El litigio malicioso, un mecanismo de impunidad contra defensores y defensoras

Fotografía: Nelton Rivera

La justicia llega a paso lento y cansado, como arrastrando un enorme peso, para aquellas personas que han decido reclamar o ejercer sus derechos, los de sus familias o comunidades ante amenazas de despojo, de contaminación o de censura. Pero es pronta y diligente para prologar los procesos que los mantienen en prisión o vinculados a infinitos mecanismos, que se convierten en litigio malicioso.

El litigio malicioso, es uno de los mecanismos de impunidad reconocidos como “cuellos de botella” del sistema de justicia guatemalteco, que se suma a otros fenómenos como el retardo en la administración de justicia; la deficiente investigación criminal, la falta de acceso a la información, la violencia en contra operadores de justicia, falta de presupuesto, entre otros, que el investigador e historiador Harald Waxenecker describe en el documento Impunidad y Redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala para la Fundación Myrna Mack.

Esas prácticas que incluyen argucias y engaños que buscan aprovecharse de la buena fe de algunos funcionarios del sistema de justicia para obtener un proceso que no va a conducir a un resultado inmediato, pero que sí lo dilatará o beneficiará a grupos de poder, tiene un origen histórico y arraigado que fue precisamente uno de los motivos para la creación e instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), según Oswaldo Samayoa, abogado y profesor universitario.

El litigio malicioso no constituye una acción aislada que permanece dentro del proceso judicial, debido a que también enfatiza un mensaje al resto de la sociedad cuando se trata de defensores del territorio o de derechos humanos, periodistas o activistas, porque también busca un efecto ejemplificante, como una especie de desmotivador social, para evitar que otras personas se sumen al reclamo de sus derechos o a la denuncia de las problemáticas que les afectan.

Aplazar los procesos: una tortura psicológica

El viernes 7 de mayo, en uno de los ejemplos más recientes, una vez más fue suspendida la audiencia del caso que se sigue contra el profesor y líder maya Q’eqchi’ Bernardo Caal Xol, acusado por la empresa Oxec, Netzone S.A. que presentó una recusación en contra de cuatro magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pero que no pudo ser conocida porque los magistrados se reportaron enfermos, según la publicación de Regina Pérez para Prensa Comunitaria.

El constante aplazamiento de las audiencias constituye una tortura psicológica para la familia y para Bernardo, en opinión de la psicóloga Pilar Maldonado, de la Asociación Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), que brinda acompañamiento a la resistencia pacífica de La Puya, en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, y a la familia de Caal Xol.

Además, para la familia de Caal Xol significa un enorme desgaste en términos emocionales y económicos por el traslado que debe hacer la hermana, madre, pareja e hijas del defensor Q’eqchi’. “Pareciera que juegan con la situación de aplazar constantemente el proceso de Bernardo, que en este sentido significa no recuperar su libertad”, agregó Maldonado.

El 7 de mayo también fue suspendida la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el juicio contra Julio Gómez Lucas, autoridad ancestral del pueblo Chuj, en Huehuetenango debido a que se busca incluir otro delito, además de instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas, supuestamente por haber participado en una manifestación que organizó la Resistencia Pacífica de Yichk´isis el 13 de noviembre de 2017, según una nota de Francisco Simón publicada en Prensa Comunitaria.

Otro de los casos que también ha implicado reiteradas audiencias es el de María Cuc Choc, la más reciente el jueves 6 de mayo en Izabal, quien deberá esperar hasta agosto para continuar con el proceso donde fue acusada por la empresa Lisbal S.A. por usurpación agravada, amenazas y detención ilegal; según los abogados de Cuc Choc esto constituye un proceso más de criminalización a lideres indígenas en la región. “He sufrido de intimidación y persecución, pero no tengo miedo. Las consecuencias de ser criminalizada injustamente son muchas pero desde la sabiduría ancestral, tengo la fe en que puedo salir adelante”, aseguró Cuc Choc según la publicación de Gabriela Monzón para la revista Ruda.

En similar situación se encuentra la periodista Norma Sancir, que busca justicia por abuso de autoridad en contra de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil que la detuvieron y agredieron cuando ella documentaba una manifestación en Chiquimula y debido a innumerables recursos planteados por la defensa de los acusados el proceso se ha retrasado. La audiencia fue reprogramada para junio.

