Violencias
El pleno de la Corte de Constitucionalidad ratifica que los acusados por el crimen de Melissa Palacios deberán enfrentar juicio por asesinato, al rechazar el intento de la defensa de reducir los cargos. Con ello, el caso avanza a debate oral bajo una acusación más severa, descartando que pueda resolverse con penas menores.
El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025 advierte un deterioro estructural de la libertad de expresión en el continente de América. El informe analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y su sexta edición fue presentada públicamente el 10 de marzo de 2026 durante un evento virtual organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El documento señala un asedio institucional contra el periodismo, marcado por la estigmatización desde el poder y el uso del aparato judicial para presionar o silenciar a periodistas en varios países, incluido Guatemala.
Estados Unidos abrió una investigación comercial contra 60 economías para evaluar si permiten el ingreso de productos elaborados con trabajo forzado a sus mercados. El proceso examinará si la falta de controles efectivos genera ventajas comerciales injustas que afectan a empresas y trabajadores estadounidenses.
El proceso penal contra la activista maya Kaqchikel Nanci Sinto ha sido considerado como un caso de criminalización porque surge de una manifestación en un espacio público y contra personas críticas al gobierno de Alejandro Giammattei.
“La prensa en Guatemala es vector de un debate público que es fuerte y que sería mucho más fuerte si hubiera más garantías”
Frente a las amenazas, el acoso judicial, la criminalización, la persecución, la violencia física y las campañas de desinformación contra la prensa en Guatemala, el Relator Especial para la libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, resaltó la importancia de un mecanismo de protección a periodistas.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, quien hizo una visita al país, dijo en informe final que el sistema de justicia de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”.
Organizaciones denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fallas en restitución internacional que afectan a madres que huyen de la violencia de género
En una audiencia regional realizada en Guatemala, mujeres sobrevivientes de violencia de género, abogadas y organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los mecanismos internacionales de restitución de niñas y niños siguen operando sin perspectiva de género. Advirtieron que, en muchos casos, las madres que huyen de la violencia doméstica hacia otros países terminan criminalizadas y separadas de sus hijas e hijos.
Dos casos emblemáticos de violencia política contra mujeres en Guatemala —el de la diputada indígena Sonia Gutiérrez y el de la exdiputada y activista Sandra Morán— serán presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia será una oportunidad para visibilizar y denunciar la violencia política contras las mujeres que existe en el país.
Tras casi siete años de búsqueda de justicia, una jueza ligó a proceso penal este 2 de marzo al pastor evangélico Delisio Alberto Ramírez Cifuentes por el femicidio de Paola Azucena Pérez Meza. El caso, ocurrido en 2019, evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para obtener justicia en Guatemala. Mientras el proceso avanza, la familia de la joven revive el dolor de un crimen que estuvo durante años sin responsables.
“En 2025 continuaron los intentos del Ministerio Público por revertir los resultados del proceso electoral de 2023”, señala el informe, que expone la criminalización de autoridades indígenas por el Paro Nacional en Defensa de la Democracia como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc, detenidos entre abril y agosto de 2025.
El asesinato de Berta Cáceres es “el resultado de una operación criminal organizada, planificada y ejecutada”
A una década de su muerte, el informe independiente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sustenta que el crimen de la lideresa ambientalista hondureña fue ejecutado por una estructura en la que participaron sicarios, paramilitares así como personal y directivos de la empresa DESA, además de contar con la omisión del Estado de Honduras al no garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Berta Cáceres.
Después de casi siete años del femicidio de Paola Pérez, una joven trabajadora y estudiante universitaria, el sospechoso de haberla asesinado fue capturado el pasado 1 de febrero a pesar de existir la orden de captura desde 2025. Este lunes 2 de marzo se prevé la audiencia de primera declaración en donde la familia de Paola espera que sea ligado a proceso penal.
Hace unas semanas asistimos a un obsceno ejercicio de prestidigitación.
El patrón que emerge de los más de 3 millones de archivos divulgados del caso Epstein es difícil de ignorar. El exfinanciero estadounidense y delincuente sexual funcionaba como nodo de acceso a espacios de poder, mezclando finanzas, política y relaciones sociales en una trama donde la explotación sexual era sistemática.
Este 12 de febrero se llevaron a cabo las elecciones en el CANG para elegir magistraturas titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). El MP allanó los centros de votación instalados en el Parque Deportivo Erick Barrondo y en el Club La Aurora, donde cometieron abusos y actos intimidatorios contra votantes y la presidenta de la junta directiva del CANG, Patricia Gámez. Sin embargo, su violenta estrategia de humillación para frenar el proceso a su favor no funcionó.
El 9 de febrero, Edith Pacheco de 45 años, bailarina, maestra de danza y madre, fue encontrada fallecida en su vivienda ubicada en la zona 18. Hasta el momento continúan las investigaciones. Aunque no hay capturas, sus amigas, amigos y familiares señalan como sospechoso a su pareja, el actor guatemalteco Daneri Gudiel, conocido por interpretar a “Pepino” en la película guatemalteca “Puro Mula”.
En la aldea El Cohetero, Buena Vista, Jutiapa, hay una madre que espera a su hija que no volverá. Claudia Azucena Muñoz Ramos, de 28 años, es la agente de la PNC asesinada en los ataques del 18 de enero de 2026, en Villa Nueva. También la ansía su hijo, de cuatro años, para quien ella trabajaba antes de que pandilleros del Barrio 18 le arrancaran la vida.
En los últimos meses han salido a la luz casos de tráfico de niños y niñas con fines de explotación sexual. Los archivos de Jeffrey Epstein, el delincuente sexual estadounidense y traficante de menores de edad, expuso a una red de pedófilos que incluye a personajes de la vida política, artística, médica, religiosa, miembros de la realeza y económica del mundo. La reciente noticia de un niño de cinco años, víctima de violación sexual por diez hombres bajo sumisión química en Francia, con el consentimiento de su padre, son casos estremecedores. ¿Qué le espera a las infancias en un mundo donde la pedofilia se ha desplazado en masa?
"Levanten la mano las secuestradas", es una frase cuya narrativa expone la normalización de la violencia y cómo la impunidad impera todavía en la única universidad estatal de Guatemala frente a actividades de bienvenida mal llamadas “bautizos”, a pesar de estar prohibidas desde hace siete años. Ruda tuvo acceso a la narración de los hechos ocurridos el jueves 22 de enero cuando se denunció la desaparición de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC.
El 30 de enero fue la última vez que los vecinos vieron a Aurelia y sus hijos Niurka y Anthony, en el condado de Mobile, Alabama, Estados Unidos. El sheriff confirmó que la guatemalteca y su hija de 17 años tenían órdenes de deportación. Mientras, Anthony, de 2 años, es ciudadano estadounidense.