El Caso “Hogar Seguro”, borrado de la memoria colectiva

El 8 de marzo del 2017, se dio uno de los crímenes más atroces en contra de 56 jovencitas en un hogar estatal de Guatemala. Los responsables fueron las autoridades que estaban a cargo del resguardo y la protección de las menores. A pesar de ser un caso de gran envergadura no solo para el país, sino para todo el mundo, pareciera que se ha borrado de la memoria colectiva. Es un tema que ha pasado de moda. Las salas de audiencias siguen vacías y las víctimas en donde quiera que se encuentren, siguen esperando que se haga justicia.

El 8 de marzo del 2017, 56 niñas ardieron en llamas encerradas en un salón de clases de un hogar estatal de Guatemala. 41 de esas adolescentes fallecieron: 19 dentro del aula, otras dos en el área administrativa y el resto en los hospitales a donde fueron trasladadas y Wendy Vividor en el hospital de Shriners, en Estados Unidos. Algunas fallecidas no entraron “tan graves” como otras a la emergencia, incluso, algunas entraron caminando como en el caso de Mirza Rosemary López Tojil, quien en los videos se le ve bajar de la ambulancia y entrar al hospital de brazo de un bombero, Mirza salió en un ataúd directo a la morgue del Inacif.

En lo que va del sigo XXI, se ha escuchado de varios asesinatos en diferentes establecimientos educativos, sobre todo en América del Norte, en donde despiadadamente otros estudiantes han abierto fuego en contra de sus propios compañeros, o incluso psicópatas que tuvieron en la mira a grupos de personas inocentes. Pero este caso del Hogar Virgen de la Asunción, como el de los normalistas de Aytotzinapa, han sido casos sin precedentes, en donde las mismas autoridades, encargadas de proteger y garantizar la seguridad de las personas, han sido los mismos perpetradores y los responsables tanto de desapariciones forzadas y muertes como en Ayotzinapa, así como la quema masiva de 56 jovencitas en Guatemala.

Manifestación para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: www.elnoreste.mx

Miles de personas salieron a las calles exigiendo justicia por la desaparición forzada de los 43 normalistas, hicieron vigilias en varios países y hubo una gran ola de solidaridad con este caso, caso que hasta la fecha sigue sin ser del todo resuelto, pues los cuerpos de los jóvenes aún están desaparecidos. Un grupo interdisciplinario de varios países, se unió para resolver el caso y se pronunciaron varias organizaciones de derechos humanos internacionales al respecto. El presidente Enrique Peña Nieto, hizo en todo su gobierno, la pantomima del esclarecimiento del caso, lo cual, evidentemente no sucedió. Y el nuevo gobierno de Andrés Manuel, ha prometido buscar respuestas y hacer justicia para los 43 y sus familias.

En el caso del Hogar Seguro es diferente, inmediatamente después de la masacre, las redes sociales se inundaron de comentarios horrendos en contra de las víctimas como de las familias, era impresionante como de cada 10 comentarios, 8 eran crueles y misóginos, un desprecio total a la vida de estas jovencitas, a quienes les acusan de delincuentes, aun sabiendo que era un hogar que acogía a las menores sin conflicto con la ley. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien ya se sabe que también tuvo que ver en este macabro caso, fue incapaz de pronunciarse al respecto y otros funcionarios públicos simplemente guardaron silencio. Y no es de asombrarse, la mayoría de ellas pasaron su vida entera lidiando contra el rechazo y la exclusión por ser mujeres y por ser pobres. Otras más, por ser mujeres, pobres e indígenas. Algunas ni siquiera conocieron a sus madres, otras vieron de cerca y vivieron el maltrato de un infame, muchas trabajaban desde pequeñas, intentando palear la pobreza al lado de sus padres. Hay un sinfín de historias en común alrededor de estas niñas, quienes finamente convergieron en un mismo lugar: El Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Ahí, en donde se les debía garantizar el resguardo y la protección, encontraron la muerte y las sobrevivientes, encontraron un trauma de por vida, cuyas cicatrices les recuerda lo miserable que puede ser un Estado que en lugar de cuidar a los niños y adolescentes, no solo les mata con indiferencia, sino que con maltratos físicos, abusos sexuales, tortura y fuego.

Paralela a esa indiferencia y señales de odio, esa semana del 8 de marzo, cientos de personas se reunieron en el parque central de la ciudad capital con muestras de repudio por el asesinato de las menores, poco o nada se sabía de las condiciones en la que habían muerto y se ignoraba quiénes estaban detrás de este macabro asesinato. Fue una noticia que dio vuelta al mundo entero. Medios internacionales y nacionales se movían de la morgue a los hospitales y había personas que solidariamente colaboraban con llevar atol, panes, flores, velas y víveres a la morgue del Inacif.

Manifestación en el parque. Foto: el Periódico

Pero pronto pasó la “moda del Hogar Seguro”, las salas de las audiencias quedaron vacías, las organizaciones que les apoyaban, rápidamente se quedaron sin ayuda, para dar a las familias al menos el pasaje y un pan para que pudieran llegar a las audiencias, y es que es gente que vive en extrema pobreza, muchas veces no tienen ni siquiera para la comida, menos para ir 4 veces por semana al juzgado. Entonces el ataque para las familias fue peor: prácticamente una sociedad entera comenzó a culparas por las muertes de sus hijas, acusándoles de querer solamente el resarcimiento del Estado, señalándoles de ser malos padres y madres. De esa manera, se replegaron, no dieron más conferencias de prensa, no volvieron a organizarse por temor al rechazo social, tomaron distancia y quedaron solamente en comunicación con sus abogados y las pocas organizaciones amigas que siguen de cerca el caso.

Así de duro, así de latigante es la sociedad guatemalteca. Un país de modas, un cambio de coyuntura cada día, un país que señala y aplasta a quienes son más vulnerables, un país que desconoce cuántas son las niñas sobrevivientes, que desconoce que una de ellas fue quemada con su bebé en el vientre (ambos sobrevivieron). Un puñado de gente solidaria que aún llora a las pequeñas y que exige justicia.

Estamos a menos de un mes de conmemorar el segundo aniversario de esta masacre, la justicia va lenta, algunos perpetradores se encuentran bajo prisión preventiva, pero otros, continúan laborando en los mismos lugares, ostentando cargos que pueden obstaculizar el proceso, como en el caso del actual procurador de niñez y adolescencia de la PGN, Harold Augusto Flores Valenzuela.

Las familias esperan que se haga justicia por las niñas, piden que no se les estigmatice y que se respete la memoria de quienes ya no están aquí. Las sobrevivientes mientras tanto, siguen luchando no solo en contra de este sistema recalcitrante, sino que ahora con cicatrices en sus mentes, cuerpos y rostros, lo que a algunas les impide salir a la calle y vivir una vida como cualquier otra jovencita. Ahí están, representando a las y los cientos de adolescentes que viven institucionalizados en hogares deplorables, hacinados y quién sabe si al igual que ellas, bajo una red de trata.