Son las 7 de la mañana del 26 de octubre. En “El Renacer”, un barrio de El Estor, Izabal, está la casa de Carlos Ernesto Choc, de 39 años, periodista de Prensa Comunitaria. Dos camiones del Ejército, cuatro patrullas y un picop particular se parquean en las proximidades. Un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas señala la casa de Choc. La vivienda donde habita está sola en ese momento. Soldados la rodean mientras la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público registran el lugar.
Muy buenas tardes:
En medio de los ataques del Gobierno, las mujeres autoridades indígenas de El Estor, Izabal, han tenido un rol protagónico en la defensa del territorio Q’eqchi’ y la resistencia contra los intentos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) para seguir operando la mina que fue suspendida en 2019 por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras ignorar el derecho de consulta comunitario.
El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.
María Cristina Ramírez Reyes defensora de derechos humanos e intérprete en comunidades Q’eqchi’ de Livingston, Izabal, regresó a casa después de pagar una caución económica de Q3 mil y quedó ligada a proceso.
Alida Arana Vicente, defensora de derechos humanos, fue denunciada ante el Ministerio Público (MP) y ha sido perseguida junto a los demás integrantes de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla; por acompañar los actos de resistencia frente al extractivismo que afecta a las comunidades poqomames. Ante los ataques responde: “No nos van a callar, no tenemos miedo. Vamos a seguir”.
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos y de la comunidad LGTBIQ+, se organizaron para exigir la derogación de la iniciativa de ley 59-40 “Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género” presentada ante el Congreso de la República, por considerar que atenta contra la integridad de la niñez y adolescencia trans.
De la población de la diversidad sexual, la violencia contra ellas, es menos visible. Así lo afirman lesbianas, activistas, abogadas, psicólogas y sociólogas. Se les oprime por ser mujeres y otra por no plegarse a la norma heterosexual.
Este 11 de octubre, en el marco del Día de la Niña, varias organizaciones civiles se unieron para exigirle al Estado guatemalteco y a las autoridades, protección para que las niñas puedan realizar su proyecto de vida.
La población Chuj del área rural de San Mateo Ixtatán continúa con temor a vacunarse en territorio guatemalteco y prefieren hacerlo en territorio mexicano, mostrando así un abierto rechazo al Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Querellantes que son hijas y familiares de las y los detenidos-desaparecidos que aparecen en el Diario Militar, también conocido como Dossier de la Muerte, señalan que la búsqueda por la justicia en este caso inició hace 38 años, liderada por las mujeres que protestaban cada viernes frente al Palacio Nacional, en la capital de Guatemala, para exigir que sus familiares aparecieran con vida.
“Es necesario reconocer que una niña puede estar cerca de la muerte al tener un embarazo forzado y también implica que las niñas y adolescentes dejan de tener oportunidades en educación y de tener un desarrollo físico y mental adecuado”. Gabriela Paz Portillo.
El 4 de junio de 1984, varias mujeres que reclamaban la aparición de sus parejas, hijos y familiares desaparecidos por el Estado guatemalteco, se organizaron para crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Ellas fueron Nineth Varenca Montenegro Cottom, María Emilia García, María del Rosario Godoy de Cuevas, Beatriz Velásquez de Estrada, Raquel Morales de Linares, Blanca de Hernández, Aura Elena Farfán y Catalina Ferrer Santizo.
Fotografía: Quimy de León
Los bomberos voluntarios de Jutiapa publicaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en Pipiltepeque, Jutiapa. Se trata de Brenda Huite Ramírez, de 39 años, quien se encontraba en su casa cuando fue asesinada con arma de fuego.
Un año ha pasado desde el femicidio de Litzy Cordón, una jovencita de 20 años que fue reportada como desaparecida y horas más tarde localizada sin vida en Teculután, Zacapa el 06 de octubre.
Organizaciones impulsan la campaña #AguaEsVida en contra de la criminalización de cuatro defensores del agua de la Costa Sur que fueron denunciados por la entonces gestora comunitaria del ingenio el Pilar