Consejo Superior Universitario sanciona a 73 estudiantes, docentes y trabajadores

El Consejo Superior Universitario (CSU) ha ratificado este 20 de marzo la decisión de aplicar medidas disciplinarias contra estudiantes, docentes y trabajadores, a quienes acusa de “irrumpir y usurpar” el campus central de la USAC, ubicado en la zona 12 por más de un año. Las sanciones surgen por la oposición de la comunidad universitaria contra el rector de facto Walter Mazariegos.

Por Prensa Comunitaria

Este 20 de marzo, una mayoría de integrantes del CSU sancionaron a docentes, estudiantes, trabajadores y activistas por oponerse al fraude en la elección a rector de la USAC. Los 73 sancionados tienen tres días para contraargumentar y presentar pruebas que desvanezcan la acusación y luego el departamento jurídico deberá resolver si el CSU debe o no sancionarlos con la expulsión de la universidad.

Los integrantes del CSU, en una sesión virtual, ratificaron el Acta 6-2024 que fue presentada por el secretario general de la universidad, Luis Fernando Cordón Lucero, en la que se conoció y aprobó instaurar un procedimiento disciplinario en contra de 39 estudiantes, 34 docentes, trabajadores, jubilados y 7 personas que no tienen vínculo con la USAC.

Todos son criminalizados junto a activistas que se sumaron a denunciar el fraude en la elección a rector y que cuestionaron la violencia con la que las autoridades del CSU actuaron en contra de la comunidad universitaria el 4 de agosto de 2022, cuando un grupo de choque dirigido por Luis Pedro Ortiz director de la Dirección General de Administración de la USAC irrumpió violentamente en las instalaciones del campus central.

Cordón Lucero señala a los diputados del partido Movimiento Semilla, Raúl Barrera y Román Castellanos Caal de irrumpir, obstaculizar e impedir al acceso al campus central de la USAC ubicado en la zona 12 de la ciudad capital.  De esto mismo señala a Andrea Marcela Blanco Fuentes, a Cindy y Aldo Dávila Morales; a Helmer Velásquez Herrera, a Camilo García, Fernando Palencia y al exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade.

Entre las 73 personas que el CSU resolvió sancionar figuran varios representantes ante el Consejo Superior Universitario.

Entre ellos, dos representantes estudiantiles ante el CSU: Eduardo Parada de la Facultad de Agronomía y Sofía Cardona de Veterinaria y Zootecnia. Asimismo, figura el representante docente, Marco Vinicio de la Rosa; el representante profesional, Osmín de Jesús Pineda; el decano de Veterinaria, Rodolfo Chang; la vocal estudiantil de la Facultad de Agronomía, Sahara Méndez; y la vocal docente de Ciencias Jurídicas y Sociales, Astrid Lemus.

Los 73 universitarios enfrentan cargos por irrupción, obstaculización e impedimento al acceso, así como la toma del Campus Central zona 12, hechos que se habrían producido desde el 19 de mayo de 2022 al 9 de junio de 2023.

El secretario general de la USAC argumenta que las instalaciones universitarias fueron declaradas “Patrimonio Cultural de la Nación” y que los criminalizados son responsables de la supuesta destrucción del patrimonio físico y cultural, así como del impacto financiero que ha sufrido la casa de estudios.

Además, alega que la conducta de los ahora sancionados atentó contra la normativa universitaria, la ética, el decoro y la promoción del nivel espiritual, intelectual y científico de los habitantes de Guatemala.

Aunque en febrero pasado se había informado que 22 miembros del CSU votaron a favor de la criminalización, el acta final refleja que 23 están de acuerdo con las sanciones, ya que el representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas, Julio Saavedra Gonzáles, emitió su voto a favor de las sanciones vía WhatsApp.

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De acuerdo con el Acta 6-2024, basada en votos razonados y asistencia a la sesión virtual del 28 de febrero, así se registró la votación:

De los 34 integrantes, 23 votaron a favor de las medidas disciplinarias, siete votaron en contra y cuatro se abstuvieron.

Con esta ratificación, se espera que los 73 sancionados sean notificados por la administración universitaria, y tendrán tres días hábiles para enviar por escrito su defensa, incluyendo todos los argumentos que consideren pertinentes sobre la conducta que se les atribuye.

Además, el acta señala que las personas mencionadas en el expediente corresponden a un primer grupo, ya que se continúa recabando información sobre otros participantes para su identificación, cuyo informe se prevé entregar posteriormente al CSU.

En el Dictamen DAJ No. 013-2024 Materia Administrativos firmado por Cordón Lucero se afirma que los estudiantes expulsados de la USAC son Mario Palencia y Camilo García. Sin embargo, existe una resolución judicial que le ordena al CSU restablecer los derechos de Camilo García y reincorporarlo a la universidad.

Postura del Colegio de Abogados

El razonamiento de Berner Alejandro García García, representante profesional ante el CSU del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), es contradictorio.

