Honduras: el asesinato de Berta Cáceres sigue impune, David Castillo va a juicio
Fotografía: Reuters
Por: Jackie McVicar
En Honduras se inicia un juicio importante, faltan pocos días, Bertha Zúniga no subestima la importancia de lo que puede revelarse en el juicio contra Roberto David Castillo Mejía directivo de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), propiedad de la familia millonaria Atala Zablah y cómo eso puede apuntar a los autores intelectuales. “Es una etapa determinante para abrir estos otros procesos que son deuda del Estado, de una impunidad que gozan actores económicos de gran influencia en nuestro país que siguen sin ser juzgados.”
El martes 6 de abril, un Tribunal hondureño juzgará a David Castillo, ex oficial de inteligencia militar y ejecutivo de la empresa hidroeléctrica comúnmente conocida como DESA, Castillo será juzgado por el asesinato de Berta Cáceres ocurrido hace cinco años, pero la hija de la activista indígena Lenca advierte que los actores políticos y económicos atrás del asesinato siguen protegidos por una estructura criminal.
“Es una pieza clave entre los autores materiales y los autores intelectuales quienes continúan en impunidad”, dijo Bertha Zúniga en una conferencia de prensa virtual el 30 de marzo. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Berta, entre ellos un militar activo, el ex responsable de seguridad de DESA y el gerente socioambiental de la misma empresa, junto con cuatro sicarios. La acusación privada de la familia de Berta Cáceres alega que David Castillo actuó como intermediario, coordinándose con los asesinos (ya condenados), y en particular con el ex jefe de seguridad Douglas Bustillo, además con los altos cargos de la empresa para matar a Cáceres y frenar la resistencia organizada al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, en territorio del pueblo Lenca sobre el río Gualcarque.
La prueba recabada por el Ministerio Público (MP) y evacuada en el primer juicio de 2018 incluye extracciones de teléfonos celulares, información de antenas de telecomunicaciones y escuchas telefónicas. Gran parte de esta prueba se utilizará de nuevo en el juicio contra Castillo, y demuestra cómo se coordinó desde al menos noviembre de 2015 ⎼cuatro meses antes de que Berta Cáceres fuera asesinada⎼, con el convicto asesino y ex gerente de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, para vigilar y controlar los movimientos de Berta. Bustillo a su vez se coordinó con el militar activo Mariano Díaz (también condenado en 2018), para contratar a los sicarios responsables de llevar a cabo el asesinato.
Zúniga, que ahora dirige el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), cofundado hace 28 años por Cáceres para luchar por mejores condiciones de vida para las mujeres y comunidades indígenas y para proteger los derechos culturales y territoriales del pueblo Lenca, afirma que David Castillo generó “un patrón de persecución permanente contra COPINH y particularmente contra Berta Cáceres, una mujer de la resistencia territorial.”
Aunque Castillo era el presidente de DESA en el momento del asesinato, la acusación privada argumenta que las pruebas de las comunicaciones demuestran que jugó un papel subordinado al resto de los ejecutivos de la empresa, los miembros de la familia Atala Zablah en la planificación y ejecución del plan de asesinato. Además, la sentencia condenatoria de 2018 afirma que más que un ejecutivo de la corporación DESA conocía y consintió el plan de asesinato de Berta Cáceres, pero hasta la fecha, nadie de la familia Atala Zablah, ha sido capturado, aunque el Ministerio Público ha repetido que hay una línea de investigación abierta, porque detrás esta la empresa inversiones Las Jacarandas que financió a DESA.
Las investigaciones del Ministerio Público y de expertos independientes señalan que el asesinato de Berta Cáceres tiene su origen en las denuncias que hizo contra el Proyecto Agua Zarca, la empresa DESA, la familia Atala Zablah y los funcionarios públicos que aprobaron el proyecto. En 2019, tres años después de su asesinato, 16 funcionarios y ex funcionarios fueron acusados por el aquel entonces Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras(MACCIH), y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (UFERCO), y por delitos relacionados a la corrupción en el otorgamiento de la licencia en un caso conocido como, “Fraude Sobre el Gualcarque.” La investigación descubrió una red de corrupción dentro de los procesos de otorgamiento de licencias y trámites administrativos por parte de funcionarios públicos de la Secretaría del Medio Ambiente, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y las alcaldías locales a favor de DESA y las empresas que fueron contratadas por ellos para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Aunque DESA y otras empresas no cumplían con los requisitos legales para recibir contratos, licencias y permisos, los funcionarios públicos emitieron dictámenes favorables, permitiendo la explotación del territorio indígena Lenca.
