Cuando el feminismo habla que no hay lugares seguros para las mujeres, niñas y adolescentes, este análisis se comprueba con los testimonios y denuncias de mujeres. Un ejemplo es el fenómeno internacional #MeToo que generó e influyó en diversos países, como en Guatemala, promoviendo la discusión y la posibilidad que las mujeres alzaran la voz y rompieran el silencio en redes sociales, medios de comunicación y páginas de Internet para hablar sobre la violencia y acoso que enfrentaron por parte de hombres; figuras públicas del arte, la política y funcionarios del Estado.

Uno de esos primeros casos difundidos fue el de la periodista Dina Fernández, que contó a través de su columna ser sobreviviente de abuso sexual infantil. Luego le siguieron más mujeres que denunciaron de acoso sexual al director del medio digital Nómada, Martín Rodríguez Pellecer.

Cada vez más, las mujeres nombraron a sus agresores, entre ellos está el músico Paulo Alvarado; el editor de la revista de la Universidad de San Carlos, Rafael Gutiérrez y el empresario Diego Ariel Stella.

Muchos tienen en común que tienen el doble de edad o más de las sobrevivientes y una posición de poder o cargo por el cual reciben apoyo, respaldo y protección.

De esa cuenta, la feminista Silvia Trujillo responde que esta posibilidad de nombrar lo innombrable sea ha dado en el país a un paso lento pero sostenido. “El movimiento social de mujeres viene nombrando la violencia sexual desde hace muchísimos años pero no había tenido la repercusión que tiene ahora, la confluencia de una coyuntura internacional y de un momento político particular que obviamente es consecuencia de una brecha que las feministas y las mujeres organizadas han ido colocando”, manifiesta.

El #MeToo ha dado el poder de visibilizar las violencias que atraviesan a todas las mujeres y ha creado redes de apoyo y fortalecer el posicionamiento político que ‘lo personal, es político’ de acuerdo con Stephanie Tello, del comité de Incidencia Política de Rise. “El impacto que ha tenido en Guatemala es que responde a esa necesidad de colectividad y posicionamiento público de la violencia que nos atraviesa a las mujeres, como efecto a un problema público que actúa de una forma estructural, no es una experiencia aislada”, expresa.

Cuando el agresor es un funcionario

En el 2018, el expresidente Jimmy Morales apareció en los medios de comunicación señalado de abuso sexual y aunque existió una denuncia en el Ministerio Público (MP) por una supuesta víctima, la misma instancia desestimó la denuncia. Este caso ha sido el de más alto rango ha llegado a conocerse públicamente.

En el 2020 fue denunciado también en el MP Emerson Díaz, director de diseño y construcción en Empagua, por violación agravada a una menor, quien es hija de su expareja. Díaz cuenta con la defensa de la magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, Claudia Paniagua, y la última audiencia del caso fue suspendida en enero de 2022.

La gran diferencia entre denunciar a un funcionario público en un caso de violencia, acoso o agresión sexual, es que según Trujillo gozan de un mayor privilegio de la impunidad que otros agresores. “Entre más alto es el rango del funcionario público más es la impunidad. Se nombró a Jimmy Morales, un caso que fue denunciado en medios y que nunca se habló más de eso”, explica.

Esa impunidad es tanto institucional como social, ya que no se habla de manera contundente sobre los casos mencionados. “No solo cuentan con el silenciamiento y la impunidad que se genera desde las instituciones públicas, sino que insisto, no hay una repercusión social, no hay un escrache social”, recalca.

Incluso cuando las mujeres toman la palabra por medio de un video, una carta, una publicación en redes sociales o un testimonio anónimo, se rompe con el silencio que protege a todo aquel agresor que esté en una instancia pública. “Creemos que las mujeres que presentan denuncias públicas rompen con este silencio, lo posicionan como en efecto un problema público. Es una denuncia válida”, puntualiza Tello.

También han denunciado públicamente los abusos sexuales por parte de funcionarios públicos como Bruno Campo, exdirector de la Escuela de Música de la Municipalidad de Guatemala; y denuncia de violencia psicológica en contra de Marcus Alexander González, alcalde del municipio de Jocotenango.

