El podcast Aborto en Centroamérica, es una producción auditiva de tres periodistas en Guatemala, Honduras y El Salvador. En esta serie se muestran las vulneraciones a los derechos de las mujeres que han atravesado un aborto, quienes en su mayoría no cuentan con los recursos para defenderse ante el abuso judicial.
Dos semanas de audiencias se han cumplido en el juicio donde están siendo procesados cinco expatrulleros por el crimen de violación sexual contra 36 mujeres Achi, que buscan justicia después de caminar 11 años hacia este proceso y poder ser escuchadas por un tribunal.
A través de un comunicado la Procuraduría de los Derechos Humanos mostró su preocupación y condena por el aumento de los femicidios en los diez días del mes de enero del año 2022. Hasta el 10 de enero han ocurrido cinco femicidios en diferentes áreas del país: Ipala, Chiquimula, zona 6 y 18 de la capital y zona 2 de Mixco.
Durante 10 años el grupo de 36 mujeres de Achi de Rabinal, Baja Verapaz han tenido que enfrentar una serie de obstáculos para poder acceder al derecho a la justicia. Luego de esos retrasos se puedo iniciar el juicio contra los cinco exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Tras 11 meses del femicidio de Luz María del Rocío López Morales, quien fue ubicada sin vida en un tragante de la Avenida Simeón Cañas en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, el 17 de diciembre por fin se logró desarrollar la etapa intermedia ofrecimiento de pruebas en el Juzgado de Femicidio y Violencia Contra La Mujer ubicado en zona 10, para iniciar el juicio oral y público contra Jorge Zea.
A un mes de que comience el tercer año del Gobierno de Alejandro Giammattei, el 2022 pinta un panorama poco alentador y cuesta arriba para legislar a favor de los derechos de las mujeres. Lo dicen con preocupación tres diputadas que conforman el bloque de mujeres dentro del Congreso de la República: Andrea Villagrán del partido Bien, Sonia Gutiérrez Raguay de Winaq y Vicenta Jerónimo del MLP.
El agua, ambiente y la salud de los habitantes de Asunción Mita, Jutiapa, estarían en riesgo con el intento de reactivación de la mina de oro y plata de “Cerro Blanco”, un proyecto extractivo de la empresa canadiense Bluestone Resources. La mina, que data de 2007, también amenazaría la vida de 6 millones de salvadoreños quienes dependen del agua de la cuenca de Ostúa, que atraviesa Guatemala y El Salvador, según denunciaron varias organizaciones ambientales.
Cuatro mujeres incluida la mamá de Melissa Palacios, asesinada el 04 de Julio de 2020 en Teculután Zacapa, decidieron manifestar encadenándose a la puerta del juzgado de paz en Zacapa luego de que un juez reformara los delitos de los femicidas, lo que podría beneficiarlos en el proceso penal.
Juana Raymundo Rivera era una enfermera maya ixil, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en Nebaj, Quiché. Quienes la conocieron la describen como una mujer seria, responsable, respetuosa y muy reservada. A Juana le arrebató brutalmente la vida su pareja: Jacinto Brito Raymundo. Un hombre mucho mayor que ella, quien era una figura respetada en la comunidad por haber sido el pastor de una iglesia evangélica y miembro de CODECA. La relación entre ellos se mantuvo en secreto durante años, los pocos que sabían de ella no pudieron prever lo que ocurriría el 28 de julio de 2018.
Este Día del Periodista, las y los reporteros, editores, columnistas y comunicadores no aspiramos a escuchar los cantos heroicos a la profesión. Hoy apelamos, más bien, a la atención de la sociedad: nuestro ejercicio se encuentra bajo un asedio inusitado.
Cada 30 de noviembre se conmemora el Día del/la Periodista en Guatemala, y se recuerda la importancia que esta labor tiene en una sociedad democrática. El ejercicio de fiscalización, el derecho a informar y estar informadas, la libertad de expresión, son todos elementos indispensables para un ejercicio periodístico libre. También son elementos que han estado bajo ataque constante durante el actual gobierno de Alejandro Giammattei.
On Guatemala’s Day of the Journalist, we reporters, editors, columnists, and communications professionals do not ask for praise. Today we raise an alarm throughout society: Our profession is under uncommon assault.
Tegucigalpa, Honduras. La primera observación desde la mirada de la diversidad sexual se llevó a cabo en las elecciones generales del 28 de noviembre en diferentes puntos del Distrito Central y San Pedro Sula.
El 24 de noviembre en horas de la mañana, la familia Archila Cáceres se encontraba en la rutina habitual de la semana; levantarse temprano, ducharse, arreglar las loncheras, desayunar y alistarse para salir a trabajar. Esa mañana, la rutina fue interrumpida por una visita inesperada.
Cada 25 de noviembre las calles y las plazas de Guatemala se llenan de distintos colores: morado, azul, verde, y en Cobán, Alta Verapaz, fue de anaranjado. Distintas organizaciones de mujeres y unidades especializadas en atención a la violencia contra las mujeres, como la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- y la red de derivación del MP acompañaron una velada conmemorativa del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres; sin embargo faltó la presencia de la gobernación departamental.
La investigación y el espionaje ilegal de la PGR contra Marcela Turati es un ataque a la libertad de expresión y un atentado contra el periodismo
En 2011 fui asignada por la revista Proceso para cubrir el hallazgo de las fosas clandestinas que se hallaron en San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas: en ese momento vi 145 cuerpos embolsados que eran subidos a un tráiler. Cientos de familias hacían filas para preguntar si entre ellos estaban sus familiares desaparecidos.
Diferentes organizaciones se unieron a la caravana organizada por la Coordinadora 25 de Noviembre, para exigir el cese de la violencia contra las mujeres y niñas, demandar justicia y que el sistema reconozca que las mujeres “no aparecemos muertas”.
Walter Daniel Sical Orozco, de 28 años, fue sentenciado a 10 años y 5 meses inconmutables, por un Tribunal de San Marcos por el delito de agresión sexual al haber acosado sexualmente a una niña de 9 años del mismo departamento.
La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia (AMMI) realizó un plantón este martes frente a la sede central del Ministerio Público (MP), en el barrio Gerona de la ciudad de Guatemala, como parte de las actividades previas al Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. De forma sorpresiva las integrantes de la organización cerraron la parte frontal del MP con cinta amarrilla, emitieron discursos y realizaron pintas, en rechazo a lo que consideran “el mayor desconsuelo de las y los guatemaltecos: la actuación de la fiscal general”.
Más de 90 familias de “Palestina”, una comunidad Q’eqchi’ ubicada dentro de la finca Chabiland, en Chinebal, al sur de El Estor, Izabal, se quedaron a la intemperie y perdieron todas sus pertenencias en cuestión de horas. El 16 de noviembre, pasado al mediodía, un grupo de hombres vestidos de civiles prendió fuego a las casas de la aldea. A pocos metros de distancia, los policías observaron impasibles el bailoteo de las llamas y el humo, mientras otros desalojaron a las pocas personas que no se habían refugiado en las montañas. El Gobierno aprovechó el estado de sitio impuesto en el municipio a finales de octubre y utilizó toda la fuerza de la policía en contra de una comunidad indefensa para “liberar” el terreno y entregarlo a la empresa de palma africana NaturAceites.