La extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, cumplió 107 días en prisión cuando fue escuchada por el juez Sergio Mena en su audiencia de etapa intermedia. El juez dictó enviarla a juicio por el delito de incumplimiento de deberes luego de 10 horas de audiencia. La medida sustitutiva de arresto domiciliario le fue negada y se ordenó trasladarla del Centro de Prisión Preventiva Mariscal Zavala a la Cárcel de Matamoros. La prisión de Virginia ha sido calificada por psicólogas como una tortura, y ahora continuará en el área de mujeres de Matamoros a donde fue trasladada desde el 8 de junio.
Las cuestionadas acciones que ha realizado el Ministerio Público (MP) en contra de operadores de justicia, periodistas, defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio y estudiantes universitarias ahora también han escalado hasta el Congreso de la República, al solicitar el retiro de antejuicio a la diputada Ligia Hernández, jefa de bloque de Semilla. La solicitud de retirar el antejuicio está acompañada de una denuncia por abuso de autoridad, que según la Bancada Semilla, fue trasladada dos días después que se oficializó la reelección de Porras.
La antropóloga kaqchikel Aura Cumes presentó un amicus curiae titulado “¿Qué significa la identidad nacional para los pueblos mayas?”, para incluir en la defensa de Nanci Sinto, acusada de depredación de bienes culturales, con el análisis se busca dar elementos que ayuden a la jueza a tomar una decisión informada. En el documento se analizan las categorías de identidad nacional y patrimonio cultural sobre las cuales se ha criminalizado a Nanci Sinto considerando al edificio del Congreso como “parte de la identidad nacional”.
Cuando el feminismo habla que no hay lugares seguros para las mujeres, niñas y adolescentes, este análisis se comprueba con los testimonios y denuncias de mujeres. Un ejemplo es el fenómeno internacional #MeToo que generó e influyó en diversos países, como en Guatemala, promoviendo la discusión y la posibilidad que las mujeres alzaran la voz y rompieran el silencio en redes sociales, medios de comunicación y páginas de Internet para hablar sobre la violencia y acoso que enfrentaron por parte de hombres; figuras públicas del arte, la política y funcionarios del Estado.
Según el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP), entre 2019 y 2021 se han desestimado 24,104 denuncias de Violencia Contra la Mujer (VCM) en su manifestación psicológica, económica, física y sexual.
Entre el 2021 y los últimos meses de 2022, según datos de las Clínicas de Violencia Sexual de los Hospitales del Sistema Nacional de Salud, 5 mil 724 niñas, niños y adolescentes han sido atendidos por agresión sexual. De ellos, solo 153 casos se han registrado en el Ministerio Público (MP). Esta información dada a conocer por la diputada Andrea Villagrán revela la falta de seguimiento y justicia para la niñez y juventud.
La caravana feminista, organizada por la Red Nacional de Defensoras de Derecho Humanos, partió este 19 de mayo para alzar la voz y brindar apoyo a la comunidad garífuna. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) desde hace cuatro décadas ha defendido la tierra y los territorios, porque para ellas es importante la presencia de la cultura e identidad garífuna.
Adela Choc Cruz, del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ estuvo secuestrada junto con su hija, Sandra Tec Choc, en la casa de Mario Antonio Caal Pec y su familia en la comunidad Chichipate en El Estor, Izabal, quienes la acusaban de “bruja”, un concepto que se usaba en la Edad Media para quemar y asesinar a mujeres sabias. En estos días parece aún ser usado para criminalizar a guías espirituales mayas. Ella fue rescatada por la Policía Nacional Civil luego de que algunas personas de la comunidad dieran el llamado de alerta, la Procuraduría de Derechos Humanos y un juez de paz intervinieron para evitar lo peor.
Este año inició con un momento histórico, cuando el 24 de enero, 36 mujeres Achi de Rabinal, Baja Verapaz obtuvieron justicia después de 40 años por medio de los tribunales de Guatemala que condenaron a cinco expatrulleros de autodefensa civil (PAC) por violencia sexual y deberes contra la humanidad durante el Conflicto Armado Interno (CAI).
