Giammattei ordena una política provida y profamilia en la que la sociedad civil no confía

Fotografía: Paolina Albani

Antes de ser electo Presidente, Alejandro Giammattei firmó una carta donde se comprometió a proteger la vida y la familia, y a preservar el matrimonio heterosexual. La declaración, que parecía un mero convencionalismo, podría convertirse en una política pública de “protección”. Pero no beneficiaría a todas las personas, pues podría criminalizar a quienes se salen del esquema tradicional. Desde ya, la propuesta ha generado desconfianza en las organizaciones civiles porque creen que fue elaborada en secreto y porque podría significar años de retroceso en el cumplimiento de los derechos.

Hace unos meses, el presidente Alejandro Giammattei ordenó la conformación de un comité técnico para asesorar y analizar la “Política Pública para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia”, desde visiones conservadoras y con fuertes influencias moralistas características de las iglesias pentecostales y presbiterianas.

Desde de un inicio, las decisiones del mandatario en torno a esta política generaron dudas. Principalmente, porque le encomendó la tarea a uno de los ministerios que menos conoce y solventa problemáticas sociales, el Ministerio de Gobernación (Mingob).

Gendri Reyes, titular del Mingob, es el presidente del Comité Técnico para la Protección de la Vida y la institucionalidad de la Familia, una comisión temporal creada bajo el Acuerdo Gubernamental 45-2021
A su vez, Reyes designó a Carlos Fernando García Rubio, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, como delegado y responsable ante el comité.

El acuerdo dicta que la política debe de formularse en los siguientes tres meses a la creación de la comisión. Es decir, tiene que estar lista para el próximo 15 de junio.

Fue a mediados del segundo mes, el 28 de abril, que García Rubio convocó a la sociedad civil a un taller para que pudiesen “aportar a la identificación de las problemáticas que afectan a las familias guatemaltecas y sus posibles soluciones”, según indicaba la invitación. Pero unos días antes, el viceministro dijo que el espacio serviría para otra cosa: desarrollar un análisis general de la propuesta de la política, dando a entender que ya existía un documento base, de acuerdo a la organizaciones.

A la reunión asistieron solo cinco de las 14 asociaciones convocadas. Ese día, ni los integrantes del comité ni Segeplan ni el viceministro García Rubio se hicieron presentes. En su lugar estuvo Carolina Villatoro, una joven asesora del vicedespacho y la única asistente en representación del sector público a lo largo de la jornada.

Villatoro dirigió la reunión y presentó la metodología de trabajo. Luego, introdujo cinco preguntas generadoras que serían los temas principales para desencadenar conversaciones sobre el contenido que debería incluir la política, pero al final, solo se abordaron tres: 1. ¿Qué es familia?, 2. ¿Cuáles son las características de la sociedad guatemalteca actual que deben ser consideradas para una propuesta de política?, y 3. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a las familias en Guatemala?

La primera pregunta no fue bien recibida. Las organizaciones dejaron ver su malestar y preocupación porque creen que el Gobierno intenta crear una política alrededor de la “familia convencional”, un concepto que se querría imponer y hegemonizar, pero que no se aplica a las realidades de todas las personas.

Coincidieron en que el problema no es la familia y su desintegración, sino las problemáticas que surgen de la falta de cumplimiento de los derechos de los ciudadanos como la pobreza, el desempleo y la violencia. Pues tienen un impacto directo no solo en la familia sino en la sociedad. La solución que propusieron es que se atiendan las necesidades de acceso educación, educación sexual, salud, empleo y se ataque la violencia e inseguridad, además de cambiar el rol de la mujer como servidora de la familia.

El resto de la junta transcurrió con evidente tensión porque las organizaciones insistían en saber en qué fase de la formulación se encontraba el proyecto y cuál sería el rol que jugarían si ya existía una propuesta base. Y lo creían debido a los mensajes contradictorios que el Mingob envío y porque, un día antes, se filtraron algunas páginas de la política.

Villatoro negó que tal documento existiese y dijo que este podría ser una propuesta alternativa de alguna organización que quiere ganar protagonismo. Pero varias fuentes la desmienten.

Una informante del Mingob, quien prefirió no ser identificada por seguridad, aseguró que el documento de la política sí existe y que esta ya fue formulada. Además, el 21 de abril el ministerio anunció en su portal que realizaría “los acercamientos y las reuniones paralelas para fortalecer el instrumento que se está desarrollandopara el análisis de la Política Pública”.

Si a esto se le suma la intervención de Giammattei en la Convención Nacional de Líderes Cristianos (Conalic) el 17 de marzo pasado, donde dejó ver que la política ya fue formulada y que los planes de acción ya están delimitados. «Tenemos que integrar 99 programas del Gobierno para que esa matriz nos permita tener presupuesto para el año entrante y esta política sea una realidad para proteger la vida y la familia», indicó.