Foto: Facebook de la Municipalidad de Jocotenango

La denuncia, una posición para hablar

Pamela Azurdia no solo ha denunciado penalmente al alcalde de Jocotenango, Marcus González, por violencia psicológica. También usó la denuncia pública para hablar y contar su historia en 29 minutos.

El 23 de febrero de 2021, ella realizó la denuncia en el MP, y al año de dar ese paso para encontrar justicia, compartió un video donde relata la violencia que enfrentó durante su relación con González y lo poco que el caso ha avanzado.

Para efectuar esa denuncia ante las autoridades, el 11 de febrero de 2021 solicitó medidas de seguridad en el juzgado de La Antigua Guatemala. Allí, le indicaron que esas medidas debían ser trasladadas a la Fiscalía de la Mujer del MP para hacer la denuncia. Dijeron que la llamarían cuando llegaran esas medidas, pero nunca lo hicieron. Por lo que se trasladó a la sede central del MP para finalmente hacerla el 23 de febrero.

En el momento de efectuar la denuncia, fue cuestionada acerca de si llevaba golpes. Por no encontrarse golpeada, en esa ocasión la hicieron esperar cuatro horas. Seguidamente, la psicóloga que la atendería conocía a González, y al saber que se haría una denuncia en contra de este, Pamela relata que fue cuestionada del por qué haría denuncia en contra de él.

Además, la fiscal que tomó la denuncia también le indicó que “solo nombrara tres hechos porque se encontraba ya cansada”. En su denuncia, no se tomó en cuenta la violencia física por no contar con un peritaje clínico. Estos obstáculos hicieron que la fecha de la denuncia de Pamela sea hasta el 24 de febrero, porque hasta media noche salió del lugar.

A consecuencia de la denuncia recibió un mensaje con amenazas indicando que González le pagaría a alguien del MP para poner una denuncia con fecha anterior a la de ella, donde la señalaría como violenta. Además de esa amenaza, personas cercanas a Pamela recibieron mensajes de perfiles falsos.

Actualmente su caso se encuentra en manos de un juez pesquisidor, para que recabe toda la información y traslade un informe a los magistrados de Sacatepéquez. De esta manera se decidirá si se le quita el antejuicio a González para que pueda ser investigado.

Lo que busca Pamela con las denuncias que ha realizado es, como muchas otras mujeres, que las autoridades le crean y actúen para que el agresor enfrente a la justicia.“Yo solicito que le quiten el antejuicio, que sea investigado y que todas las pruebas que he presentado son verídicas por las que él sí tiene que ir a prisión, que pague como debe ser lo justo”, expresa Azurdia.

Encontrar justicia

“La mayoría de las víctimas no denuncian directamente en el Ministerio Público, no ven al Ministerio como una institución que pueda resolver”, explica la abogada Andrea María Reyes. Esta es una manera de ver el por qué muchas optan por efectuar una denuncia pública y no una ante las autoridades. Además, en el proceso las mujeres son revictimizadas, sobre todo en casos de violencia sexual, afirma Reyes.

Cuando se trata de funcionarios públicos señalados de agresión sexual, acoso y/o violencia, no existe una ley o garantías judiciales para que una persona pueda denunciar de forma segura, especifica Reyes. Otra situación que se da es que “todos están conectados de alguna manera con alguien que puede ayudarles”, subraya.

El hecho que los funcionarios tengan antejuicio también genera más revictimización hacia la mujer, porque en el procedimiento del antejuicio es: primero se explica la situación y después puede proceder la denuncia, lo cual implica que la víctima tiene que repetir todo lo que dijo en el antejuicio.

La pena mínima para un agresor sentenciado por violencia contra la mujer es de 3 años de cárcel. Ante un sistema que opera lentamente las mujeres han encontrado en la denuncia pública un respiro y apoyo para poder contar esa situación de violencia que atravesaron, y han encontrado como respuesta a sus relatos, un “yo te creo”.