En el momento en que se concedieron las licencias, David Castillo era el presidente de facto de DESA, pero también seguía siendo empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en representación de las Fuerzas Armadas de Honduras, que había creado una comisión interventora de la ENEE. La investigación demuestra que David Castillo y sus socios utilizaron información privilegiada como empleados del Estado en la ENEE para conseguir las licencias necesarias para el proyecto Agua Zarca que luego desarrollaron a través de la empresa DESA. Antes de su participación en DESA, David Castillo no tenía experiencia en proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, una vez concedidas las licencias ambientales y luego las de explotación, la empresa pudo acceder a préstamos multimillonarios de diversas instituciones financieras multinacionales.
El caso demuestra profundas irregularidades en el desarrollo de proyectos de generación de energía en los que se mezclan dos fenómenos ilegales. Uno, hay corrupción por el otorgamiento de los contratos sin que se cumplieran los requisitos para la adquisición del contrato, resultando en un fraude contra la administración pública más abuso de autoridad, y dos, hay corrupción por la compra venta de la energía sin que el objeto convenido (el total de la energía) coincida con la energía que producirá la empresa que resulta también en estos mismos actos de fraude.
En 2018, el Tribunal de Sentencia consideró que las pruebas presentadas en el juicio confirmaban que Berta Cáceres fue asesinada para neutralizar la resistencia al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río sagrado del Pueblo Lenca, el río Gualcarque. Durante su batalla para frenar el proyecto, Berta, con la comunidad indígena Lenca de Río Blanco organizada en COPINH, denunciaron la corrupción detrás del proyecto y las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo con la ejecución del proyecto hidroeléctrico sin su consentimiento libre, previo e informado. Las pruebas sugieren que Castillo coordinó a la policía para movilizarse contra la resistencia, mientras que los Atala Zablah utilizaron su influencia política para criminalizar a Berta y a otros. Aparte de Berta, Tomas García de la comunidad de Río Blanco, también fue asesinado por su resistencia al proyecto Agua Zarca, a manos de un soldado afuera de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica. Otras personas han sido víctimas de agresiones y amenazas que siguen hasta el día de hoy.
La motivación criminal de los empresarios
Para DESA, la resistencia organizada supuso múltiples contratiempos, entre ellos la pérdida de la inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la salida de la multinacional SinoHydro, así como los costos del rediseño del proyecto y el traslado de las instalaciones a la orilla opuesta del río Gualcarque. Las movilizaciones y las legítimas acciones de protesta en rechazo al proyecto supusieron retrasos y pérdidas multimillonarias de inversión y recursos. Sólo la inversión de los bancos internacionales, FinnFund, FMO y BCIE era de 44,4 millones de dólares que debido a las acciones de protesta contra el proyecto fueron puestos en riesgo.
Por ejemplo, las pruebas presentadas por UFERCO muestran que DESA y la Empresa Estatal de Energía ENEE negociaron un PPA sobre la base de que DESA generaría 21,7 MW a pesar de que un estudio ambiental muestra que el río podría generar un máximo de 8MW. Como resultado de la negociación, DESA cobraría por la supuesta capacidad de generación de energía, y no por lo que realmente podría producir el proyecto energético. En la práctica, cuanto mayor sea la capacidad de generación y, por tanto, mayores sean los costes de construcción y operación del proyecto hidroeléctrico, mayor será el coste de cada MW vendido al Estado debido a lo establecido en las directrices de la ENEE y en el PPA. Para DESA era más rentable desarrollar una presa de 21,7 MW pero sólo producir 8MW.
Foto: The New York Times
Las irregularidades en los procesos penales
Aunque el caso avanza en los tribunales especiales creados para combatir la corrupción, el COPINH ha sido excluido hasta ahora como acusación privada de participar y están a la espera de la resolución de un amparo para que la Corte Suprema decida sobre el asunto. Al mismo tiempo, la defensa también ha presentado amparos y el juicio ha sido suspendido a la espera de la notificación de la Corte Suprema sobre sus impactos.
El mismo día que COPINH sostuvo la conferencia de prensa, Juan Antonio Hernández “Tony”, el hermano del actual presidente de Honduras, fue condenado en un tribunal de Nueva York a prisión de por vida más 30 años de reclusión, en cadena perpetua, y un decomiso de US$138 millones en patrimonio por distribuir 185 toneladas de cocaína, por delitos relacionados con armas de fuego y declaraciones falsas. El juicio dejó claro que en la comisión de los delitos, el socio de Tony era su hermano Juan Orlando, que fue nombrado como presidente para un segundo mandato en medio de amplias denuncias de fraude y disturbios civiles que llevaron a la muerte de al menos 40 personas, principalmente a manos de agentes de seguridad del Estado. La DEA destaca, “Tony Hernández, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado.”
