Claudia González: persecución ilegal

Foto: Prensa Comunitaria

Por Lucía Escobar

La abogada y notaria Claudia González fue este lunes 18 de marzo a tribunales sin saber si regresaría a su casa o si de nuevo le tocaría ir a prisión.

El juez B del juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Jimi Bremer (incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos que no pueden entrar a Estados Unidos) ordenó que Claudia González vaya a debate oral y público.

El delito de abuso de autoridad del que se le acusa, supuestamente lo cometió cuando fue mandataria de la extinta CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad. Y aunque este delito solo aplica para funcionarios públicos, y no para exmandatarios de organizaciones internacionales, como en el caso de Claudia González, estos “detalles” de la ley parecen no importar cuando se trata de criminalizar el ejercicio de la defensa pública.

Según Claudia González “No se tomaron en cuenta los argumentos de la defensa. No se hizo referencia a los medios de prueba, ni a ningún análisis de lo planteado por la defensa. Se violentó el acuerdo personalísimo, la norma y se dejó muy vaga la acusación” comentó la abogada que defiende además, a por lo menos doce exfuncionarios de la CICIG y de la FECI, todos criminalizados.

Cuando los patos les tiran a las escopetas

La demandante es Blanca Stalling, exmagistrada de la CSJ, Corte Suprema de Justicia.

Stalling había sido denunciada en el 2017 por el juez Carlos Ruano, quién la acusó de tráfico de influencias y presentó una grabación en la que se escucha cuando ella intenta influir y beneficiar a su hijo acusado de corrupción en el caso IGSS-PISA.

El caso de la magistrada siguió el procedimiento habitual: una Comisión Pesquisidora examinó las pruebas y recomendó retirar el derecho de antejuicio por existir suficientes indicios de que se cometió un delito. Con 119 votos a favor y 5 en contra, el 2 de febrero del 2017, el Congreso de Guatemala le levantó la inmunidad a Blanca Stalling, y fue arrestada cuando intentaba darse a la fuga con una peluca y portando una pistola. Fue separada del cargo.

Pero en el 2021 decidió vengarse contra quienes la apresaron y puso una denuncia contra el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa, y otros auxiliares fiscales que trabajaron en el caso y “cualquier otra persona que resultare responsable”.

En junio del 2022, el juez Víctor Cruz, declara sobreseimiento a favor de Stalling, y cierra el caso, a pesar de ser cuestionado por su relación laboral con la exmagistrada.

Stalling acusó a González de llevar a cabo una investigación previa a la denuncia teniendo como prueba únicamente su propia declaración. El 24 de agosto del 2023 pidió una orden de captura, sin haberse realizado una sola diligencia ni investigación contra González, de un hecho ocurrido en 2017, siendo esto ilegal.

Claudia González fue detenida en agosto del 2023, su equipo de computadora fue secuestrado y ella enviada a prisión preventiva en el Mariscal Zavala donde pasó 82 días encerrada. González no pudo tener acceso a los motivos de su captura, por encontrarse bajo reserva su caso, esto vulnera su derecho constitucional, convirtiéndolo en una detención ilegal. Al permitir que Blanca Stalling sea querellante adhesiva, se cometió otra ilegalidad, ya que ella es jefa del juez a cargo, Jimi Bremer, por lo tanto, hay un conflicto de interés.

Una venganza que se institucionaliza

Para la abogada, Claudia González: “Esta es una gran prueba para el sistema de justicia, para los defensores de derechos humanos. Por una parte, sé que soy inocente, pero por otra parte tengo el problema de que el sistema de justicia no está respondiendo y este tipo de sentencias crea precedentes.

Abre la puerta a que cualquiera pueda ser criminalizado por abuso de autoridad”. Y agrega: “Esto es una venganza total. Se quieren vengar de nosotros por haber investigado gente poderosa política y económicamente.

Es un mensaje grave para abogados, fiscales y para todo el mundo que estén haciendo lo que se les dé la gana, particularmente me afecta y a varios colegas, pero para el sistema de justicia a nivel nacional es gravísimo. No hay ningún tipo de garantía”

Claudia González también es defensora de Juan Francisco Sandoval, de la abogada Virginia Laparra, quien estuvo presa de conciencia durante casi dos años, así como de otras exoperadoras de justicia. Al ser ella misma, criminalizada, deja en una situación de vulnerabilidad a sus defendidos. Por eso mismo, insta a los jueces a que resuelvan conforme a derecho.

¿Quién es Claudia González?

Es una abogada y notaria guatemalteca con una trayectoria de más de 24 años como defensora de los Derechos Humanos en Guatemala.

Defiende al menos a 12 personas perseguidas por el Ministerio Público. En Guatemala es una de las personas que simbolizan la lucha contra las injusticias cometidas por lo que se conoce como “Pacto de corruptos”.

Claudia recibió el Premio del año 2023 otorgado por la organización Lawyers for Lawyers, por representar valientemente a defensores de derechos humanos a un alto costo para su propia vida y seguridad personal.

Estuvo en privisión preventiva 82 días en la cárcel militar Mariscal Zavala por este mismo caso de abuso de autoridad.

En la CICIG trabajó en casos emblemáticos sobre corrupción y redes de poder como el de

Comisiones Paralelas 2015, el de Plazas Fantasma del Congreso de la República del 2012 al

2015 o el caso de la magistrada Stalling Dávila, entre otros.

Claudia es una de las diez abogadas que han investigado la corrupción y la impunidad, ya sea fiscales del Ministerio Público que trabajaron en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI como Samari Gómez, Virginia Laparra, Eva Sosa, Alis Morán y Paola Escobar, así como las abogadas y mandatarias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG como Amy Girón, Leily Santizo, Flor Gálvez y González. Ellas han sido perseguidas y hostigadas por su labor de investigación de casos de alto impacto de corrupción. También han sido acosadas por ejercer su defensa, por lo que se a ellas se suma la abogada Wendy López que forma parte del equipo de defensa.

Ruda

RUDA surgió en 2017 entre reuniones e ideas del consejo editorial de Prensa Comunitaria bajo la necesidad urgente y latente de tener un espacio digital en dónde evidenciar, publicar y visibilizar las luchas de las mujeres.

Anterior
Anterior

Piden protección a comunidades que habitan en áreas protegidas de Petén

Siguiente
Siguiente

Bloques feministas en Guatemala: rojo, maya, de jóvenas y de mujeres gordas