Incluso, la portada de la propuesta lee: Vigencia 2020-2032. Lo que genera dudas respecto a en qué momento fue creada si el comité nació en 2021, pero las autoridades del Mingob no han respondido a estas interrogantes. Ni la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, ni Segeplan, como ente asesor en la formulación, quisieron dar declaraciones pues es el Ministerio es el que lo dirige.

Las organizaciones dijeron sentirse utilizadas por el Gobernación para lograr la validación de la política, pero la asesora negó que ese fuese la finalidad del taller.

Estos son algunos fragmentos destacados de la política a la que Ruda tuvo acceso:

· Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones -de crianza- al padre y la madre.

· Reducir el sub registro de nacimientos para permitir que todos los recién nacidos puedan contar con una identificación que les permita el acceso al ejercicio de sus derechos.

· Desarrollar mecanismos de atención temprana y protección a la vida con especial atención en personas con mayor riesgo y vulnerabilidad.

· Impulsar programas de atención a la niñez y adolescencia para prevenir embarazos y evitar abortos.

· Prohibir el matrimonio a personas menores de 18 años.

· Promover la participación de líderes religiosos y comunitarios en la socialización de la protección a la vida.

· Implementar programas de rehabilitación y tratamiento del alcoholismo y la drogadicción para evitar la desintegración familiar.

· Reformar la ley nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. A la vez, decretar que la violencia intrafamiliar incluyen las omisiones que causen daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial en las personas.

· Para el 2032, las instituciones públicas y gobiernos locales deberán de haber impulsado programas y proyectos para la protección a la vida desde sus diferentes etapas.

Posteriormente, algunas de las asociaciones asistentes compartieron sus impresiones:

“La cita fue para sondear qué información manejamos las organizaciones y cómo prepararse para contra argumentarnos cuando accionemos en contra de la política”, dice Meylin Mejía, de Mujeres Transformando al Mundo (MTM).

“La construcción de una política requiere de una participación activa de todos los implicados. Una etapa de fiscalización y validación que es imposible que tome tres meses. Hay deficiencias técnicas en la discusión. La inexistencia -o negación- de un documento inicial de discusión. El mensaje es que no se le está dando la importancia a la sociedad civil que esta discusión merece”, refiere Erick Maldonado, de Refugio de la Niñez.

“Nos preocupa que -la política- vaya encaminada a la estigmatización y violación de derechos humanos de niñas y jóvenes. Mi percepción es que está vinculado con la iniciativa 5272. Ese tipo de leyes pone en peligro la dignidad humana, los derechos de las mujeres y comunidades LGTBI”, señala Stephanie Arreaga, del Colectivo 8 Tijax.

Esta es una de las organizaciones que acompañó a las niñas sobrevivientes del Hogar Seguro y a sus familias. “El Mingob jugó un papel importante en esa masacre”, recuerda Arreaga como un punto clave para entender la desconfianza hacia la institución que analiza la propuesta.

Las organizaciones intuyen que la política no se construyó con la creación del comité, sino antes, por lo que esperan que se aclare quién la creó.

La iniciativa provida de Viva y un compromiso firmado en 2019

A inicios de 2017, ingresaba en el Congreso la <ahref=”https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/66#gsc.tab=0″>iniciativa de ley (5272) que llevaba un nombre similar a la política que ahora mismo Giammattei y el Ejecutivo impulsan: “Ley para la protección de la vida y la familia”. Esta fue propuesta por el exdiputado Aníbal Rojas, en ese entonces subjefe de la bancada de derecha VIVA, y otros 18 diputados de ideología provida.

“Actualmente existen grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca que siguiendo una agenda de orden internacional proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, impulsan modelos de conducta que atentan contra el derecho a la vida, el orden natural del matrimonio y la familia”, lee la justificación de la propuesta.

La iniciativa proponía penalizar el aborto con prisión, promover que todos los niños y niñas vivieran con su padre y madre, o tutor. Y a falta de estos, serían acogidos por el Estado para ser entregados a padres y madres adoptivas. También prohibía la difusión de programas que abordaran la ideología de género o enseñar conductas sexuales distintas a la heterosexualidad; el matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

La propuesta nació de la Coordinadora Evangélica Nacional y fue remitida al Congreso para su consideración. Aunque obtuvo dictamen favorable y llegó hasta segundo debate, fue allí donde perdió fuerza y quedó engavetada.

Esta iniciativa guarda una similitud con el contenido de la propuesta de Giammattei. Pero la temática de “protección a la vida y la familia” también es del interés de algunos diputados del Congreso. Una de ellas es la vicepresidenta de la Junta Directiva y activista por la pena de muerte, Lucrecia de Palomo.