Han transcurrido cuatros años, en donde María ha pasado un proceso de criminalización, acusada de los delitos de usurpación agravada, detención ilegal y amenazas; la denuncias fueron presentadas por la empresa Lisbal, sociedad anónima. Tras una serie de retrasos, el 21 de abril del presente año finalmente se desarrolló la audiencia de debate oral y público que continuará el 05 de mayo.
Desde el Centro de detención Mariscal Zavala.
Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- de Quetzaltenango, permanece en prisión luego de que su audiencia de etapa intermedia programada para el día de hoy no se celebrara porque el Juzgado Séptimo dice no tener el expediente del caso y ante la falta de resolución a la excusa presentada por el juez Sergio Mena. La abogada Virginia Laparra está en prisión desde el 24 de febrero en condiciones que han afectado su integridad psicológica y emocional, hechos que han sido calificados como tortura psicológica y como un acto de venganza por parte del recientemente nombrado relator contra la tortura, Lesther Castellanos.
La magistrada presidenta de la máxima corte de Guatemala, Dina Ochoa Escribá, fue señalada de cometer el plagio de las tesis de varias abogadas, con lo que obtuvo su propia maestría. Lo hace copiando y pegando literalmente partes de, por lo menos, dos tesis. No es la única señalada de esta práctica, también la actual fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, una práctica que en los últimos dos años se ha multiplicado en magistrados de las principales cortes, incluyendo a los del Tribunal Supremo Electoral TSE.
La situación de la niñez en Guatemala está en alto riesgo por la falta de atención del Estado, la violencia estructural y la impunidad en la que se encuentran los casos de violencia, así lo explican especialistas en el tema. En enero y febrero de 2022 se han reportado 310 casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes (NNA) información registrada por la Asociación Comisión Nacional contra el Maltrato (CONACMI) .
Cuando Virginia Laparra fue jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en Quetzaltenango, denunció en al menos cuatro ocasiones al juez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos, porque supuestamente había brindado información de una investigación bajo reserva a terceros y por ventilar el caso en medios de comunicación.
Por una carrera intachable: la exjefa de FECI Virginia Laparra es encarcelada y torturada psicológicamente
Cuando Virginia Laparra fue detenida, su cuerpo reaccionó con el desmayo. Más de 10 años de carrera en el Ministerio Público con una trayectoria intachable le fueron correspondidos con cárcel. Con una presencia policial desmedida, se materializó la voluntad de tres hombres, que desde hace 4 años han buscado callarla por realizar su trabajo. En un proceso que, según opiniones expertas, se califica como tortura psicológica, Virginia Laparra se encuentra privada delibertad en el Centro de Detención Mariscal Zavala desde hace más de un mes. Como ella afirma en una carta, la han apresado por ser mujer, por haber liderado en Quetzaltenango la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, por tener un grado académico de doctorado y por ejercer su derecho de defensa.
Hace unas semanas, mientras presentaba el Oscar a Mejor Largometraje Documental en la 94ª edición de los Premios de la Academia, el comediante Chris Rock hizo un“chiste” sobre la cabellera rapada de la actriz Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido abiertamente que sufre de alopecia. Este es uno de los tantos hechos de violencia estética contra las mujeres que se comete en la industria del entretenimiento.
Lucía Ixchíu es una joven activista feminista indígena k’iche originaria de Totonicapán. Es arquitecta, gestora cultural, artista y periodista comunitaria. Hoy se encuentra exiliada junto a dos integrantes de Festivales Solidarios, luego de que su vida y libertad se vieran amenazadas por las intenciones de criminalización y la violencia política del gobierno actual. A miles de kilómetros de distancia, cuenta cómo la criminalización es un fenómeno histórico en contra de los pueblos indígenas y, especialmente, contra las mujeres que luchan.