En una casa de la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, dos mujeres trabajadoras del hogar decidieron exigir sus derechos un 1 de mayo de 1990, en el Día Internacional de las Trabajadoras. Después de laborar por tres años en esa casa, con jornadas de trabajo de más de 16 horas diarias, sin días de descanso y sin pago por horas extras, decidieron hablar con sus empleadores. Con miedo y la incertidumbre de ser despedidas, pero seguras de cuáles eran sus derechos, tomaron la palabra. Susana Vázquez dijo: “hoy es asueto, si no nos pagan por quedarnos a trabajar, nosotras saldremos”. Desde ese entonces sus empleadores ya no pudieron negarse a cumplir los derechos de las dos mujeres trabajadoras.
Los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones favorecieron a la exfuncionaria de SBS. De momento aparta a Keller del proceso que se seguía contra los presuntos responsables del siniestro ocurrido en marzo de 2017.
Pamela Azurdia, una mujer de 33 años y sobreviviente de violencia, contó a Ruda los avances en un proceso de denuncia que inició en contra del alcalde de Jocotenango y expareja; así como los detalles de su historia a través de palabras y dibujos. Pamela reiteró que cada día florece y se empodera junto a su mamá , hija y amigas.
“En conflictos en todo el mundo, ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una táctica de guerra con secuelas devastadoras”, señaló Nisha Varia, Directora de Incidencia en Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, en un artículo publicado en el 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Más de dos años han pasado desde el femicidio de Luz María López Morales. Durante este tiempo, la búsqueda por justicia de su familia logró que Jorge Zea, su esposo, fuera sentenciado a cincuenta años de prisión inconmutables. El 9 de febrero del 2023, el Estado colocó un monumento en su honor en el lugar donde su cuerpo sin vida fue encontrado. Ahora, la Avenida Simeón Cañas se llenó de luz.
Familiares de las víctimas continúan esperando justicia a casi seis años de la tragedia. Esta es la cuarta vez, en lo que va del año, que se suspende el inicio del juicio contra ocho implicados.
En el Tribunal Séptimo del Organismo Judicial (OJ) se pretendía iniciar la onceava audiencia de debate oral y público del Caso Hogar Seguro en contra de 8 sindicatos. Sin embargo, fue suspendida porque uno de ellos rechazó a la jueza Ingrid Cifuentes.
Este viernes la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, acudió a una cita médica programada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde se confirmó que debe someterse a una cirugía lo antes posible.
En el Tribunal Séptimo del Organismo Judicial (OJ), pretendía iniciar por décima vez la audiencia de debate oral y público del Caso Hogar Seguro para los grupos 1 y 2. Sin embargo, fue suspendida por las excusas de los abogados defensores de los sindicados.
Un año ha transcurrido desde que finalizó el juicio del Caso Mujeres Achí. En él, el Tribunal de Mayor Riesgo A sentenció a 30 años de prisión a 5 ex patrulleros de autodefensa civil por la violencia cometida contra mujeres de Rabinal, Baja Verapaz, durante la guerra interna. Sin embargo, 5 apelaciones aún no resueltas no permiten que la sentencia sea definitiva.
Las limitaciones en la ruta de acceso a la justicia, producto de los cambios a la Ley 779 en Nicaragua, está dejando sin opciones de denuncia a las mujeres que viven violencia pública y privada, permitiendo que sus casos terminen en femicidios.
En la Mega Sala del Organismo Judicial (OJ) se pretendía iniciar por novena vez la audiencia del Grupo 1 y 2 del caso Hogar Seguro. Sin embargo, fue suspendida por fallos técnicos relacionados al audio.
La reserva penal impuesta por la jueza de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, Carmen Acú Recinos, en el segundo caso contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, evidencia señales de censura y de autoritarismo, según opinión de abogados y analistas consultados por RUDA.
Colectivos, organizaciones y sociedad civil se presentaron frente al Palacio de Justicia en solidaridad con Virginia Laparra. La defensa de la exfiscal de la FECI presentó una apelación en contra de la sentencia de 4 años conmutables, por haber denunciado al exjuez Lesther Castellanos, en la Sala Segunda de Apelaciones.
En la prisión de Matamoros permanece Virginia Laparra, exfiscal de la FECI, quien debería estar festejando su cumpleaños este 5 de enero junto a su familia. Sin embargo, está a la espera de que inicie la etapa intermedia.
La audiencia de primera declaración contra Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) continúa sin llevarse a cabo tras dos meses de haber sido girada la segunda orden de captura en su contra.
En la audiencia de Reparación Digna la jueza Oly González rechazó la petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que buscaba imponer el pago de Q 218 mil 958 a Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en la que argumentó que era por los daños cometidos al Ministerio Público (MP).
El 21 de diciembre se celebró la audiencia de reparación digna del juicio contra Virginia Laparra, después de que fuera sentenciada a 4 años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. En ella, la Procuraduría General de la Nación (PGN), querellante del caso, solicitó que la exfiscal brindara resarcimiento económico al Estado junto a otras medidas, las cuales fueron denegadas por la jueza Oli González
En el quinto nivel de Torre de Tribunales la jueza del Tribunal Octavo, Oly González dictó condena contra Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la sentenció a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad, según la acusación del Ministerio Público, MP y Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo. La jueza González también la inhabilitó como abogada durante el tiempo que dure la condena y tiene la prohibición de optar a cualquier cargo público.