Blanca Castillo, madre de Agerly Daniel Castillo Velásquez, de 13 años, denunció que la adolescente desapareció el 24 de febrero en Tierra Nueva, Chinautla, a quien ha estado buscando por sus propios medios, ya que señaló que las autoridades no la han apoyado en la búsqueda.
María Isabel, en el 2001, era una niña de 15 años, trabajaba en vacaciones en una tienda de la sexta Avenida de la zona 1, pero el 16 de diciembre no regresó a su casa. Su madre, Rosa Elvira Franco, acudió al Ministerio Público (MP) al día siguiente para denunciar la desaparición de su hija, sin embargo, las autoridades no actuaron inmediatamente y a las 14:00 horas del 18 de diciembre encontraron el cuerpo de Isabel sin vida. Había sido víctima de violencia sexual y asesinato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que el Estado de Guatemala había cometido una serie de falencias desde la tergiversación de la escena del crimen hasta la investigación penal, un proceso que hoy llegó a la etapa de conclusiones finales 18 años después de ser iniciado.
Por Lourdes Álvarez Nájera
Por Lourdes Álvarez Nájera
El recorrido hacia la sanación
Ante la violencia estructural y cotidiana contra las mujeres, muchas se enfrentan a una preguntan fundamental: ¿qué hacer? Las miradas sobre la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia machista tienen distintos enfoques para conformar rutas integrales que prioricen la vida, salud emocional y física de las mujeres sobrevivientes de violencia. A pesar la existencia de instrumentos legales y rutas establecidas en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, como la CEDAW y Belém do Para, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- las instituciones estatales siguen careciendo de medios y voluntad política para atender esta urgencia que solo en 2020 cobró la vida de 455 mujeres, con un promedio de 209 denuncias diarias de violencia contra las mujeres.
Ante la violencia estructural y cotidiana contra las mujeres, muchas se enfrentan a una pregunta fundamental: ¿qué hacer? Las miradas sobre la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia machista tienen distintos enfoques para conformar rutas integrales que prioricen la vida, salud emocional y física de las mujeres sobrevivientes de violencia. A pesar la existencia de instrumentos legales y rutas establecidas en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, como la CEDAW y Belém do Para, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- las instituciones estatales siguen careciendo de medios y voluntad política para atender esta urgencia que solo en 2020 cobró la vida de 455 mujeres, con un promedio de 209 denuncias diarias de violencia contra las mujeres.
Por: Consejo del Pueblo Maya
Sindy Laureana, Nora, Gricelda Maryli, Luz María son últimos nombres de las mujeres que nos duelen. El Observatorio de las mujeres del Ministerio Público registra en su portal 23 femicidios y muertes violentas, pero hasta hoy se han conocido públicamente 29 en todo el país. Por día en Guatemala desaparecen cuatro mujeres.
Por: Andrea Rodríguez
Por: Roxana Coronado,Claudia Salguero
El juicio por el caso de la Zona Militar #21 “Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz” (CREOMPAZ) se considera el mayor suceso de desaparición forzada en toda América Latina. Sin embargo, este no fue el único delito por el que se le acusa al ejército de Guatemala: mujeres q’echi’, poqomchí y achí, incluidas niñas en el momento de los hechos, denunciaron la violencia sexual vivida en esta zona. Hoy, La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), la Comunidad Plan de Sánchez y la Asociación de Vecinos de Chicoyogüito buscan que sus historias no queden impunes, al ser omitidas por jueza de Mayor Riesgo “A” Claudette Domínguez cuando inició el juicio por el Caso CREOMPAZ.
No olvido a quién violo lo que una vez fue mi cuerpo pequeño, perdono porque mi cuerpo y mi vida es más que una violación sexual.
El año 2020 estuvo marcado por distintas crisis sanitarias y ambientales que en sus efectos también agravaron la situación de las mujeres defensoras y criminalizadas. De acuerdo con el informe de We Effect Luchas de alto riesgo: las mujeres en primera línea en la defensa de la tierra y el territorio, a nivel latinoamericano los asesinatos hacia activistas y personas defensoras del territorio aumentaron durante la pandemia por COVID-19. Asimismo, las mujeres defensoras que atraviesan procesos de criminalización sufrieron el atraso en sus audiencias y en el esclarecimiento de su situación. Digna Dalila Mérida, pobladora de El Pital, Coatepeque, en Quetzaltenango, es una de ellas.
“Iban por los jóvenes”, dijo Roxana Coronado cuando narró la detención de su hijo, Pablo Puente, durante las jornadas de protesta del 21 de noviembre. Este objetivo gubernamental de criminalizar a las juventudes no terminó con la represión vivida en Huehuetenango, Quetzaltenango y la Ciudad de Guatemala el #21N; considerando que el ministro de gobernación responsable, Gendri Reyes, continúa en su cargo a pesar de las exigencias de su renuncia o destitución.
Digo tal cual: todas las mujeres hemos estado expuestas a la violencia de género y, yendo más allá, a violencias interseccionales que evidencian las violencias particulares atravesadas que van conformando nuestras maneras particulares de afrontar la vida. En nuestros cuerpos se encuentran las vivencias, los aprendizajes, las consecuencias y las heridas. Algunas, desde las búsquedas, los recursos personales, las propuestas comunitarias y en ocasiones también desde el privilegio, atravesamos procesos de sanación en los que visualizamos la posibilidad de reconstruir la vida a partir del cuidado, la escucha propia, la autoconciencia y la búsqueda de erotizar la vida cotidiana como apuesta política frente a los golpes constantes de nuestras sociedades patriarcales que impregnan a esta existencia en una nube gris densa que nos imposibilita la risa, la calma, la expresión, el descanso, la armonía y la plenitud.
En Chile, como en toda Abya Yala, la violencia sexual sigue siendo una forma de violencia masiva y sistemáticamente perpetrada en el ámbito público como en el privado e íntimo, con complicidad del entramado cultural patriarcal, basado en la misoginia, el abuso, la explotación y el dominio como paradigma. Es siempre política, porque corresponde a un mecanismo de control y continuidad de la cultura de supremacía masculinista.
El gobierno de Alejandro Giammattei no ha cumplido ni un año y ha estado marcado por varias crisis a las cuales no se les ha brindado la respuesta que la población esperaba. Desde las limitaciones a la libertad de prensa, las crisis sanitaria y económica que derivó de la pandemia por covid-19, las tormentas tropicales Eta e Iota y la desatención a las comunidades inundadas, hasta las múltiples evidencias de pactos entre el legislativo y el presidente para llevar agendas regresivas y acordar un presupuesto a escondidas de la población.