Guatemala: Las que luchan
Por: OMCT
Mujeres buscando justicia en casos de desaparición forzada
En medio de un conflicto armado devastador, un catedrático e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública de ese país, es detenido a plena luz del día por miembros del Ejército de Guatemala. Emil Bustamante Cruz tenía 32 años en el momento de su detención, era médico veterinario y sociólogo rural, estaba casado con Rosa María Cruz López y juntos comenzaban su vida familiar al lado de su pequeña hija Flora Mercedes.
El 13 de febrero de 1982, Emil Bustamante López salió de su casa en horas de la mañana a sostener una reunión. Mientras tanto su esposa Rosa María Cruz, embarazada de pocos meses, prefirió quedarse en casa con su hija mayor, terminando una tarta para la celebración de un cumpleaños familiar a la que acudirían los tres, una vez Emil volviese a casa. Él las recogería más tarde para sumarse a la fiesta, pero nunca apareció. Rosa María se apresuró a la fiesta familiar para encontrarse con él, pero tampoco ahí pudo encontrarlo.
“Es ahí cuando mi madre se quedó sin aire, mi padre no estaba, nos llegó esa tarde, no llegó nunca. Yo siendo niña soñaba que seguía vivo, seguro había perdido la memoria y no sabía cómo volver a casa“
Ana Isabel nos cuenta esta historia desde el exilio, hace tiempo decidió salir del país que detuvo y desapareció a su padre. Un país además que nunca dio respuestas de su actuar a pesar del paso de los años y de múltiples denuncias y esfuerzos hechos por su familia. Los años que han transcurrido desde entonces Ana Isabel los cuenta con su propia vida, su madre estaba embarazada de ella cuando su padre fue detenido y desaparecido, así que cuando ella nació su padre ya no estaba y de eso han pasado 38 años sin ninguna respuesta.
Poco ha sido dicho sobre las mujeres sobrevivientes a la violencia estatal, poco sobre lo que mujeres como Rosa María, su hija mayor Flora Mercedes y Ana Isabel han tenido que afrontar. Vivir con miedo por el que ya no está y vivir con miedo de correr la misma suerte, vivir pues en alerta permanente. Suprimir los sentimientos y las palabras, ocultar las emociones, bloquear todo lo relacionado a la intimidad o el contacto físico, experimentar ansiedad, insomnio, tener la mente en el aire y a veces demasiado activa, casi obsesiva. Poco se dice también del sufrimiento que provoca que el Estado, que les debe tanto, no haga nada, no responda, no investigue, no sancione a quien dañó de forma tan terrible la vida de esas mujeres. No les devuelva a Emil.
Lamentablemente, este caso no es único, sino emblemático de una situación de impunidad generalizada y persistente. Las cifras son claras: más de 40.000 casos de desaparición forzada fueron identificados en Guatemala, se cree que fueron muchos más. De todos ellos, solo seis casos han obtenido sentencias penales en el país y unas pocas condenas internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que, además, el Estado falla en implementar integralmente.
En total impunidad se encuentran, por tanto, la mayoría de las víctimas sobrevivientes de graves y generalizadas violaciones a derechos humanos tales como tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual, genocidio y delitos de lesa humanidad. La falta de investigación, enjuiciamiento y sanción a los autores propicia un ambiente de impunidad que envía un mensaje perverso según el cual la violencia puede ser tolerada, constituyendo un permiso tácito para que la violencia se repita. Y de hecho lo hace.
Guatemala fue y sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina y del mundo. Pese a grandes esfuerzos realizados por algunos sectores del país por fortalecer el estado de derecho desde los Acuerdos de Paz, la impunidad y la regresión a la represión estatal es la regla actual. El sistema de justicia está siendo debilitado a través de sus instituciones claves: Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Organismo Judicial. Algunos funcionarios aún intentan realizar su trabajo con rectitud y eficiencia, sin embargo se enfrentan a ataques y falta de protección estatal, especialmente aquellos a la cabeza de los procesos relacionados con el conflicto armado y delitos cometidos por funcionarios públicos involucrados en redes de criminalidad. Así lo ha venido reconociendo el Comité contra la Tortura en todos y cada uno de sus informes periódicos al Estado de Guatemala, el último el pasado noviembre de 2018[1].
Sin embargo, hablar de la violencia y la impunidad sin hablar del impacto real y permanente que tiene en la vida de las personas que la sufren en carne propia es un discurso incompleto. De allí nace la necesidad de presentar una demanda contra el Estado guatemalteco que evidencie no solo la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado, sino la violación a los derechos humanos que sobrevivientes como Rosa María, Flora Mercedes y Ana Isabel siguen experimentando a consecuencia de la falta de investigación y sanción de los responsables, así como la identificación de las circunstancias que permitieron que hechos atroces como los cometidos fueran posibles.
“La represión ejercida por el Estado de Guatemala marcó a mi familia. Han sido largos años de dolor y soledad, al principio fue difícil pensar que Emil estaba siendo sometido a torturas y sufrimientos, después lidiar con el miedo, la estigmatización, la discriminación y el bloqueo estatal. Me mantuvo en pie tener a mis hijas, y poder educarlas en consecuencia, educarlas y amarlas para que hicieran honor a la memoria de su padre. Pero, el dolor de no tener a Emil solo sanará con la verdad”
A Rosa María, Flora Mercedes y Ana Isabel el Estado guatemalteco les ha negado la justicia durante más de tres décadas. Hoy apoyadas por otras muchas personas que han puesto su granito de arena en su lucha por la justicia, presentan este caso y alientan al Comité de Derechos Humanos para que tome esta oportunidad para enviar un mensaje claro a las autoridades guatemaltecas a que respeten sus obligaciones internacionales, y respondan de manera pronta y adecuada a las demandas de justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
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