Según la sentencia, se aseguró millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; utilizó una seguridad fuertemente armada que incluía a miembros del ejército y la policía nacional hondureños. El juez señaló: “Durante un período de 15 años, el acusado corrompió la institución democrática de Honduras para enriquecerse.”
Justo una semana antes de la sentencia de Tony, en un caso separado pero relacionado, el ciudadano Geovany Fuentes también fue condenado por narcotráfico. Fuentes fue un violento co-conspirador de los hermanos Hernández en la producción de cocaína y su transporte a los Estados Unidos, quien pagó a jueces para asegurar la impunidad. Durante su juicio, un testigo protegido que anteriormente era contador para Fuentes, declaró que fue testigo cuando Juan Orlando Hernández, entonces candidato a la presidencia, prometió a Fuentes protección porque Oscar Chinchilla estaba con ellos.
Oscar Chinchilla, el actual Fiscal General de Honduras fue reelegido irregularmente para un segundo mandato en 2018 a pesar de que ni siquiera se presentó como candidato y fue visto por la sociedad civil como parte de la cúpula que permitió la reelección de Hernández en 2017 a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Bajo la dirección de Chinchilla, se ha negado a presentar una acusación contra el director financiero de la corporación DESA, Daniel Atala, con quien según la acusación privada, David Castillo coordinó para asegurar pagos para cometer el crimen contra Berta Cáceres, aunque ha habido una investigación abierta en su contra por más de tres años. El caso de Berta desde el principio ha estado velado por la secretividad y la falta de divulgación de información por parte de la Fiscalía, e incluso su incumplimiento para analizar un arma encontrada en el domicilio del militar condenado, Mariano Díaz.
La impunidad consolidada por el clan de los Hernández
Entre 2004-2017, años durante los cuales Tony Hernández cometió los crímenes, los hermanos Hernández y sus colaboradores convirtieron a Honduras en un narcoestado corrupto que utilizaron todos los medios posibles para proteger sus intereses económicos. Como consecuencia, se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo en todos los ámbitos. La protección de Berta, ordenada por la CIDH, estaba en manos de Julián Pacheco, el Ministro de Seguridad que también ha sido vinculado al narcotráfico a través de los procesos judiciales en los Estados Unidos. Según los chats presentados en el juicio de 2018 y que se usará de nuevo en el juicio de David Castillo, poco después del asesinato, Julián Pacheco prometió a Pedro Atala Zablah, de la familia que controlaba DESA, que se aseguraría de que el asesinato fuera calificado como un crimen pasional.
Erika Guevara Rosas, la Directora de las Américas para Amnistía Internacional que acompañó a Bertha Zúniga en la conferencia de prensa, recordaba que días después del asesinato de Berta Cáceres cuando llegó a Honduras, estas narrativas falsas para confundir sobre el crimen ya estaban circulando. “El gobierno no la protegió y no solo no la protegió, desde su asesinato, se ha encargado de obstaculizar todo los caminos para garantizar verdad y justicia,” dijo Guevara Rosa, quien refiere al atroz femicidio de Berta Cáceres como una “tragedia anunciada.”
“Berta había denunciado reiteradamente agresiones y amenazas de muerte contra ella, amenazas y hostigamiento contra los procesos penales que COPINH llevaba a nivel comunitario, precisamente para resistir la expropiación y extracción de los recursos naturales.”
Berta Cáceres, además de ser una voz de resistencia permanente al proyecto hidroeléctrico en territorio Lenca, trabajó arduamente en la refundación de Honduras. Especialmente tras el golpe de Estado de 2009, vio cómo las estructuras de poder se alineaban para garantizar la impunidad de los más graves actos de agresión y corrupción por los poderes económicos y políticos en el país y luchó no sólo para denunciarlo, sino para crear una nueva Honduras. El hecho de que su asesinato, en pleno apogeo del cártel de la droga de los Hernández, haya quedado en la impunidad para los más altos actores no debería sorprender dado el narcoestado en el cual ocurrió el crimen.
A una semana del juicio, Bertha Zúniga no subestima la importancia de lo que puede revelarse en el juicio de David Castillo y cómo eso puede apuntar a los autores intelectuales. “Es una etapa determinante para abrir estos otros procesos que son deuda del Estado, de una impunidad que gozan actores económicos de gran influencia en nuestro país que siguen sin ser juzgados.”
