¿Descanse en paz el derecho de acceso a la información pública?
La participación ciudadana en una democracia se relaciona con la posibilidad de saber lo que ocurre en las instituciones estatales. Presupuestos, estadísticas, informes y un sinfín de datos son recursos que, por derecho, toda la ciudadanía puede conocer.
El derecho al acceso a la información pública es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de Guatemala desde el año 2008, siendo regulado por la institución del Procurador de los Derechos Humanos -PDH- quien puede tomar acciones para garantizarlo.
Asimismo, este derecho está respaldado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, Convención Interamericana Contra la Corrupción, Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Organización de Estados Americanos y Tribunales Internacionales de Derechos Humanos.
No obstante, el 23 de junio de 2020 el diputado José Alejandro de León Maldonado del partido Podemos presentó la iniciativa de ley 5792 para la creación de la «Secretaría técnica nacional de acceso a la información pública».
Esta iniciativa se tramitó en la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso integrada por cinco diputados de la UNE, dos de CREO, Javier Hernández de FCN-Nación, Wilmer Mendoza de VAMOS, Julio Lainfiesta de UCN y Alberto Sánchez de Movimiento Semilla quien fue el único que razonó su voto en contra de esta iniciativa.
La ley ha generado preocupación por el riesgo de debilitar y restringir el derecho a la información pública. Lilian Sierra, encargada de la ley de acceso a la información pública en la PDH menciona que este ha sido un derecho garantizado por la PDH aunque el Congreso no le asigne el presupuesto correspondiente. “Nos preocupa que esta oficina no vaya a atender las solicitudes de información. Vemos con mucha preocupación que se estén imponiendo multas cuando ya hay un decreto de la Contraloría donde se habla con las sanciones que no rinden cuentas.”
De hecho, en varios casos se han logrado condenas por la restricción del derecho al acceso a la información. Se menciona que en dos municipalidades, una en Huehuetenango y otra en Totonicapán, se sancionó penalmente a los consejos municipales y a un alcalde por negarse a dar información pública.
En otros casos, la PDH ha intervenido para que el derecho se haga efectivo: “en tiempos de covid-19 se ha estado dando seguimiento. El Ministerio de Salud era uno de los que no quería entregar información y hemos intervenido y velado porque se cumpla el derecho de acceso a la información a pesar de la pandemia”.
Doble ataque a la PDH: presupuesto e iniciativa 5792
Para la agenda de este miércoles 18 de noviembre se incluía el primero de los tres debates necesarios para la aprobación de la Ley de Creación de la Secretaría Técnica Nacional de Acceso a la Información Pública. Ante ello, el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade convocó a la colocación de una ofrenda floral por el deceso del derecho de acceso a la información pública
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A ello, se sumó la discusión anómala del presupuesto 2021, donde entre otros rubros dedicados a la atención de la desnutrición y las mujeres también se redujo el presupuesto de la PDH en Q20 millones. Esta reducción fue rechazada por distintas bancadas opositoras, así como por organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres.
La población acompañó la acción del PDH en las puertas del Congreso a las 10 am, en rechazo a la iniciativa de ley 5792 y a la reducción de presupuesto para las problemáticas más urgentes del país.
Una de las preocupaciones más sentidas es acerca de la autonomía e independencia de la pretendida Secretaría: “vemos con preocupación que ahora se vaya a rendir cuentas a una comisión del congreso [de probidad y transparencia] porque sabemos que el Congreso es un órgano netamente político y el tema de la información se debe ver desde una perspectiva técnica” agregó Lilian Sierra.
Un derecho ya vulnerable
El acceso a la información pública es un derecho que permite el conocimiento y ejercicio de otros derechos políticos. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- esto resulta especialmente importante para sectores sociales marginados que no suelen tener la posibilidad de acceder a otros mecanismos de información más constantes.
La herramienta de la información pública funciona desde datos que cada institución debe tener de oficio en sus medios de comunicación, hasta las solicitudes específicas que cada persona puede realizar sin ningún tipo de discriminación ni cobro. Esto significa que cada ciudadana tiene el derecho de preguntar y recibir respuesta de sus solicitudes de información en las instituciones del Estado.
Los actos de la administración pública y quienes la ejercen, es decir, los funcionarios públicos, deben ser de conocimiento general y de manera transparente. Las acciones en la administración pública no deben ser un secreto ni deben ser inaccesibles, ya que este tipo de dinámicas favorecen a la corrupción y la impunidad.
Sierra narra que han encontrado oficinas cerradas y donde no se ha estado atendiendo “y en tiempos de crisis es sumamente importante que la información sea accesible. También es importante que el tema de la información esté funcionando adecuadamente porque tenemos muchos préstamos donde hay que saber cuál fue la ruta, si los fondos fueron utilizados de manera adecuada”.
En caso de vulnerarse este derecho, se puede presentar una denuncia al Ministerio Público y la Fiscalía Contra la Corrupción debe realizar la investigación y acciones correspondientes para garantizar el acceso a la información pública.
De acuerdo con el Informe de Situación del Derecho al Acceso a la Información Pública 2020 de la PDH, registran que en el año 2019 hasta el 31 de enero de 2020, de los 1262 sujetos obligados a dar información pública fueron 943 quienes entregaron la información solicitada a tiempo, 4 extemporáneamente y 319 incumplieron con la entrega.
De estos sujetos obligados, la mayor parte de los que incumplieron son del sector público (99) de los cuales la mayoría fueron los Consejos Municipales de Desarrollo –COMUDE- (78). Del sector no público, la mayoría de los sujetos que incumplieron fueron Licencias de explotación de minerales (137).
De estos datos se desprenden los sujetos obligados que más incumplieron con la entrega del informe anual en el año 2019: Licencias de explotación minerales (137), Consejos Municipales de Desarrollo (78), ONGs (38), Fideicomisos (28), Hidroeléctricas (14), Municipalidades (6), Consejos Departamentales de Desarrollo (4) y Petroleras (3).
En 2019 se han atendido 86,715 solicitudes de acceso a la información pública a 1,258 sujetos obligados. De estas, 25,926 han sido escritas, 35,933 verbales, 24,718 electrónicas y 986 de otras formas. En promedio, el tiempo de respuesta es de 3.32 días y se han realizado 3,407 prórrogas en el plazo para la información. Asimismo, 2,916 solicitudes no se han satisfecho por ser datos confidenciales.
