Estudio exploratorio evidencia acoso sexual en las universidades privadas
La Red Interuniversitaria Seguras y Educadas (RISE) integrada por cuarenta estudiantas de 8 universidades del país presentó el primer Estudio Exploratorio sobre Acoso Sexual en las Universidades Privadas, específicamente del área metropolitana, que arrojó varios datos sobre este fenómeno en las diversas casas de estudios superiores del país.
Esta investigación es la primera que explora el acoso sexual en las universidades privadas. En 2019 la Comisión de Género de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León (AEU) presentó un informe similar, sobre el acoso sexual en la Universidad de San Carlos (USAC), la única universidad pública del país.
Lucía Sierra, coordinadora del documento e integrante de RISE, indicó que en las universidades privadas no existe mucha documentación sobre este tema, ya que son más restrictivas. A eso se suma el encubrimiento, el secretismo y la ignorancia que no permiten que los datos salgan a la luz o que se realicen tesis sobre el tema.
“Para nosotras era muy importante hacer este estudio porque partimos de que comprender la problemática es la única forma para generar soluciones y herramientas eficaces contra el acoso”, dijo Sierra.
El estudio, de carácter exploratorio y cuantitativo, realizó un muestreo para levantar la información por medio de la plataforma virtual Google Forms. Un total de 156 personas cumplieron con los criterios y se identificaron 174 casos de acoso, ya que el cuestionario permitía reportar hasta tres casos de acoso sexual por persona.
Lo recopilado arrojó que la mayoría de personas acosadas son mujeres jóvenes, el 51.3% tenía entre 19 y 22 años en el momento en que ocurrió el acoso sexual. El 94.9% de encuestadas son mujeres y el 4.5% fueron hombres.
Las integrantes de RISE indican que ven con preocupación que un 27.5% de las estudiantes acosadas tenían entre 15 a 18 años, y once de ellas eran menores de edad, con edades entre 15 a 17 años.
Las universidades privadas donde se reportaron más casos son la Universidad Rafael Landívar, con el 33.9%; la Universidad Mariano Gálvez, con 25.7%, la Universidad del Valle, con 21.3% y la Galileo, con 9.2%.
Stephanie Tello, de Incidencia Política de RISE, señaló que uno de los aportes de esta investigación es mostrar cómo el acoso y la violencia sexual hacen que las mujeres dejen de estar en los espacios de educación, pese a que acceder a este derecho ya es difícil.
¿Quiénes son los principales acosadores?
El estudio también responde esta pregunta. La mayor parte son catedráticos, con un 45.5%, seguido de compañeros de clase, con un 21.3% y otros estudiantes, con un 16.7%. Le siguen auxiliares, desconocidos y personal de seguridad.
Las carreras donde más se reportaron incidentes de acoso sexual son Ingenierías, seguido de Ciencias Políticas y Jurídicas, Ciencias de la Salud y Humanidades.
Las secuelas
Las consecuencias emocionales del acoso sexual en las estudiantes afectadas son asco, miedo, ira, deprecio, vergüenza, sorpresa y tristeza.
Aunque la mayoría de las afectadas no realizó una denuncia, sí le contó a un familiar, amiga u otra persona de confianza lo que sucedió.
Daniela Ortiz, del Observatorio contra el Acoso Callejero (Ocac) en Guatemala indicó que en el país no existe una ley que penalice cualquier tipo de acoso, incluyendo el acoso sexual.
“No hay un cuerpo normativo que explícitamente señale el acoso sexual en cualquiera de sus modalidades como un delito” manifestó. Esto hace más difícil que las personas responsables sean sancionadas.
Este es el primer estudio en arrojar datos sobre el acoso sexual en las universidades privadas. Sierra señala que estos centros de estudio superiores cuidan mucho su prestigio, ya que funcionan como empresas privadas y venden un servicio.
“Lo ven como si fuera una falla propia de la Universidad, cuando estamos hablando de una estructura de violencia, de patriarcado, machismo estructural y sistemático, que luego se replica en las universidades, es un problema de la sociedad”, puntualizó.
Según el documento, las políticas institucionales que priorizan el decoro y la prevención de los escándalos demoran el acceso a la justicia y no se centran en el bienestar integral de quienes denuncian.
Algunas de las recomendaciones son realizar investigaciones sobre la prevalencia de violencia y acoso sexual en los centros de estudio y destinar recursos, así como desarrollar mecanismos pertinentes de prevención del acoso sexual.