García señala estar a favor de la instauración de medidas disciplinarias, basándose en la idea de que es razonable que la Universidad excluya a aquellos que, a pesar de sus esfuerzos, no logran alcanzar un nivel mínimo en sus programas académicos. Su argumento no concuerda con la acusación que busca criminalizar a los 72 universitarios.

Además, García señaló como antecedentes el amparo promovido el 6 de mayo de 2022 por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta resolución ordenó al CSU convocar de manera inmediata una sesión del Consejo y acordar un nuevo lugar para llevar a cabo la elección de rector en un plazo de 5 días, en observancia del artículo 19 de la Ley Orgánica de la USAC. Sin embargo, García omitió mencionar que el artículo 19 establece un plazo mínimo de dos meses para convocar nuevamente a elecciones de rector, lo que sugiere que la resolución violó la Autonomía Universitaria.

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García señaló que el CSU actuó conforme a derecho al acatar lo dispuesto por la Sala Quinta e indica que esto desencadenó una “Digna Resistencia”, que, según él, carecía de fundamento. El consejero omitió mencionar que hubo al menos nueve amparos interpuestos y varias denuncias penales que aún no se han resuelto. Estas acciones legales podrían revertir el autonombramiento de Walter Mazariegos como rector.

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También señaló que el CSU fue atacado de manera sistemática por parte de la “Digna Resistencia”.  Tampoco en su razonamiento mencionó que existe una denuncia penal contra directores de dependencias de la rectoría, por proporcionar información sensible de universitarios que protestaron contra el fraude electoral y el rompimiento de la Autonomía por parte del CSU.

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Entre otros argumentos, García intentó justificar que el CSU realizó un intento para dialogar con quienes tenían tomadas las instalaciones de la USAC, para lo que se creó una Comisión de Diálogo.  Sin embargo, omite mencionar que la Coordinadora General de Estudiantes insistió en dialogar desde el 31 de agosto de 2022. Además, realizaron varias conferencias de prensa en las cuales públicamente instaban a iniciar una mesa de diálogo con los consejeros, peticiones a las que nunca obtuvieron respuesta por parte del CSU.

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Postura de los docentes de Derecho

El consejero José Alfredo Aguilar Orellana, representante docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se abstuvo de votar y tomó distancia de la decisión del CSU. En uno de los puntos relacionados con las pruebas presentadas en el Dictamen Jurídico, señaló que, para garantizar un debido proceso y respetar principios como el de legalidad, imputación, taxatividad e inocencia, es necesario describir la conducta con detalle, incluyendo elementos de tiempo, modo y lugar. Destacó la importancia de individualizar cada conducta, evitando la generalización, y expresó su preocupación por la posible extralimitación en las funciones disciplinarias del Consejo al perseguir a jubilados, pensionados o a quienes han sido elegidos en Asambleas Generales de los Colegios profesionales.

Del resto de consejeros 

María Eunice Enríquez, representante docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, argumentó en su voto en contra de instaurar las medidas disciplinarias ya que el análisis presentado como jurídico no es vinculante y que las pruebas pueden entenderse como circunstanciales, sin necesariamente demostrar los hechos reclamados.

Luis Alberto Barillas, representante docente de la Facultad de Odontología, justificó su voto en contra de la instauración de medidas disciplinarias argumentando que varias personas contra las que se buscan procesos administrativos están protegidas por el derecho a la libre emisión del pensamiento reconocido en el artículo 35 de la Constitución Política.

Ana Verónica Carrera Vela, representante docente de la Facultad de Arquitectura, fundamentó su voto en contra de las medidas disciplinarias y señaló que el CSU podría estar excediendo su autoridad y campo de competencia al evaluar una situación con base en una legislación que no estaba vigente en el momento de los hechos. Subrayó la importancia de respetar la libre emisión del pensamiento, la libertad de organización y manifestación, garantizadas por la Constitución y los Derechos Humanos, para construir una cultura de diálogo y paz en la comunidad universitaria.

Wilder Santos Chingo, representante estudiantil de la Facultad de Arquitectura, al explicar su voto en contra de las medidas disciplinarias, argumentó que existe una inconsistencia en los argumentos del Departamento Jurídico para determinar en qué momento deben conocer casos judicializados. Como ejemplo señaló que en el caso del representante estudiantil Camilo García dicho departamento se excusó de no revisar el caso de la expulsión ya que el caso estaba judicializado. Señaló además que las pruebas presentadas no demostraban que las personas señaladas hubieran ocupado el campus universitario durante el tiempo que estuvo cerrado.

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El representante estudiantil de Agronomía, Edgar Parada Villalta, destacó en su razonamiento que la instauración de medidas disciplinarias contra autoridades electas transgrede directamente el gobierno tripartito de la universidad. Además, expresó su solidaridad con los estudiantes, docentes y personal de la USAC que luchan por defender la Autonomía Universitaria.