legislativo haya desistido en legislar en contra del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, tampoco significa que se posicione a su favor.
Según Sandra Morán, existe una alianza evidente entre los sectores conservadores ligados a las iglesias y algunos diputados del partido VAMOS y Valor. Sin embargo, el frente provida está conformado por más de 100 diputados, quienes han generado alianzas personales con estas ogrnizaciones. La creación del Frente Parlamentario por la Vida y la formulación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032 impulsada por el presidente Alejandro Giammattei, son solo algunas de las expresiones de esta alianza.
Para conocer el posicionamiento de los diputados frente al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, basta solo con escucharlos hablar en el congreso. “Hablan de la Biblia y de no “dejar pasar nada” en favor de las mujeres. Como dice la diputada Shirley Rodríguez: “ella no dejará pasar nada en favor de la “agenda globalista” que, para ellos, son los derechos sexuals y reproductivos, los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género e incluso los de la niñez y adolescencia que permiten garantizarles mayores libertades”, explicó Morán.
Los datos
El esfuerzo de las asociaciones ligadas a las iglesias y los partidos conservadores por negar la garantía al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se demuestra en cifras. Se evidencia en las 35 mil 535 niñas y adolescentes que se convirtieron en madres entre enero y julio de 2022, según datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR). También en las 3 mil 253 agresiones sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres registradas por el Ministerio Público durante el presente año. Se manifiesta, además, en los hechos silenciosos: aquellas manifestaciones de violencia que nunca son denunciadas.
Las decisiones tomadas por las personas en puestos de poder afectan los avances en materia de derechos humanos y como resultado, en la calidad de vida de las personas. “El no gozar de un derecho afecta tu condición y posibilidad de vida. El no garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, afecta tu vida en la faceta de la intimidad”, señaló Sandra Morán.
“Estos individuos quieren un mayor control sobre las vidas de las personas y por este motivo bloquean el ejercicio de sus derechos”, finalizó.