“En Guatemala, se ha apoyado únicamente a la ideología de género y esto ha venido a destruir a la familia. La falta de lineamientos en cuanto a cómo se organiza una sociedad, la familia. El padre y la madre no tienen esa jerarquía. Los niños pierden el sentido de lo correcto e incorrecto. Con la ideología de género todo es un depende. Eso es lo que se ha tratado de confundir”, dice la diputada.

De Palomo cuenta que forma parte de un grupo de diputados que trabajan temas de familia y aunque no tienen intenciones por revivir la propuesta 5272, no lo descarta como un proyecto a futuro.

A finales de 2017, la organización Mujeres Transformando al Mundo y la exdiputada Sandra Morán, presentaron una contrapropuesta: la iniciativa 5376llamada “Ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas”. Un fragmento del proyecto abordaba la reforma al Código Penal para permitir la “interrupción del embarazo de manera voluntaria”, lo que provocó que perdiera apoyo.

Mejía está segura que la Asociación La Familia Importa (AFI), una de las principales oponentes, tuvo mucho que ver en esto, pues habría utilizado sus influencias en los tres poderes para lograr que la propuesta obtuviera un dictamen desfavorable.

“Creemos que como no se logró en el Congreso, hay presión fuerte hacia Giammattei”, señala la entrevistada. Todo esto se remonta al 21 de mayo de 2019, cuando Giammattei era candidato a la Presidencia y firmó una carta de AF donde se comprometía a proteger la vida, la familia y a preservar el matrimonio heterosexual. Ideales con los que milita y que ha aceptado abiertamente en más de una oportunidad.

El involucramiento de AFI en la formulación y redacción de la política de protección no ha sido confirmada ni negada por la organización pues no contestaron las llamadas y el correo que se le envió para conocer acerca de su posible participación. Tampoco se pronunciaron las organizaciones evangélicas como el Consejo Apostólico de Guatemala y la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala (AMEG).

El mito de la agenda abortista y el contexto Latinoamericano

Latinoamérica a traviesa por un momento histórico con la despenalización del aborto. Ecuador es el caso más reciente pero solo en casos de violación. En marzo de este año, aprobó la terminación de embarazos por violación, haciéndolo el quinto país de la región en conseguirlo. Antes lo hicieron Argentina, Cuba, Guayana y Uruguay.

Guatemala está entre los cinco países que todavía prohíben el aborto a menos que sea para salvar la vida de la mujer agotando las opciones médicas, junto a Paraguay, Venezuela, Perú y Costa Rica.

Así que la creación de una política provida y profamilia, para un gobierno que está a medio camino de averiguar cómo reducir las muertes por covid-19, cómo conseguir vacunar a toda su población y que enfrenta serios señalamientos de corrupción, no parece casualidad.

El 15 de marzo pasado, el día que se creó el Comité Técnico, Agustin Laje, un politólogo argentino, visitó el Congreso de la República como parte de una gira de conferencias que imparte en Latinoamérica, para exponer el impacto de la “agenda globalista”, un término utilizado para descalificar las iniciativas que velan por los derechos y la autonomía de las mujeres, en la cultura y legislación de Guatemala.

En otras palabras, cómo esta amenaza a la familia, atenta contra la moral, quita importancia al matrimonio y otros temas que categorizó como “agenda abortista” y de “ideología de género”.

El papel de Laje podría haber sido tomado como transitorio y casual, pero el argentino permaneció unos días más en el país para dirigir la Convención Nacional de Líderes Cristianos (Conalic) que fue organizada por el Consejo Apostólico de Guatemala, donde representantes de las iglesias pastorales de los 22 departamentos así como la AMEG y otras iglesias pentecostales como Casa De Dios, Vida Real y Presbiteriana Central se hicieron presentes.
Allí, Laje aseguró que la “agenda abortista” es una imposición de otros países que buscan convertir las muertes por aborto en un negocio lucrativo.

“El Covid vino a ser la cortina de humo para que el pacto de corruptos nos meta goles por todos lados. Tiene que ver con el control de los cuerpos de las mujeres. Quieren resguardar a la familia, criminalizar la identidad de género y a las parejas del mismo sexo”, señala la integrante de Mujeres Transformando el Mundo.

“El gobierno está más preocupado en sacar un análisis de una política que no sabemos para qué servirá, mientras que tenemos una pandemia que nos está matando. Sentimos que el cuentazo -el golpe- viene fuerte”, añade. Aunque otras organizaciones sospechan lo mismo, prefieren no adelantar su veredicto.

Guatemala libra una batalla campal en la que el gobierno de turno no quiere ceder su visión conservadora y diagnostica que las problemáticas sociales son provocadas por familias disfuncionales, mientras ignora que muchas de ellas son resultado del abandono histórico del Estado. Todo esto para evitar convertirse en el siguiente país de Latinoamérica en legislar a favor de los derechos sexuales y reproductivos, además de criminalizar a las organizaciones que abiertamente los promueven.