La extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, cumplió 107 días en prisión cuando fue escuchada por el juez Sergio Mena en su audiencia de etapa intermedia. El juez dictó enviarla a juicio por el delito de incumplimiento de deberes luego de 10 horas de audiencia. La medida sustitutiva de arresto domiciliario le fue negada y se ordenó trasladarla del Centro de Prisión Preventiva Mariscal Zavala a la Cárcel de Matamoros. La prisión de Virginia ha sido calificada por psicólogas como una tortura, y ahora continuará en el área de mujeres de Matamoros a donde fue trasladada desde el 8 de junio.
Las cuestionadas acciones que ha realizado el Ministerio Público (MP) en contra de operadores de justicia, periodistas, defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio y estudiantes universitarias ahora también han escalado hasta el Congreso de la República, al solicitar el retiro de antejuicio a la diputada Ligia Hernández, jefa de bloque de Semilla. La solicitud de retirar el antejuicio está acompañada de una denuncia por abuso de autoridad, que según la Bancada Semilla, fue trasladada dos días después que se oficializó la reelección de Porras.
La antropóloga kaqchikel Aura Cumes presentó un amicus curiae titulado “¿Qué significa la identidad nacional para los pueblos mayas?”, para incluir en la defensa de Nanci Sinto, acusada de depredación de bienes culturales, con el análisis se busca dar elementos que ayuden a la jueza a tomar una decisión informada. En el documento se analizan las categorías de identidad nacional y patrimonio cultural sobre las cuales se ha criminalizado a Nanci Sinto considerando al edificio del Congreso como “parte de la identidad nacional”.
Un denominador común en la mayoría de anécdotas de partos en Guatemala es la opresión a la capacidad de decisión respecto al procedimiento médico a tomar. Algunas mujeres relatan violencias por parte de profesionales de salud; otras lamentan las cesáreas innecesarias practicadas a fin de apresurar la labor de parto.
Una joven que fue estudiante de la Universidad Regional de Guatemala en una de las sedes del departamento de Guatemala, ha decidido hablar del acoso que vivió por casi cuatro años sin que el coordinador y el rector hicieran algo al respecto. En este testimonio cuenta lo que sucede cuando se entregan tareas, se asisten a clases pero no aparecen los punteos en sus cuadros de notas, sino que son trasladados a otras estudiantes; o cuando los catedráticos se niegan a enviar a la estudiante los trabajos que se deben realizar.
Cuando el feminismo habla que no hay lugares seguros para las mujeres, niñas y adolescentes, este análisis se comprueba con los testimonios y denuncias de mujeres. Un ejemplo es el fenómeno internacional #MeToo que generó e influyó en diversos países, como en Guatemala, promoviendo la discusión y la posibilidad que las mujeres alzaran la voz y rompieran el silencio en redes sociales, medios de comunicación y páginas de Internet para hablar sobre la violencia y acoso que enfrentaron por parte de hombres; figuras públicas del arte, la política y funcionarios del Estado.
Después de dos años sin llevarse a cabo el Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género en Guatemala por la pandemia de COVID-19, este regresará a las calles el 25 de junio de 2022 para continuar exigiendo sus derechos. El desfile está planificado por un comité organizador que incluye a 24 organizaciones LGBTIQ+ de Guatemala.
Según el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP), entre 2019 y 2021 se han desestimado 24,104 denuncias de Violencia Contra la Mujer (VCM) en su manifestación psicológica, económica, física y sexual.
Con más de 2 años de audiencias canceladas sin ningún motivo, ligada a proceso y con arraigo, privada de su libertad y presa en su propia casa, la defensora del territorio María Choc lleva desde el 2018 un caso de tortura por parte del sistema de justicia guatemalteco.
Entre el 2021 y los últimos meses de 2022, según datos de las Clínicas de Violencia Sexual de los Hospitales del Sistema Nacional de Salud, 5 mil 724 niñas, niños y adolescentes han sido atendidos por agresión sexual. De ellos, solo 153 casos se han registrado en el Ministerio Público (MP). Esta información dada a conocer por la diputada Andrea Villagrán revela la falta de seguimiento y justicia para la niñez y juventud.
