El rechazo generalizado de la población hacia el presupuesto aprobado por 115 diputados se ha manifestado desde las calles hasta las acciones legales. Este viernes 20 de octubre la Alianza de Autoridades Ancestrales y la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- con el apoyo del Bufete de Pueblos Indígenas presentaron una acción de amparo contra el Congreso de la República.
La participación ciudadana en una democracia se relaciona con la posibilidad de saber lo que ocurre en las instituciones estatales. Presupuestos, estadísticas, informes y un sinfín de datos son recursos que, por derecho, toda la ciudadanía puede conocer.
Tres presidentas de la Academia de Lenguas Mayas han denunciado que, ante sus posturas críticas sobre anomalías en la institución, han sufrido una serie de agresiones verbales, amenazas y actitudes misóginas por parte de una mayoría de los presidentes de comunidades lingüísticas. Calificativos como “mujer muy exigente”, “prepotente” y la desacreditación a sus propuestas dentro del Consejo, así como anomalías en las actas de las sesiones, han sido denunciadas por las presidentas de las comunidades lingüísticas achí, q’anjob’al y poqomam.
El derecho a una vida libre de violencia para las mujeres está lejos de cumplirse en Guatemala. Desde los presupuestos se puede visualizar qué tanto un Estado prioriza la atención para las mujeres y las niñas, una demanda que las organizaciones encargadas de administrar los Centros de Apoyo Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia –CAIMUS- en las localidades de Chimaltenango, Chiquimula, Petén, San Juan Sacatepéquez, Sololá y Quetzaltenango han planteado desde el 2018.
La llegada del huracán Eta a Guatemala, sin planes de prevención gubernamentales y bajo años de degradación ambiental por el desvío de ríos por hidroeléctricas y los monocultivos, dejó grandes desastres para comunidades completas. Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango se identificaron como los departamentos más afectados por la ausencia del Estado, ante la cual la población se organizó para atender a las personas más afectadas desde el 10 de octubre.
Hoy, 6 de noviembre, se cumple un mes del día en que fue encontrado el cuerpo de Litzy Amelia Cordón sin vida, después de haber sido secuestrada el 5 de octubre en Teculután, Zacapa. El secuestro y asesinato de Litzy ha causado repudio e indignación en todo el país, sobre todo para su familia que le extraña y aún busca justicia, y para las mujeres, madres, estudiantes, niñas, jóvenes, y trabajadoras de Teculután, quienes ya no salen con tranquilidad. “La gente no sale, Teculután no es lo mismo. Las muchachas tienen miedo”, cuenta una familiar de la joven.
Por: Ana Cecilia Paiz Fuentes
Por: Norma Sancir
Hoy en Guatemala fueron capturados 4 integrantes de una familia quienes abusaron sexualmente de una niña de 12 años, con discapacidad psicosocial; un hombre de 69 años sindicado por violación desde 2008; un hombre de 44 años por agresión sexual y uno de 25 años, también por violación.
Sonia Gutiérrez Raguay: “la política la tenemos que hacer de manera distinta y yo no voy a compararme con lo que hacen los hombres”
Sonia Gutiérrez Raguay de 38 años, maya poqomam originaria de Palín, Escuintla, hija de María Patrocinia Raguay Hernández y José Atanacio Gutiérrez López. Es licenciada en ciencias jurídicas y sociales, abogada y notaria, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Actualmente, estudia una maestría en derechos humanos en la Universidad Rafael Landívar (URL). Menciona que desde que entró a la universidad, tenía dos orientaciones de carrera, la que eligió y trabajo social, pues siempre se ha interesado en lo social y humanista.
Las expectativas sobre la nueva magistrada estadounidense Amy Coney Barrett contra los derechos de las mujeres
La Corte Suprema de Estados Unidos se ha caracterizado por las tensiones entre posturas consideradas liberales y conservadoras. Con la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre, su paso por la corte fue conmemorado por diversas personalidades de la política estadounidense por sus luchas por la igualdad de género y particularmente su voto decisivo en la sentencia que ilegalizó la prohibición del aborto a nivel nacional.
Ana Andrea Pop Hidalgo fue una niña de 16 años de edad que fue captada en la aldea Chioya, Alta Verapaz, su lugar de origen. La trasladaron por medio de engaños hasta la Ciudad de Guatemala para ser explotada sexualmente en un hotel de la zona 4. Fue rescatada un año después y albergada en el Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras de El Refugio de la Niñez, luego fue reintegrada con su familia. El 18 de octubre de 2020 fue encontrado su cuerpo en la ruta que conducía hacia su municipio, San Juan Chamelco. Diversas organizaciones de mujeres se manifestaron el 24 de octubre en la Concha Acústica de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, exigiendo justicia por el asesinato de Ana Andrea.
Desde marzo del presente año he vivido muchas “primeras veces”: ver desde lo alto de un edificio las calles desiertas casi sin sonido luego del toque de queda. Observar, en ese mismo instante, cómo los pájaros en una especie de rebeldía y pérdida del miedo se apropiaban del espacio urbano sin humanos presentes.
“No son 30 pesos, son 30 años” se decía en los ciclos de protesta que caracterizaron los últimos meses del 2019 y primeros del 2020 en Chile. Las estudiantes de educación media habían rechazado el aumento de 30 pesos al pasaje del metro, y se manifestaron llamando a una “evasión masiva». La fuerte represión hacia las juventudes dentro de las estaciones de metro, la suspensión del servicio y la indignación acumulada movilizaron a la población que desde el 18 de octubre salió a las calles denunciando a toda una historia de políticas económicas de privatización. Las pensiones indignas, el alto costo de la educación, la desigualdad, una constitución impuesta en la dictadura de Pinochet, develaron la realidad de un país que se consideraba ejemplo de riqueza y estabilidad. Entre la exigencia de la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la reelaboración de la constitución, se logró acordar la realización de una convención constituyente para la redacción de una nueva carta magna.
La elección para jueces y magistrados de las Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cámara de apelaciones se ha ido posponiendo desde junio de 2020. Ante los allanamientos que vinculaban a ciertos candidatos a magistrados en reuniones de negociación con Gustavo Alejos, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó que tales personas se excluyeran de la elección.