Retrasar los procesos es un mensaje perverso

Mientras las audiencias de personas defensoras del territorio o de derechos humanos y periodistas ven alargar sus procesos y en el caso de Caal Xol sin poder recuperar su libertad, “vemos del otro lado a todos los acusados de crímenes de lesa humanidad que constantemente están pidiendo revisión de sus medidas y se les conceden, mientras a quienes están defendiendo el agua y los territorios no”, agregó Maldonado.

Que Caal Xol se encuentre en prisión y se sigan aplazando las audiencias, en el contexto del coronavirus, también implicó para su familia un rompimiento en la dinámica que ya se había visto afectada. “Las hijas de Bernardo tienen casi un año de no verlo por las complicaciones del sistema penitenciario durante la pandemia. El contacto que tienen con él es por cartas o cuando su mamá puede entrar a verlo”, indicó Maldonado.

Desde noviembre del 2018 la defensa de Caal Xol presentó un recurso y fue hasta este año que se pudo conocer, pero el proceso se sigue retrasando.

Desde que Bernardo está en prisión no está devengando un salario y que él tenga que estar en la prisión le genera gastos a la familia, lo cual se añade a la falta del ingreso que aportaba, concluye la psicóloga.

Un sistema de justicia infiltrado por CIACS

De acuerdo a la publicación de Waxenecker, Amnistía Internacional detalló que se lograron identificar más de 60 estructuras criminales operando hasta en las más altas instituciones del Estado entre el 2007 y 2018. “Durante estos 11 años se presentaron más de 100 casos, varios de los cuales guardan relación con crímenes de derecho internacional como las ejecuciones extrajudiciales, o hechos que afectan el goce de los derechos humanos, como la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la salud o la independencia judicial”.

Según se cita en ese documento, en paralelo, durante la misma época, los crímenes de derecho internacional perpetrados durante el conflicto armado finalmente empezaron a llegar ante la justicia guatemalteca.

Ciertos grupos de poder tradicionalmente han mantenido cooptado al sistema de justicia. Uno de los primeros, según el abogado Samayoa y que está documentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) son los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que se incrustaron en las instituciones durante el Conflicto Armado para favorecerse del sistema de justicia “y que por cierto, a eso correspondió la creación de la CICIG según el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de los Acuerdos de Paz, el desmantelamiento de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos”.

Samayoa reiteró que en el transcurso histórico esos grupos han propiciado que todas las resoluciones que el sistema de justicia emite les favorezcan, “es un grupo que hoy en día todavía busca mantener el control sobre el sistema de justicia”.

Otro grupo son los litigantes que han abusado de las garantías judiciales debido a que en Guatemala existe un modelo de garantías procesales que están orientadas a tener recursos efectivos que cuestionen, por ejemplo la decisión de un juez, que pongan en entredicho la forma en que se está haciendo la investigación o mecanismos que permitan proteger a las personas de abusos de poder. “Pero lo que han hecho esos abogados es abusar de esas garantías para entorpecer procesos, interponer recursos que ya estaban fuera de tiempo, rellenar, abusar del uso del amparo interponiendo desde 12 hasta 30 en un mismo proceso sobre un mismo tema”, indicó Samayoa.

El tercer grupo se refiere a personas o grupos que se victimizan y generan que se criminalice a personas socialmente visibles o que reclaman algún tipo de derechos previos o anteriores sobre los que se quiera reclamar. “Estos grupos pueden operar utilizando a su favor esas estructuras o en contra de quienes afecten sus intereses”, agregó.

Si bien el litigio y retardo malicioso constituye una problemática directamente relacionada con las redes de abogados asociados al crimen “la injerencia de estas tramas no se percibe solamente en la defensa penal de redes de poder y en prácticas de litigio malicioso, sino también en los propios procesos de nombramiento de autoridades del sistema de justicia. El nombramiento de autoridades judiciales es un desafío específico en la transición hacia un sistema democrático y transparente”, según el documento Impunidad y Redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala.

La CICIG había propuesto una normativa en torno al litigio malicioso, sin embargo, no se logró algo efectivo y pese a que se ha tratado de fortalecer la carrera judicial para evitar que dentro del sistema de justicia los jueces puedan incurrir en ello, “queremos hacer los cambios con personas a quienes no les interesa hacer ese tipo de cambios. Si la ciudadanía en general y la población no dimensiona que el sistema de justicia es fundamental para el desarrollo de los derechos y consolidación de estados fuertes en términos de proteger a las personas y no se deje solo a ciertos grupos de activistas o de abogados, esto no va a cambiar porque no se trata de una agenda de gremio, es una agenda de sociedad y de país”, puntualizó el abogado Samayoa.