Si eres de las personas que no se comunica con su madre, cada vez que intentas tener una conversación peleas, o sencillamente no te llevas bien con ella, distintas disciplinas explican cómo es posible mejorar la relación con tu mamá y cuáles son las posibles razones de esa mala relación.
Juana Alonzo llega libre a Guatemala; en México estuvo detenida siete años, sin pruebas en su contra
Juana Alonzo Santizo llegó a Guatemala este domingo 22 de mayo, procedente de México. Entre lágrimas y abrazos se reencontró con su familia y organizaciones que lucharon por su libertad, siete años después desde que salió de su lugar de origen. En 2014 quedó en prisión preventiva en una cárcel de Reynosa, Tamaulipas, sin que la justicia mexicana declarara su culpabilidad o inocencia. Fue acusada de secuestro por la Policía Estatal, un delito que nunca cometió, según dijo.
Entre el sonido de bocinas de carros, peatones y fachadas de casas del Centro Histórico, se encuentra en la banqueta del parque San Sebastián Elvia Méndez y su carreta de comida, justo en un pequeño espacio de medio metro cuadrado. Ella tiene más de 10 años trabajando en las calles como vendedora. Su historia, junto a la de dos mujeres vendedoras en el mismo parque, es una imagen del rostro femenino que tiene el empleo informal en Guatemala.
“Una identidad de género diferente no significa que no podamos tener el derecho a una vida plena y sin violencia”, dice Mónica Estefanía Chub y ella sabe de qué habla: es la única persona trans de su comunidad en Chimaltenango, Guatemala. Marcha por el orgullo, milita desde los espacios que le dan aire a la intersección de las batallas diversas, feministas, indígenas y populares y destaca la importancia que tuvo su madre en la construcción de su plena identidad.
Liberan en México a la guatemalteca Juana Alonzo, de origen Chuj; puede regresar con su familia tras permanecer en prisión desde el 2014
El caso de Juana no es aislado, en México se violan de forma generalizada los derechos humanos de las personas migrantes y existe un patrón de acusaciones penales “fabricadas”, basadas en estigmas y prejuicios en su contra promotores de la Liberación Migrante.
Una multitudinaria manifestación pacífica se dio este viernes 20 de mayo con la presencia de estudiantes, docentes y autoridades indígenas de Palin, Escuintla, en la denominada “Marcha por la Dignidad y Autonomía”, en rechazo a la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac) en una elección que ha sido calificada de fraudulenta e ilegal por la comunidad sancarlista.
La caravana feminista, organizada por la Red Nacional de Defensoras de Derecho Humanos, partió este 19 de mayo para alzar la voz y brindar apoyo a la comunidad garífuna. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) desde hace cuatro décadas ha defendido la tierra y los territorios, porque para ellas es importante la presencia de la cultura e identidad garífuna.
Las autoridades indígenas Ch’orti, K’iche’, Xinca y Poqoman realizaron una marcha pacífica este jueves 19 para manifestar su rechazo a tres hechos: la iniciativa 5923 “Ley de Rescate del Patrimonio Prehispánico”, la reelección de Consuelo Porras como fiscal general y el fraude en la elección a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Adela Choc Cruz, del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ estuvo secuestrada junto con su hija, Sandra Tec Choc, en la casa de Mario Antonio Caal Pec y su familia en la comunidad Chichipate en El Estor, Izabal, quienes la acusaban de “bruja”, un concepto que se usaba en la Edad Media para quemar y asesinar a mujeres sabias. En estos días parece aún ser usado para criminalizar a guías espirituales mayas. Ella fue rescatada por la Policía Nacional Civil luego de que algunas personas de la comunidad dieran el llamado de alerta, la Procuraduría de Derechos Humanos y un juez de paz intervinieron para evitar lo peor.