El Estado niega fondos destinados a la atención de víctimas de violencia

Desde sus inicios, la Fundación Sobrevivientes ha recibido fondos del Estado. Estos le permitían mantener en funcionamiento un centro de atención destinado a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Sin embargo, este año fue excluida del Presupuesto General de la Nación 2023.

La Fundación Sobrevivientes fue creada hace 16 años por Norma Cruz y su hija, Claudia María. Buscan contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la niñez. Crearon también un centro especializado en la temática con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia.

Desde su establecimiento, la fundación ha acompañado casos de violencia remitidos por el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones. Por ello, el Estado les brinda financiamiento, primero por medio de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) y luego, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), quienes les incluían dentro de su propuesta para el Presupuesto General de la Nación.

El presupuesto 

El monto inicial otorgado a la fundación fue de un millón y medio de quetzales. En la actualidad, asciende a 4 millones y medio. Esta cifra garantiza el funcionamiento de un programa de atención, el cual permite a las víctimas de violencia acceder a los servicios de abogadas, psicólogas y procuradoras que brindan atención jurídica, además de a una casa refugio. 

“El centro se mantiene gracias al financiamiento del Estado. Tenemos también otros proyectos donde trabajamos sistemas de protección y empoderamiento de mujeres, que son otra fuente de ingreso”, señaló Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes. 

Durante dieciséis años, la organización ha apoyado a un aproximado de 35 mil personas. 13 mil de ellas recibieron apoyo legal, mientras que otras 14 mil se beneficiaron de atención psicológica. Además, un aproximado de 1 mil 800 víctimas de violencia han permanecido en la casa refugio, según datos de la Fundación Sobrevivientes.  

Según Claudia Hernández, la fundación sí había sido incluida dentro de la propuesta que presentó el MSPAS para el Presupuesto General de la Nación 2023. “Fuimos citadas ante la Comisión de Finanzas para presentar los avances y la ejecución presupuestaria. Ellos mismos nos recalcaron que sí iríamos dentro porque no pedíamos un aumento. Fuimos colocadas dentro del presupuesto que se aprobó pero, a través de una enmienda, nos retiraron del mismo. Fue hasta la publicación del Diario de Centroamérica que nos dimos cuenta de que ya no estábamos incluidas”. 

Previo a esta ocasión, ya habían intentado sacar a la Fundación Sobrevivientes del presupuesto, pero habían recibido avisos previos, lo que les dio la oportunidad de pronunciarse y hacer cabildeo. Ahora, no saben por qué fueron eliminadas. “Consideramos que puede ser parte de los mecanismos que están utilizando para eliminar el tema de la atención que realizan las organizaciones en favor de la población. No sabemos por qué pudo haber sido, más que una cuestión de tipo político. Tenemos casos relevantes como Hogar Seguro y Soy Cristina Siekavizza”, explicó Hernández. 

Las consecuencias 

Sin el financiamiento del Estado, la fundación sería obligada a cerrar el programa de atención. Por ello, están devolviendo los expedientes a las familias cuyos procesos acompañaban y refiriéndolas al Instituto de la Víctima y otras organizaciones. Según Claudia Hernández, esto ha sido complicado  debido a que no hay quién reciba estos casos. “Los bufetes están cerrados y algunas organizaciones que también daban estos servicios no los tienen disponibles”, señaló. 

La fundación brindaba también atención psicológica a mujeres, niños y niñas referidas por los juzgados y el MP. Este era un servicio gratuito que ahora tendrá que ser interrumpido mientras la institución gestiona fondos. Además, “el MP nos solicitaba informes sobre relaciones desiguales de poder y violencia basada en género, entre otros, para los procesos penales donde no participábamos como querellantes. Al no tener a las psicólogas que los hagan, ya no podremos aportar en estos procesos de investigación y persecución penal”, explicó la directora. 

Claudia Hernández indicó que la Fundación Sobrevivientes no es la única organización que brinda atención a víctimas de violencia que quedó fuera del Presupuesto General de la Nación 2023. Algunas que funcionan como Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) corrieron la misma suerte. 

Según Hernández, “dentro iban alrededor de 17, pero, a través de una enmienda, juntaron todo ese presupuesto (aproximadamente 26 millones) y decidieron dejar la decisión a criterio del Ministerio de Gobernación. Esto significa que ellos decidirán qué organizaciones se consideran CAIMUS. Entonces no hay certeza de si seleccionarán a aquellas que ya cumplían esta función o a otras nuevas o si pondrán impedimentos para otorgar los fondos”. 

“Estas organizaciones tienen años de brindar atención a las víctimas, igual que nosotras, y tienen casas refugios. Pero no tienen la certeza económica para garantizar los servicios. Otros años no han podido firmar convenios por casi medio año y esto entonces limita su funcionamiento”, finalizó Hernández.