Grupo antiderechos se opone a iniciativa de protección de activistas de derechos humanos
El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por AFI advierte que, con la creación de la nueva Instancia de Análisis para la Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, el Ministerio de Gobernación (Mingob) busca privilegiar a mujeres, comunidad LGBTIQ+, periodistas y activistas de derechos humanos alineados a la ideología del Gobierno.
Por Mirna Alvarado
Con el acuerdo ministerial 214-2024 se concreta la creación de la Instancia de Análisis para la Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, para analizar y detectar patrones de ataques contra personas, organizaciones, comunidades y autoridades de pueblos originarios que defienden los derechos humanos en el país, la cual será dirigida por el Ministerio de Gobernación (Mingob). Esta unidad deberá emitir recomendaciones para la investigación y protección de las personas afectadas.
Las entidades que conformarán esta nueva instancia son el Ministerio de Gobernación, el director general de la Dirección General de Inteligencia Civil; el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), quien nombrará un miembro de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de la División de Protección de Personas y Seguridad.
Además, se contempla la participación de siete instancias estatales, de la cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unidas que participarán como invitadas. También se contará con la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (COPADEH); un representante de autoridades de pueblos originarios; y otro de sectores y organizaciones de derechos humanos.
La intención de crear una instancia enfocada a la protección de grupos vulnerables viene desde el gobierno de Álvaro Colom, sin embargo, en enero pasado, el presidente Bernardo Arévalo propuso la convocatoria para sentar las bases y establecer acuerdos mínimos sobre su funcionamiento.
Por su parte, representantes de la Asociación La Familia Importa (AFI), presentaron esta semana un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el que se oponen al Acuerdo Ministerial 214-2024.
Este grupo antiderechos se ha destacado por su activismo antiaborto, antimatrimonio gay; desde sus inicios ha abanderado discursos de odio que buscan criminalizar y restringir los derechos de las mujeres y de las comunidades LGBTIQ+.
Ligia Briz, directora ejecutiva de AFI, uno de los grupos antiderechos, señala que el acuerdo del Ministerio de Gobernación vulnera la libertad de expresión, y trata de establecer un mecanismo de censura para silenciar voces críticas, “protegiendo exclusivamente a los sectores y grupos afines al gobierno de turno”, mencionó.
“Se violentan los artículos 2, 4, 152 y 154 de la Constitución de la República, además en su articulado busca establecer la unidad de análisis de ataques que con la excusa de proteger a defensores de derechos humanos y otros grupos específicos, puede servir para censurar voces críticas y opiniones contrarias a estas ideologías”, añadió Briz.
Briz recalcó que el acuerdo ministerial da a entender que la prioridad del Mingob es procurar la defensa de poblaciones específicas, es decir indígena, LGBT, activista social, lo cual no debería ser superior a quienes no pertenecen a esos grupos.
En su sitio web la AFI señala ser una organización sin fines de lucro enfocada en la protección de los valores que sustentan la sociedad guatemalteca, la vida, familia y libertad con acciones de incidencia política, formación y comunicación en distintas esferas.
“Promovemos la estabilidad y las condiciones óptimas para el desarrollo integral de la familia”, se lee en el apartado “Quiénes somos”, sus acciones han sido en apoyo a grupos de pensamiento derechista que van contra la ideología del actual gobierno y contrarias a grupos de activistas por derechos humanos.
Cabe destacar que desde la publicación del Acuerdo Ministerial 214-2024, tanto exfuncionarios y diputados de los partidos políticos que llevaron al Gobierno a Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, han implementado acciones legales para que este acuerdo sea derogado.
