Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes continúan en aumento en el territorio de Guatemala. Durante el 2022, 713 infantes siguen sin regresar a sus hogares, según el registro del sistema Alba-Keneth. Las niñas y adolescentes son las más vulnerables frente a esta problemática.
Durante el primer semestre de este año, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró 1,106 nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años. De acuerdo con la ley de Guatemala estos embarazos son considerados como producto de violación sexual.
“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, es una de las consignas más expresadas dentro de las movilizaciones feministas. Esto no es casual: la represión policial contra la protesta ha sido una constante a nivel latinoamericano, y Guatemala no es la excepción. El descontento social contra el extractivismo, la corrupción, la injusticia, la impunidad y la negligencia del Estado se ha ejercido desde la organización colectiva y manifestaciones públicas.
La Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política “Silvia Azurdia” (AECP) realizó una conferencia de prensa ayer a las afueras del edificio M5 del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En ella, declaró como persona non grata a José Rolando Samayoa Lara, representante de egresados ante su Consejo Directivo. También informó sobre actos de intimidación realizados en contra de estudiantes y docentes que se manifiestan en favor del paro de actividades universitarias.
Las hermanas Manuela Griselda y Carla Catarina Carac Tambriz fallecieron intentando cruzar el Río Bravo, frontera entre México y Estados Unidos. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida el 18 y 19 de junio y repatriados a Guatemala el 17 de julio. Cada mes, cientos de mujeres, al igual que Manuela y Carla, migran hacia Norteamérica de manera irregular.
La familia López Morales ha iniciado un camino largo hacia la justicia por el femicidio de Luz María del Rocío, una joven criminóloga de 25 años y trabajadora del Modelo de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público (MAINA). Según las investigaciones del MP, su esposo Jorge Zea la habría dejado en un tragante al final de la Avenida Simeón Cañas luego de asesinarla con señales de violencia. Año y medio después, Zea enfrentará un juicio por femicidio agravado, el cual iniciará el 26 de julio de 2022.
“Estamos más expuestas en el trabajo sexual, a nivel social, a nivel familiar, a nivel institucional incluso y en las áreas de trabajo, los hombres trans apenas en 2015, 2016 se empiezan a organizar y muchos todavía viven como detrás de la cortina”. Galilea Monroy.
La exclusión y la violencia que sufren personas de la comunidad trans es abordada con organización y participación política, sin embargo, los asesinatos contra ellas continúan en impunidad. El Estado no responde a sus demandas por lo que ya se habla de un transfemicidio.
Han pasado 24 días desde que las y los estudiantes manifestaron pacíficamente y no han parado de demostrar su rechazo a la fraudulenta elección a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde solo participaron los cuerpos electorales de afines a Walter Mazariegos. Desde entonces, las intimidaciones contra las estudiantes no han parado.
El 2 de julio en la Ciudad de Guatemala, el Colectivo Trans de trabajadoras sexuales del Trébol zona 11 comunicó el asesinato de una de sus integrantes, Nancy Sacul Tut.
Cada 30 de junio algunos sectores de la población, que niegan la memoria histórica, celebran con pompa el Día del Ejército. Podría decirse que ese fue el caso de Consuelo Porras, actual fiscal general del Ministerio Público (MP), al haber destituido a Hilda Pineda; la investigadora que logró enviar a juicio a Efraín Ríos Montt, y a varios militares involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
Está por cumplirse un año desde la muerte violenta de MELISSA ALEJANDRA PALACIOS CHACÓN, una hija, hermana, nieta, sobrina, amiga, soñadora y visionaria mujer quien fue privada de su vida el 5 de julio del año 2021; la investigación practicada por Ministerio Público arroja como autores intelectuales y materiales de la muerte violenta a María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Ovalle, quienes sin ningún tipo de respeto a la vida humana planificaron darle muerte desde el 3 de julio del año 2021 culminando el crimen el 5 de julio del año 2021.
El jueves 23 de junio el diputado Aldo Dávila por medio de Twitter alertó a la población guatemalteca, acerca de la iniciativa 6076 “Ley de Fortalecimiento de Guatemala de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ejército”, que consiste en un sustento legal para la represión al derecho de manifestar usando a la Policía Nacional Civil (PNC) y al ejército.
Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala siguen en franco deterioro. En las últimas dos semanas ocurrió la agresión policial y detención arbitraria del periodista Robinson Ortega, del medio Relax TV de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, hecho sucedido el 16 de junio; un día después, el intento de asesinato del periodista Maynor Mérida en Chiantla, Huehuetenango. Cuatro días más tarde, en la capital, se produjo la agresión policial en contra de Vanesa Ordóñez, de Festivales Solidarios, y Carlos Hernández Ovalle, de Prensa Libre y Guatevisión –a quien además le destruyeron parte de su equipo –, mientras ambos reporteros cubrían la detención de un estudiante universitario durante una jornada de protestas.
Este lunes 27 de junio, el juez Jesús Mazarigos, del Tribunal de Sentencia Puerto Barrios, condenó a María Cuc Choc, a dos años de prisión conmutables, por usurpación agravada y si desea recuperar su libertad tendrá que pagar Q10.00 por cada día de esos dos años que le han impuesto, un alrededor de Q7, 200 para evitar la cárcel. María Choc es una mujer Q’eqchi, quien ha trabajado como intérprete y traductora y, ha brindado su ayuda a mujeres que han sufrido violencia sexual.
Las organizaciones de mujeres en Guatemala se han dedicado a defender los derechos de estas y empoderarlas. Hay trece organizaciones que tienen una lucha poco conocida, que es acompañar a las mujeres sobrevivientes de violencia.
Estados Unidos era un referente en cuanto a los derechos de las mujeres, desde la histórica sentencia de 1973 “Roe vs. Wade” de la Corte Suprema en donde se estableció que el aborto es un asunto de privacidad y autonomía sobre el cuerpo. Hoy 24 de junio, luego de haberse filtrado el 2 de mayo un borrador de las opiniones de de cuatro jueces y una jueza referentes al derecho al aborto, se oficializa la culminación de 49 años en protección legal para la interrupción de un embarazo dejando a criterio de los congresos de cada estado la legislación sobre el mismo.
Se ha cumplido un mes de la elección a rector de la Universidad de San Carlos (Usac) que ha sido señalada por docentes, estudiantes y comunidad sancarlista como fraudulenta. Un total de 11 miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) solicitaron que se revisara de oficio la elección llevada a cabo en el Parque de la Industria donde solo los electores afines a Walter Mazariegos votaron.
Fundación Sobrevivientes enfocará esfuerzos para prevenir violencia contra las mujeres y la niñez en cuatro departamentos
Los departamentos de Escuintla, Guatemala, Retalhuleu y Suchitepéquez según datos que compartió la Fundación Sobrevivientes del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público en el 2021 se denunciaron 43, 377 delitos en contra de mujeres, niñas y adolescentes. La Fundación Sobrevivientes ha atendido a 3 mil mujeres sobrevivientes de violencia.