Exasesor de Empagua condenado por agresión sexual contra una niña
El exasesor de Empagua, Omar Díaz, fue condenado a 20 años de prisión inconmutables por la violación y agresión sexual contra Andrea, la hija de su expareja.
Por Evelyn Boche
Luego de un proceso que duró 32 meses, entre retrasos y decisiones judiciales para favorecer al agresor, Andrea ha vuelto a creer en la justicia: un tribunal dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión inconmutables contra Emerson Omar Díaz, el hombre que la violó y abusó sexualmente durante tres años.
En noviembre de 2020, Andrea le contó a su mamá sobre la violencia que su padrastro Omar Díaz ejerció contra ella desde que tenía ocho años, ahora adolescente. A sus 14 años, Andrea “ha vuelto a creer en que sí existe la justicia y siente que hay esperanza para ella y para otras niñas que están pasando lo mismo”, relató su mamá.
Díaz ejerció la violencia en un contexto de confianza que se le tenía por ser la pareja de la madre de Andrea y manipulaba a la víctima al justificar las agresiones como expresiones de “amor de padre”. La niña no le contaba nada a su mamá porque el agresor le decía que al quedar expuesto, él ya no podría ayudar con los gastos médicos para su hermanita.
El agresor fue directivo de la Empresa Municipal de Agua (Empagua) de la Municipalidad de Guatemala y tuvo como defensora a Claudia Paniagua, hasta poco después de su elección como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, en marzo de 2021. Bajo la procuración de Paniagua, Díaz logró que el juzgado de instancia Penal de Sacatepéquez modificara el delito de violación a agresión sexual y se le concediera arresto domiciliario.
El sistema de justicia benefició a Díaz mientras le restó crédito al recuento de hechos que ocurrieron durante tres años, de acuerdo con el testimonio que la niña brindó como anticipo de prueba en la Cámara Gessell, en 2020. La declaración de Andrea se postergó en cinco ocasiones, según las abogadas de la Asociación Mujeres Generando Equidad (Asogen) que brindaron acompañamiento a la familia.
La descripción de la víctima, según la fiscalía, encuadraba con el delito de violación pero varios jueces de instancia penal de Sacatepéquez postergaron la audiencia para que Díaz fuera ligado a proceso por violación y no por agresión sexual. En ese juzgado, el proceso perdió continuidad varias veces porque los defensores de Díaz argumentaban que no estaban preparados. Una de las reprogramaciones ocurrió porque los nuevos defensores de Díaz argumentaron que no habían podido reproducir las grabaciones de las audiencias pasadas.
La justicia para Andrea solo fue posible cuando el caso se trasladó hacia el Juzgado Especializado en Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, de Chimaltenango, en noviembre de 2021 y esa judicatura decidió que Díaz debía ser procesado por violación y ordenó su encarcelamiento.
El Ministerio Público confirmó que la sentencia se dictó el 27 de julio por el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Sacatepéquez. La sentencia es de 13 años y 4 meses de prisión inconmutables por el delito de violación con agravación de la pena y de 6 años y 8 meses por agresión sexual en forma continuada, para un total de 20 años. La sentencia quedará firme el 18 de agosto, 15 días después de que haya sido notificada a todas las partes.
Sanar, el siguiente paso
“Con más de 20 asistencias al juzgado por atrasos malintencionados, solicitar permisos en el trabajo, gastar en terapias y medicamentos para estabilizar a mi hija por las secuelas que aún tiene, suman más de Q500 mil”, contó la mamá de Andrea. Gracias al seguro médico que la familia posee, Andrea ha podido tener acceso a salud mental, pero aún continúa en terapia. Le han diagnosticado estrés postraumático, ansiedad y depresión severa, afirmó su mamá.
Por las condiciones estructurales o situaciones excepcionales que causan retrasos y los cuestionamientos hacia la víctima, el proceso penal se convierte en una situación traumatizante, explicó la doctora en psicología Dina Elías. En los casos que ha acompañado, Elías ha notado que “la víctima se convierte en la persona que pasa al banquillo y no el acusado”, porque tiene que someterse al escrutinio de su cuerpo y sus hábitos, a preguntas impertinentes que revictimizan y que puede alcanzar a los familiares que le acompañan en las audiencias.
Por eso es necesario que se brinde acompañamiento terapéutico a las víctimas y a sus familiares. La sentencia es un alivio pero no lo es todo, dijo Elías. “Varias organizaciones promueven la justicia restaurativa, que busca medidas de resarcimiento y transformación para la persona agraviada y para la comunidad, como becas, educación y acciones estatales para que la situación de violencia no vuelva a ocurrir”, refirió Elías.
Andrea se siente “valiente por haber tomado la decisión de confiar en mí, aunque cuando veía que habían tantos retrasos se arrepentía de haber denunciado”, aseguró su mamá. La sentencia le ha dado paz.
