Daniel Ortega, un peligro para las mujeres centroamericanas
Fotografía: Karen Lara
La periodista, antropóloga social e investigadora, Irma Alicia Velásquez Nimatuj, maya-k’iche’ de Quetzaltenango, fue detenida el domingo 24 de julio por la autoridades nicaragüenses.
Irma Alicia Velásquez Nimatuj se encontraba viajando a Managua por temas de trabajo. Sin embargo, al bajar del avión la detuvieron y la despojaron de sus pertenencias. De esta misma manera estuvo detenida en migración y custodiada por dos personas. Ella había preguntado el motivo de su detención, pero nunca le respondieron.
Se tiene entendido que será devuelta a Guatemala, sin que se tenga información de cuándo llegará al país. La Cancillería de Guatemala confirmó, aproximadamente a las 20:00 horas del domingo 24 de julio, que solicitaron información al gobierno de Nicaragua sobre este hecho.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se ha pronunciado mostrando el rechazo a través de un comunicado en Twitter, donde expresan su solidaridad con Irma Velásquez. Asimismo, señalan que en los últimos meses han visto una persecución en el gremio del periodismo nicaragüense.
La dictadura de Ortega contra las feministas
Desde el mandato de Daniel Ortega en 2018 se ha visto una serie de detenciones y criminalizaciones hacia organizaciones feministas, trabajadoras que se han pronunciado en contra de la dictadura de Ortega.
En el mes de junio, 27 organizaciones feministas han sido canceladas, sumando así más de 80 organizaciones desacreditadas por el gobierno. Todas estas organizaciones han trabajado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñez.
La Fundación de la Mujer Nicaragüense (FUNIC- Mujer), Fundación María Cavalleri (FMC), Asociación de mujeres Jóvenes luchadoras (JOLU), Asociación de Ayuda a Mujeres emprendedoras de escasos recursos (AMER), Asociación de Mujeres Adolescentes y Jóvenes caribeñas (ADMAJ), Asociación Intergeneracional por la paz y la vida (ASINGPAVI), Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca y la Asociación Intercomunitaria para Desarrollo Estratégico de Península de Cosigüina. (AIDEPC), son algunas de ellas.
En la mayoría de los casos de cancelación, las organizaciones han llevado procesos jurídicos en los que han señalado los procedimientos de “arbitrarios” por parte de las autoridades. El argumento: es que han violado las leyes de Nicaragua. Esto a través de la ley de “Agentes Extranjeros”.
Parte de estas cancelaciones son acompañadas de acciones que buscan intimidar a las defensoras de los derechos humanos como desmantelamientos de las oficinas, hostigamientos y ataques, explica IM-Defensoras.
Todo esto sucede en un país donde al menos 71 mujeres han sido registradas como víctimas de femicidio en el año 2021 y donde 13 defensoras de derechos humanos fueron encarceladas y condenadas entre 8 y 18 años de prisión por su trabajo para democratizar el país.
Desde el 2018 el Estado Nicaragüense al mando del gobierno de Daniel Ortega, ha derogado leyes y eliminado instituciones que buscan garantizar el derecho de las mujeres. Siendo un retroceso en los logros que han reivindicado las feministas nicaragüenses. Contrario a los principios sandinistas que buscaban y proponían la igualdad de mujeres y hombres en la sociedad nicaragüense.
