Expresidenta del OJ, Silvia Valdés y tres fiscales incluidos en lista de actores corruptos

Estados Unidos agregó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a los fiscales Leonor Morales Lazo, Pedro Otto Hernández González, Noé Nehemías Rivera Vásquez junto a Valdés.

Por Alexander Valdéz

El Departamento de Estados Unidos anunció una nueva lista de actores “corruptos y antidemocráticos” de Centroamérica. En esta se incluye a tres agentes fiscales del Ministerio Público (MP) y a la ex presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés.

Además de Valdés, fueron incluidos Leonor Eugenia Morales Lazo y Pedro Otto Hernández González, ambos integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quienes han dirigido investigaciones para criminalizar a operadores de justicia o políticos de oposición, como el partido Semilla.

También fue sancionado el fiscal y exintegrante de la Fiscalía de Asuntos Internos,  Noé Nehemías Rivera Vásquez, quien desde esa fiscalía dirigió las investigaciones contra exfiscales que investigaron casos de corrupción, como la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien fue encarcelada desde febrero de 2022.

“Personas extranjeras que, a sabiendas, han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre dichos actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, indica el comunicado de las autoridades estadounidenses.

Los nuevos miembros de la lista de actores corruptos:

Silvia Patricia Valdés Quezada: La exmagistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos”, señala EE.UU.

Valdés Quezada dejó la CSJ hace un mes, durante su gestión en el OJ y la Corte Suprema de Justicia, durante 9 años, fue aliada de los gobiernos del presidente Jimmy Morales y el de Alejandro Giammattei. Con sus resoluciones evitó que ambos fueran investigados o los antejuicios que se presentaban avanzaran.

Además, estuvo a favor de tramitar antejuicios contra operadores de justicia como Erika Aifán, Carlos Ruano, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, todos en el exilio por criminalización.

Leonor Eugenia Morales Lazo: Es fiscal de la FECI y amiga de la fiscal Cinthia Monterroso, también sancionada por Estados Unidos. La acusación indica que “socavó procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”.

Morales Lazo, es quien ha dirigido los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el caso Semilla. Además, quien estuvo en la conferencia de prensa en la que anunció su intención de declarar nulos los resultados de las elecciones generales.

Noe Nehemías Rivera Vasquez: Es exfiscal de Asuntos Internos y recientemente fue trasladado a otra unidad de investigación. “Socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”, señala EE.UU.

Rivera Vasquez, su nombre salió a luz pública con los casos que dirigió contra sus excolegas del MP, principalmente actores que apoyaron con su trabajo en la lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Él dirigió el caso contra Virginia Laparra, como el que a la fecha la mantienen en prisión preventiva.

Pedro Otto Hernández González: Ahijado de la fiscal general Consuelo Porras, y actual fiscal de la FECI. Su nombre se hizo de conocimiento público cuando asumió el control de los casos de alto impacto de la FECI, con la salida de Sandoval. Además, con la liberación de varios de los acusados en dichos  procesos.

“Socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”, indica Estados Unidos.

¿Qué es la lista Engel?

En esta lista ya figuran otros guatemaltecos, como Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, el magistrado Nester Vasquez, entre otros actores que han respaldado las acciones para criminalizar a exfiscales anticorrupción, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes de la USAC, y políticos de oposición.

La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel”, aprobada en 2020, tiene como objetivo sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana. Dicha sanción implica que tengan vedado el ingreso a ese país.

Es considerada como una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región de Centroamérica. Hasta la fecha,  han sido incluidas  personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, la mayoría funcionarios públicos en activo de los tres poderes del Estado.

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